Ricardo Barrera Acevedo

Expediente 126/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
126/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Barrera Acevedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, este juzgado determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En proveído de veintinueve marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, sin que fuera necesario requerir a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector, en virtud de que ya habían realizado lo propio. Ahora bien, los efectos de la sentencia se hicieron consistir en lo siguiente: ... En auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se proveyó lo conducente respecto del oficio mediante el cual las autoridades responsables remitieron las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. La Secretaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, remitió copia certificada del laudo emitido dentro del expediente laboral *** de su índice. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se advierte que las autoridades responsables dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en la medida de que dictaron el laudo correspondiente. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: .. También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: ... ARCHIVO. En virtud de lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...

  2. Principal

    Vista la cuenta, toda vez que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión en contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO. En ese sentido, se levanta la reserva decretada en auto inmediato anterior y al efecto se tiene al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, remitiendo copias certificadas de las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito y sus anexos, a fin de que en el término de tres días hábiles contando a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente...iv np

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, y anexos que lo acompañan, en cumplimiento a la sentencia dictada en autos, sin embargo, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto transcurra el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas estén en aptitud de interponer recurso de revisión contra dicha sentencia...IV IRZ

  4. Principal

    Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo, al informe justificado rendido por las autoridades responsables y a las demás constancias que obran en el expediente. A lo que la Juez acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En el periodo de pruebas. El Secretario da cuenta con las documentales que remitieron las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado. A lo que la Juez acuerda. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de cuenta, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de Amparo. No habiendo más que agregar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos. El Secretario hace constar que las partes se abstuvieron de formularlos. A lo que la Juez acuerda. Téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos; con lo cual se declara cerrado dicho periodo. Encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 126/2019-VI, promovido por ******** , por propio derecho, contra actos de la Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito recibido el treinta de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Estado, y turnado a este Juzgado Federal el mismo día, ************* , por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y las autoridades que más adelante se precisarán. II. La parte peticionaria de amparo narró los antecedentes del acto reclamado; invocó los preceptos constitucionales que consideró trasgredidos; señaló tercero interesado, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. III. Por auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo de mérito, registrándose el expediente con el progresivo 126/2019-IV en el Libro de Gobierno; y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. IV. Mediante proveído de once de febrero de dos mil diecinueve, una vez que se desahogó la prevención formulada en auto previo, se admitió la demanda, y se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; previo trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional. Satisfechas las exigencias legales en la integración y tramitación del presente asunto, la audiencia constitucional relativa tuvo lugar en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1 fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley reglamentaria invocada: 48, 55 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste último en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad y sede en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común; lo anterior, en virtud de que se reclama la omisión de las autoridades responsables de dictar laudo en el juicio de origen, el que se verificó dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, se tienen como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: 1. Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro; y, 2. Presidenta Auxiliar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Acto reclamado: La omisión de cerrar instrucción y dictar el laudo correspondiente dentro del procedimiento laboral ****************** de su índice. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro y a la Presidenta Auxiliar de dicho Tribunal, pues así lo manifestaron expresamente al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las constancias las autoridades responsables remitieron en alcance a su informe de ley, deducidas del expediente laboral de origen, a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde al ordinal 2º de esta última legislación, toda vez que se trata de reproducciones fotostáticas de documentos públicos, expedidos por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1002815, visible en la página 830, Tomo ll, Materia Común, del Apéndice 1917-Septiembre de 2011, Quinta Época. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". También cobra sustento, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Este órgano jurisdiccional no advierte de oficio la existencia de alguna causa de improcedencia en el presente asunto, ni las partes la hacen valer; por ende, procede el análisis de fondo de la cuestión planteada, para determinar si se niega o concede el amparo a la parte quejosa. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Toda vez que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni tampoco las invocaron las demás partes, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, y por no exigir la ley su transcripción. Bajo esa tesitura, es fundado el motivo de disenso que expone la parte quejosa, y suficiente para concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ya que las responsables han inobservado la garantía de debido proceso legal consagrada por el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho precepto constitucional, en lo conducente establece: "Artículo. 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del artículo reproducido derivan las siguientes premisas, en relación con el derecho tutelado, a saber: 1) El precepto superior garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. 2) Entre ellos se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión. 3) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. 