Ricardo Beltran Flores

Expediente 636/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
636/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Beltran Flores
  • MIGUEL UZETA ESPINOZA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: "Cuernavaca, Morelos, diez de junio de dos mil veintiuno. Vistos los autos, se advierte que la autoridad responsable informó la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con lo que se dio vista al quejoso, tercero interesada y representante especial de los menores por el plazo de tres días, la cual desahogaron únicamente el quejoso y la tercero interesada mediante escritos recibidos el dieciocho de mayo del año en curso y registrados con folios 6712 y 6715, respectivamente. Luego, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en las constancias que obran en autos respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese contexto, es pertinente precisar que en sentencia engrosada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, concedió la protección de la Justicia de la Unión a ***** por propio derecho y en representación de los menores de iniciales *****, para los siguientes efectos: "Deje insubsistente la resolución dictada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca *****, que otorgó la guarda y custodia compartida de los menores ******, a favor de sus progenitores. En su lugar dicte una nueva en la que funde y motive su determinación, tomando en consideración la totalidad de los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en la familia de los infantes, así como las necesidades de atención, cariño, alimentación, educación y ayuda escolar, entre otros, que se pueden advertir del cúmulo probatorio que integra el juicio en cita. En la inteligencia, de que si determina que la guarda y custodia de los menores sea compartida, deberá fundar y motivar debidamente con cuál de sus progenitores cohabitarán la mayor parte del tiempo, tomando en consideración los tópicos destacados en esta determinación." Inconforme con la anterior determinación, la tercero interesada interpuso recurso de revisión, mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, autoridad que en sesión de quince de junio de dos mil veinte confirmó la resolución dictada por el referido juzgado auxiliar. Por tanto, en acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte este juzgado de Distrito recibió los autos y requirió el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio recibido el cinco de octubre de dos mil veinte y registrado con folio 10109, la Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado remitió copia certificada del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se dejó insubsistente la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciocho dictada en el toca civil *****, además, se ordenó recabar el expediente civil ***** relativo a la guarda y custodia de los menores de iniciales *****, a fin de dictar la resolución respectiva. Posteriormente, mediante oficio recibido el veintiséis de octubre de dos mil veinte y registrado con folio 11236, la sala responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte en el que requirió a los padres de los menores quejosos que informaran en qué escuela estudiaban los menores, si tenían clases o actividades extras, así como la fuente y el horario de trabajo de ellos, a fin de dictar la interlocutoria correspondiente. Luego, mediante oficio recibido el veinte de noviembre de dos mil veinte y registrado con folio 12752, la autoridad responsable informó que recibió los informes solicitados por lo que ordenó enviar oficios a diversas instituciones educativas, una escuela de música, un gimnasio, una institución bancaria, entre otros; ello para conocer las actividades de los menores quejosos. En consecuencia, a través de los oficios recibidos el ocho de diciembre de dos mil veinte, cinco de marzo y siete de abril de dos mil veintiuno, registrados con folios 13782, 1987 y 4212, remitió copia certificada de los medios probatorios desahogados, además, solicitó prórroga para dictar la resolución que diera cumplimiento al fallo protector, la cual otorgó este juzgado de Distrito en acuerdo de ocho de abril del año en curso. Anexa al oficio recibido el siete de mayo del año que transcurre y registrado con folio 6111, la sala responsable remitió copia certificada de la resolución emitida el cuatro de dicho mes y año dictada en el toca civil *****, relativo a la guarda y custodia de los menores de iniciales *****, de la que se advierte, en lo que interesa, que revocó la interlocutoria emitida el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis por el Juzgado Octavo Civil de Primera instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, y en su lugar declaró improcedente el incidente de reclamación promovido por ******. Lo que antecede, después de considerar el estado mental y psicológico de los padres, así como los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en el entorno de los menores quejosos, así como sus necesidades de cariño, atención, alimentación, educación y ayuda escolar. Asimismo, valoró el tiempo que cada uno de los progenitores tienen para los menores en atención a sus días y horarios laborales. Se afirma lo que antecede ya que en la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte que la autoridad responsable: 1. Concluyó que en su momento ambos padres han incurrido en un incumplimiento reiterado a un mandato judicial, es decir, han impedido la convivencia de los menores de edad con el progenitor no custodio. 2. Valoró los dictámenes periciales en materia de psicología y psiquiatría realizados a ***** y *****, y determinó que ninguno presenta alguna patología mental ni alteración en la psique, por lo no ponen en riesgo o peligro inminente el sano desarrollo de sus hijos. No obstante, destacó que cuando los menores de iniciales ******, están con su padre, quienes materialmente están al cuidado de ellos son sus abuelos paternos, lo cual advirtió con base en lo informado por los expertos en psicología y psiquiatría, así como por el hecho de que a las once convivencias a las que ***** estaba obligado a presentar a sus dos hijos, fue su padre -abuelo paterno- quien lo hizo. 3. Desahogó y valoró los medios probatorios consistentes en informes a cargo de la escuela en donde estudian los menores quejosos, del gimnasio y la escuela de música a la que acuden, así como de la fuente de trabajo de *****, y concluyó, que ******* cuenta con mayor tiempo de cuidado y atención personalizada para los menores de edad, primero, porque estudian en el colegio donde ella labora y, segundo, porque logró cubrir las actividades extras de los infantes -gimnasia olímpica, natación, música-; las cuales no se empalman con su horario laboral como sí sucede con ***** ya que labora de nueve a diecinueve horas de lunes a viernes. Como se ve, la autoridad responsable cumplió el fallo protector ya que fundó y motivó su determinación emitida en el incidente de reclamación ******, relativo a la guarda y custodia de los menores de edad de iniciales ******, pues valoró no solamente las pruebas relativas al estado mental y psicológico de los padres, sino que desahogó diversos medios probatorios a fin de establecer los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales del entorno de los menores, así como el tiempo disponible de cada padre para convivir con ellos y auxiliarlos en sus necesidades; así se advierte de la lectura de la referida resolución en la que en diferentes momentos se apoya en el material probatorio, lo valora y justifica; acciones con las que restituyó a los quejosos en el pleno goce del derecho violado. Por lo expuesto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida ya que, como se apuntó, se restituyó a **** por propio derecho y en representación de los menores de iniciales **** en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento al fallo protector. No obsta a lo anteriormente determinado, el hecho de que mediante escrito recibido el dieciocho de mayo del año en curso, el quejoso haya manifestado que la autoridad responsable no acató la sentencia de amparo porque volvió a transcribir la sentencia reclamada, así como su falta de valoración respecto a la totalidad de los medios probatorios que obran en autos y las necesidades de atención, cariño, educación y ayuda con sus actividades escolares de los menores; lo anterior, debido a que, contrario a lo manifestado por ******, la sala responsable sí consideró y valoró la totalidad de los medios probatorios que obran en autos para determinar que ****** cuenta con mayor tiempo para el cuidado y atención personalizada de los menores, principalmente porque labora en el colegio en el cual estudian los citados menores, además, porque cubre las diversas actividades en las cuales se encuentran inscritos (gimnasia olímpica, natación y piano); consideraciones de la responsable que se encuentran dentro de su plenitud de jurisdicción. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, con fundamento en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 3°, fracciones VII, XIV y XX, 12, 14, 18, fracción I, b), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena archivar, como asunto concluido, el expediente judicial en que se actúa, el cual por tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, carecer de valor jurídico o histórico y no considerarse de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido, es susceptible de depuración. No obstante, debido a que el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa se formó por duplicado, y el original ya obra agregado en autos, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo General, se ordena la destrucción del duplicado de dicha pieza incidental. Asimismo, con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General, se hace saber a las partes que quedan a su disposición por un plazo de noventa días, los documentos originales que, en su caso, hayan presentado ante este órgano jurisdiccional; lo anterior, con el apercibimiento que de no presentarse debidamente identificados a recogerlos, estos serán agregados al expediente y llegado el momento podrán ser destruidos. Asimismo, se les indica que la devolución se realizará en días hábiles y en el horario comprendido de diez a catorce horas. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.."

