RICARDO BARRIOS HERNÁNDEZ y Otros.
Expediente 945/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- RICARDO BARRIOS HERNÁNDEZ y Otros.
- Ricardo Barrios Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Incidental
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del juicio de amparo del juicio de amparo 887/2018 y sus acumulados 922/2018 y 945/2018 del que derivan los incidentes de suspensión en que se actúa, se advierte que en esta fecha se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ordenándose el archivo del referido expediente; por tanto, de igual modo, archívense estos incidente de suspensión como concluidos. ARCHIVO En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que los originales de los incidentes de suspensión son susceptibles de depuración, lo que deberá hacerse constar en la carátula de estos expediente, así como la fecha del presente acuerdo, toda vez que en encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso a) del aludido Acuerdo General, debido a que se concedió la suspensión solicitada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni billetes pendientes de devolver y que carece de relevancia documental. DEPURACIÓN Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones en las que se haya otorgado la suspensión o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además, deberá formularse el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DESTRUCCIÓN DE LOS DUPLICADOS DE LOS INCIDENTES De Igual forma, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General en mención, se decreta que los duplicados de los incidentes carecen de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en las carátulas de los mismos, así como la fecha del presente acuerdo de archivo. Por lo anterior, dicho expediente judicial es susceptible de destrucción, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente Incidente de suspensión derivado del juicio de Amparo 887/2018 y sus acumulados 922/2018 y 945/2018 destruido, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020 y 37/2020 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Incidental
Xalapa de Enríquez, Veracruz, cinco de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en la congregación de Pacho Viejo, Veracruz, a través del cual informa que por resolución de uno de junio de dos mil diecinueve, dictada en el proceso penal 174/2016 de su índice, determinó calificar como legal la excepción al traslado voluntario de los imputados (quejosos) Ricardo Barrios Hernández y Luis Alberto Mora Cruz al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, y para tal efecto remite copia autentica de dicha resolución; por tanto, agréguense a los autos para que obren como corresponda y surtan sus efectos legales.
- Incidental
Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Como está ordenado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ***** del índice de este órgano jurisdiccional, agréguense a los autos del presente cuaderno incidental las copias certificadas de los oficios signados por el Juez de Control Interino del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa con residencia en la congregación de Pacho Viejo, Veracruz y el Director General de Prevención y Readaptación Social con sede en esta ciudad. En atención a la copia certificada del oficio suscrito por el Juez responsable se le tiene informando que por auto de veintiocho de mayo del año en curso determinó no convalidar el traslado de los quejosos ***** y ***** del Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente" con residencia en Villa Aldama, ambos en el Estado de Veracruz, ordenado por el Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, argumentando que se encuentran bajo los efectos de la suspensión definitiva otorgada en este incidente; al efecto, remite copia auténtica de diversas constancias. Por otra parte, agréguese la copia certificada del diverso oficio signado por el Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en esta ciudad (quien no es parte en este controvertido), a través del cual informa que mediante resolución administrativa de veintisiete de mayo del año en curso, autorizó el traslado de los quejosos antes mencionados del Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama por los motivos que expone y solicita que este órgano jurisdiccional aclare o precise los efectos de la suspensión definitiva que les fue concedida en estos autos. Al respecto, resulta necesario destacar que el acto reclamado materia de suspensión lo constituye la resolución de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, dentro del proceso penal número ***** de su índice, a través de la cual amplió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en contra de los aquí quejosos por un término de seis meses más. Entonces, por cuanto a dicho acto en resolución interlocutoria de once de octubre de dos mil dieciocho, este órgano de control constitucional concedió la suspensión definitiva para el efecto siguiente: "(.) En atención a lo expuesto, con apoyo en lo previsto por los artículos 128, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto que los quejosos queden a disposición de este Juzgado en el lugar de su reclusión por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez responsable por lo que respecta a la continuación del proceso penal que se les instruye; lo anterior, sin perjuicio de las facultades del Juez de la causa para ordenar su libertad en los casos en que legalmente proceda y bajo su más estricta responsabilidad. La suspensión que se otorga surte efectos hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables el auto que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva este incidente y sin necesidad que los quejosos otorguen garantía alguna, con motivo de los efectos para los cuales se concede. Ahora bien, el artículo 166 de la Ley de Amparo, el cual es de aquellos en los que se sustentó la concesión de la suspensión, dispone: "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128." El precepto legal transcrito determina los efectos de la suspensión cuando se reclaman actos que afecten la libertad de los promoventes y faculta al órgano de control constitucional a tomar medidas para que la parte quejosa no evada la acción de la justicia y quede sometida al proceso penal que se le esté instruyendo, y al mismo tiempo, para que dicte las medidas necesarias con la finalidad que el juicio constitucional no quede sin materia. En ese contexto, se precisa que los efectos de la suspensión definitiva otorgada por este Juzgado consisten únicamente en que los quejosos queden a disposición de este juzgado en lo que respecta a su libertad personal y a disposición del juez de la causa para la continuación del proceso penal que se les instruye. En ese contexto, la citada medida no se contrapone a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra dice: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. La porción normativa antes transcrita contempla como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50 de la propia Ley, la facultad de la autoridad penitenciaria de ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado. La excepción prevista en el numeral en cita se actualiza en los supuestos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Sin embargo, corresponde únicamente al Juez de la causa, como rector del proceso penal, pronunciarse respecto a la legalidad o no del traslado efectuado, en la inteligencia que contra la determinación que adopte al respecto, la autoridad penitenciaria tiene expedito su derecho para interponer el recurso de apelación que contempla el numeral transcrito; de ahí que se itera que la medida suspensional decretada por este Juzgado de Distrito no se opone a lo establecido en el numeral de referencia. En consecuencia, hágase del conocimiento de las autoridades oficiantes que si bien los quejosos ***** e ***** gozan de la suspensión definitiva otorgada mediante resolución interlocutoria de once de octubre de dos mil dieciocho; lo cierto es que en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde al Juez del proceso calificar la legalidad del traslado realizado en términos del citado numeral. NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA En razón que de las constancias exhibidas por las autoridades antes mencionadas, se advierte que los quejosos actualmente se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíqueseles el presente y las subsecuentes determinaciones en dicho centro penitenciario.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable rinde informe justificado en relación con la ampliación de demanda formulada por la parte quejosa y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, atento a su propia y especial naturaleza la documental que anexa, así como el disco de audio y video que con anterioridad había remitido dicha autoridad (foja 226), las cuales deberán relacionarse al tener verificativo la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las partes que el disco aludido queda a su disposición para su consulta en la Secretaría de este juzgado, siempre y cuando comparezcan con los medios tecnológicos necesarios para su reproducción.
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