Ricardo Ávila del Río
Expediente 1005/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Ricardo Ávila del Río
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
se notifica por lista al promovente:Se agrega a sus antecedentes, el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Ricardo Ávila del Río, en contra del proveído de seis de agosto de dos mil dieciocho; acúsese recibo; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el indicado tribunal resolvió: "ÚNICO. Se declara que resulta infundado el presente recurso de queja número 158/2018 civil, interpuesto por el quejoso Ricardo Ávila del Río, en contra del auto de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Primero de Distrito en la Laguna, en el juicio de amparo indirecto (desechada) expediente número 1005/2018-V, promovido por dicha recurrente, en contra de actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; acuerdo combatido, en el cual se desechó de plano, al estimarla notoriamente improcedente, la demanda de amparo interpuesto por el hoy inconforme". Por tanto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente al promovente y mediante oficio al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Civil y de Trabajo del Octavo Circuito de esta ciudad.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que la superioridad admitió el recurso de queja interpuesto por el promovente... en contra del proveído de seis de agosto de dos mil dieciocho; medio de impugnación que se registró como queja civil 158/2018; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Agréguese como legalmente corresponda el escrito signado por el autorizado del quejoso... mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de seis de agosto de dos mil dieciocho. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja en contra del auto de seis de agosto del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo que motivó el expediente en que se actúa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la nueva Ley de Amparo, en relación con el numeral 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase copia certificada de la demanda de amparo, escrito aclaratorio de esta, así como del auto impugnado, original y copia del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo ríndase informe en el sentido de ser cierto que esta juzgadora emitió el proveído de seis de agosto del presente año, sin embargo, se precisa que el mismo se pronunció apegado a derecho; como así se justifica atendiendo a los motivos y fundamentos plasmados en el mismo, lo que sustenta su legalidad. Notifíquese; mediante oficio al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad.
- Principal
Se notifica por lista al promovente. Visto el escrito signado por Ricardo Ávila del Río, en el cual desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de veinticuatro de julio del año en curso, y aclara su escrito de demanda. Atento a lo anterior, vistos nuevamente la demanda de amparo y escrito aclaratorio de ésta, promovida por Ricardo Ávila del Río, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano la demanda de amparo, el dispositivo en consulta señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Atendiendo al estudio integral de la demanda, es de precisarse que el acto que se combate, es el siguiente: El auto de veintisiete de junio del año en curso, dictado en el juicio ordinario mercantil 214/2013 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se negó a recibir la solicitud de que se declarara la caducidad de instancia, toda vez que se niega la personalidad como miembro de la parte actora. En el caso, esta juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 861 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, y, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". "Artículo 861. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el Juez de Primera Instancia que los dicte, o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, salvo que la ley disponga expresamente que no son recurribles. Los autos y decretos que se dicten en el trámite de segunda instancia, aún aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, pueden ser reconsiderados por el Magistrado del Tribunal Unitario o por el Presidente del Pleno o de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, según corresponda". Según lo dispone la fracción XVIII, del citado numeral 61, de la ley en la materia, para que el juicio de amparo sea procedente, es menester que previamente a su instauración se agoten todos los medios legales de defensa, así como los recursos ordinarios que establezcan las leyes que rijan el acto violatorio de derechos humanos, pues de no hacerlo, habrá sanción para el gobernado promovente de amparo, consistente en el desechamiento de la demanda. En el caso, la promoción de la demanda de amparo pretende revocar la decisión judicial contenida en el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la cual concierne a contestar su solicitud de declarar la caducidad de instancia en el juicio de origen; acto el cual, es recurrible mediante el recurso de reconsideración, previsto por el invocado numeral 861 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila; medio de defensa con que cuenta el quejoso para revocar o modificar el acto que por esta vía pretende combatir. Lo expuesto pone de manifiesto que en la especie no se observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, consistente en que, previa la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan en contra del acto que pretender atacar con la instauración del juicio de amparo; es así, porque previo a instar la acción constitucional el promovente debió promover recurso de reconsideración, el cual se encuentra previsto por el dispositivo 861 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila. Máxime, que el promovente manifiesta tener la calidad de parte actora dentro del juicio de origen; de ahí que, está en posibilidades de hacer valer los medios de defensa previstos por la legislación aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, en vía de orientación, la tesis publicada en la página 307, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, del tomo XIII, febrero de 1994, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de revocación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de revocación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Por ello, es evidente que la presente demanda, es notoriamente improcedente, al tenor de lo dispuesto en los preceptos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, contemplada en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual se encuentra íntimamente ligada al dispositivo 861 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila, por las consideraciones legales expuestas con antelación. Por tanto, en términos del arábigo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No es óbice para resolver en este sentido, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que la causal de improcedencia tiene una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Háganse las anotaciones
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