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se provee como sigue: Fórmese expediente, regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que los quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, y que reclaman la orden de traslado del lugar de su reclusión a diversos centros federales del país; de lo que se deduce que de conformidad con lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, le corresponde conocer del presente juicio de amparo a un juez de distrito en dicha jurisdicción. Lo anterior, se obtiene, que los promoventes señalan como domicilio el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, y señalan como autoridad responsable al Director de dicho centro federal, aunado a que el sobre con el que fue remitido el escrito de demanda tiene como dirección de remitente el del referido centro de reclusión, datos que en conjunto permiten concluir que tales quejosos se encuentran internos en tal centro penitenciario. En esos términos, debe estimarse que de la interpretación armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se colige que es competente para conocer de la presente demanda, el Juez de Distrito en el Estado de Nayarit, con Competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Se arriba la anterior determinación atendiendo a que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal en cita, se desprende la competencia territorial de los jueces de distrito, en tres supuestos: a) Cuando el acto reclamado deba de ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado en la residencia del lugar donde tiene su asiento el órgano jurisdiccional. b) Cuando se trate de actos reclamados que por su ejecución se inicie en la jurisdicción de algunos de ellos o se concluya en otro. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el mencionado centro de reclusión; es decir, es competente el Juez de Distrito en el Estado de Nayarit, con Competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal. Por tanto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo y en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se declara de plano legalmente incompetente para conocer por razón de territorio de la demanda de amparo presentada, por lo que, sin proveer trámite alguno, remítase la misma al Juez de Distrito en el Estado de Nayarit, con Competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en turno, por las razones expuestas con antelación. Solicitando el acuse de recibo respectivo. No se realiza pronunciamiento alguno, en razón de que el acto reclamado no se ubica en las hipótesis a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues si bien se reclama una orden de traslado emitida por autoridades administrativas, la cual afecta la libertad personal del quejoso, la misma fue emitida dentro del procedimiento establecido por la Ley Nacional de Ejecución penal, de allí que no encuadre dentro de los supuestos establecidos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, ello en estricta aplicación de las razones contenidas en los fallos emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las quejas 36/2020 y 46/2020, y en la contradicción tesis 448/2019, todos resueltos con unanimidad de votos, las cuales resultan obligatorias para este juzgado, de conformidad con el párrafo décimo primero del artículo 94 constitucional, reformado mediante decreto publicado el once de marzo de dos mil veintiuno, el cual entró en vigor al día siguiente, las cuales además fueron contenidas en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), con registro 2023063, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]." Toda vez que la parte quejosa se encuentra privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en Tepic, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el del centro de su reclusión para aquellas notificaciones que resulten personales, y en el local de éste órgano jurisdiccional, mediante las listas que se publican en los estrados, en aquellas que correspondan a las de éste tipo, siendo que este acuerdo será notificado por lista, al tratarse de un proveído en el que únicamente se determina la incompetencia legal de éste juzgado, y en virtud de que la obligación de notificar personalmente al quejoso le resulta al juzgado que en su caso resulte competente, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 238328, de rubro "RADICACION DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Notifíquese y cúmplase.

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