Ricardo Backal Gojman
Expediente 851/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2019
Partes del expediente
- Ricardo Backal Gojman
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, que en autos no constan documentos originales y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.
- Principal
Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso el auto de veintitrés de octubre en curso, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Ricardo Backal Gojman, contra un acto de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, actuando en la carpeta de investigación FN/D/UI-D-2-104/2016, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 851/2019. Ahora, se advierte que el justiciable señala como acto reclamado "el hecho de que sin fundamento ni motivo alguno, así como sin que exista el soporte contable, en fecha 18 de octubre del 2019, ordenó la intervención de la autoridad señalada como ejecutora". Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". El artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto que no ocupa, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular, de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, del rubro siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". En ese orden de ideas, es evidente que el acto reclamado de que se trata no causa perjuicio al amparista. Lo anterior es así, ya que la función persecutoria del Ministerio Público, no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, en términos del artículo 21 constitucional, pues interesa a la colectividad que se investiguen los hechos probablemente constitutivos de ilícitos, por lo que es válido afirmar que al no existir un derecho tutelado del gobernado para impugnar actos como el que ahora nos ocupa, no se surte el interés jurídico, ni legítimo, para combatirlo mediante el juicio de amparo, en tanto acorde con el planteamiento de la demanda, la agente del Ministerio Público responsable sólo ordenó como un acto de investigación, la intervención de "Perito Contador", desde luego, a fin que emita el dictamen a que se hace referencia; requerimiento que por sí, no trasciende irreparablemente en la esfera jurídica del justiciable, pues se insiste, es facultad de la mencionada autoridad ministerial realizar los actos de investigación que considere conducentes a fin de integrar la indagatoria de que se trata y, con ello, estar en aptitud de ejercer o no acción penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2601, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, del rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, localizable en la página 2592, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Agosto de 2016,Tomo IV, con el título: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, por autorizadas únicamente para dicho fin, a las personas mencionadas, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes que acrediten que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el precepto 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el diverso 27 de la ley señalada. Por lo que hace a la imposición de autos a través de medios electrónicos, dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, informes de ley, resoluciones o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, como lo solicita, se autoriza hacer uso de los medios referidos única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en este controvertido. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede...".
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
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