4) Esos plazos y términos, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionen la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, pues los requisitos o presupuestos procesales son prerrogativas en el ejercicio eficaz del derecho fundamental de defensa. En otras palabras, el derecho fundamental en estudio se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Ahora, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, necesariamente debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos judiciales, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que los plazos y términos procesales lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Por su parte, el artículo 172, fracción VI, de Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece lo siguiente: "Artículo 172. Agotada la fase de demanda y excepciones, se pasará a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual se desarrollará de la forma siguiente: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos que se hayan controvertido. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte, a su vez el actor podrá objetar las ofrecidas por el demandado; II. Las partes podrán ofrecer pruebas siempre y cuando se relacionen con las objeciones a las pruebas ofrecidas por la contraparte, siempre y cuando se trate de pruebas impugnadas por la contraria o bien se trate sobre hechos supervenientes; III. Las partes podrán ofrecer como medios de prueba todos aquellos que sean idóneos para acreditar los hechos que se hayan controvertido, en especial los siguientes: a) Confesional; b) Documental; c) Testimonial; d) Pericial; e) Inspección; f) La de informes que deberá cubrir los mismos requisitos que la inspección; g) Instrumental de actuaciones; y h) Todos aquellos medios aportados por la ciencia y la tecnología. Para el efecto del ofrecimiento y admisión de las pruebas, se considerarán las reglas que establece la Ley Federal de Trabajo. IV. Concluido el ofrecimiento, el Tribunal resolverá sobre la admisión de las pruebas o reservarse sobre estas, y sobre las que se admitan y así lo ameriten se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, dictando las medidas y apercibimientos necesarios; V. Se desahogarán primero las pruebas ofrecidas por el actor, inmediatamente después las ofrecidas por el demandado; y VI. Formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el presidente Auxiliar de oficio, declarará cerrada la instrucción, remitirá los autos al proyectista quien formulará por escrito el proyecto de resolución. Cuando el oferente no pudiera aportar directamente alguna prueba, señalará el lugar en que pueda obtenerse, a efecto de que en su caso sea requerida por el Tribunal." Como se advierte de los artículos antes transcritos, la Carta Magna establece que los Tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes; por su parte la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que una vez agotada la fase de demanda y excepciones se pasará a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas; concluida dicha etapa, el Tribunal resolverá sobre la admisión o reserva de éstas, sobre las que se admitan y así lo ameriten se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de su desahogo, dictando las medidas y apercibimientos necesarios; se desahogarán primero las pruebas ofrecidas por el actor, inmediatamente después las ofrecidas por el demandado; y una vez formulados los alegatos de las partes, previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el presidente Auxiliar de oficio, declarará cerrada la instrucción, remitirá los autos al proyectista quien formulará por escrito el proyecto de resolución. Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo vigente, la cual es supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en sus artículos 885, 886, 887 y 889 disponen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." De los artículos anteriores se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas en el juicio laboral y formulados los alegatos, se declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes se formulará el proyecto del laudo, del cual se entregara copia a cada uno de los integrantes de la Junta para que dentro de los cinco días siguientes al haberlo recibido podrán solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo, transcurrido dicho término el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. Como puede observarse, las disposiciones legales, estipulan un término para abrir la fase de alegatos, ordenar el cierre de instrucción y dictar el laudo correspondiente; sin embargo, las autoridades responsables han incumplido con lo establecido en los preceptos citados con antelación, toda vez que ha transcurrido en exceso el término que le impone la ley para realizar lo propio, esto es, proceder a la etapa de alegatos, cerrar instrucción y emitir el laudo correspondiente dentro del expediente de origen. Lo anterior se afirma ya que de las constancias que remitieron las autoridades responsables junto con su informe justificado, se advierte que dentro de los autos del expediente laboral ********** , han dilatado abrir el periodo de alegatos y, en vía de consecuencia, el auto que declara cerrada la instrucción, así como el dictado del laudo en el expediente laboral; ello es así pues desde el trece de febrero de dos mil dieciocho, el Tribunal responsable desahogó la última de las probanzas ofrecida por las partes, sin que a la fecha haya procedido a abrir la fase de alegatos, realizar el cierre de instrucción y emitir el proyecto de laudo correspondiente. Esto es así, toda vez que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no existen pruebas por desahogar, el auxiliar de oficio, declarará cerrada la instrucción y turnará el expediente al proyectista para que éste, dentro de los diez días siguientes formule por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo; esto es, ha transcurrido alrededor de un año sin que la responsable se haya procedido a abrir la fase de alegatos, cerrar instrucción y emitir el laudo correspondiente; en esa medida, tal omisión vulnera de manera directa la seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 Constitucional en perjuicio de la solicitante del amparo. Cabe citar por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia 2a./J.33/2019, con número de registro 2019400, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación el uno de marzo de dos mil diecinueve, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 8/2004, con registro 182160, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 226 del Tomo XIX, Febrero de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." En ese contexto, lo que procede es conceder a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos que se indicarán en el considerando siguiente. QUINTO. Efectos de la concesión de amparo. La protección constitucional, se concede para el efecto de que el Tribunal Laboral responsable, de conformidad con los artículos 172, fracción VI, de Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en relación con los diversos 885, 886, 887, 888, 889 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, proceda de inmediato cerrar instrucción dentro del expediente laboral *********** y por ende, dicte el laudo correspondiente dentro del término establecido para tal efecto. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *********** , respecto del acto reclamado a la Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, y otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos puntualizados en el ulterior segmento...IV

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano