Ricardo Arnoldo Marquez Quiñonez

Expediente 1616/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1616/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Arnoldo Marquez Quiñonez
  • Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las once horas con veintiséis minutos del catorce de marzo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta con la demanda de derechos, las constancias de emplazamiento a las partes y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y las que la autoridad responsable anexó a su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que no se hicieron manifestaciones al respecto. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Acto seguido, se cierra este periodo, y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ******************** PC-CIVIL; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo El dos de diciembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, recibió el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual, por carecer de competencia legal para resolverlo, anexó el juicio de amparo directo civil 886/2022 de su índice, en el que ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que se precisarán con posterioridad. Turnado que fue el citado juicio de derechos a este órgano jurisdiccional, el seis de diciembre de dos mil veintidós, se aceptó la competencia planteada, se admitió la demanda, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de terceros interesados a Maira Cecilia Corrales Mendoza por su propio y derecho y en representación de las menores T.M.C. y A.M.C. Posteriormente, se señaló hora y fecha, la cual previo diferimiento tuvo lugar en los términos del acta que antecede, la audiencia constitucional. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones II, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello, en virtud que se reclama un acto susceptible de analizarse en amparo indirecto, y este Juzgado es mixto pues no tiene alguna jurisdicción especial, esto es, actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como órgano de control constitucional en todas las materias, incluida la civil que ahora se estudia, al conocer del amparo indirecto en primera instancia; y en específico, se reclama la actuación de una autoridad que ejerce un acto de ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano jurisdiccional tiene jurisdicción. Fijación de la litis De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como la tesis VI/2004 , emitida por el citado Pleno, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda de amparo, incluyendo la narrativa expuesta en los antecedentes de los actos y argumentos expuestos en los conceptos de violación, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: A los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. La determinación de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 120/2022 en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida en el juicio oral de alimentos 605/2019, ordenándose la revocación de esta última para efecto de reponer el procedimiento natural. Existencia del acto reclamado Por cuestión de técnica jurídica, en toda sentencia de amparo, previamente a analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, debe precisarse la existencia o inexistencia de los mismos, tal como lo señala la jurisprudencia XVIII.2°.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así, se precisa que al rendir su informe justificado el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, por lo que para efectos del presente análisis constitucional debe tenerse por cierto. Cuestión que resulta suficiente para acreditar la certeza del acto que se le reclama, en términos de la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, tomo II Procesal Constitucional, submateria 1 Común, primera parte, sexta sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, registro 1,002,815; del rubro y texto que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La consideración anterior, se robustece con las documentales que allegó el magistrado responsable, de las que se advierte la existencia de la determinación reclamada por el quejoso; documentales que son consideradas como elementos de prueba a los que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse de documentos emitidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, en la página ciento cincuenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, tomo VI, materia común, la cual establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". IV. Causa de improcedencia actualizada Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto , ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese contexto, en relación con el acto reclamado, se advierte oficiosamente actualizada la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-, que establecen: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, sostuvo lo siguiente: "De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Así, los argumentos expuestos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Libro 7, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a junio de 2014, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Bajo tales premisas, conviene hacer una breve síntesis de lo actuado en el juicio oral de alimentos 605/2019, y lo resuelto en el toca de apelación 120/2022, al tenor siguiente: Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil diecinueve, Maira Cecilia Corrales Mendoza, por propio derecho y en representación de sus menores hijas T.M.C., A.M.C. y N.M.C. -terceras interesadas-, promovió juicio oral de alimentos en contra de ******************** -quejoso-(fojas 2 a 10 del tomo de pruebas I). De la demanda correspondió conocer al juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, quien la radicó con el expediente 605/2019; y por auto de seis de junio de dos mil diecinueve, entre otras cosas, la admitió a trámite, decretó una pensión provisional del 35% -treinta y cinco por ciento- del sueldo y de todas y cada una de las prestaciones de ley que devengara ******************** -parte impetrante-, y ordenó girar oficio al encargado de recursos humanos de la Comisión Federal de Electricidad, para conocer el sueldo y prestaciones del citado demandado (fojas 19 a 24 del tomo de pruebas I). Por auto de once de julio de dos mil diecinueve se tuvo al demandado formulando su contestación respectiva, por lo que se ordenó dar vista a la parte actora (fojas 106 a 111 del tomo de pruebas I). Desahogadas las pruebas y seguidas las etapas procesales correspondientes, el nueve de marzo de dos mil veintidós se dictó sentencia definitiva, en la que entre otras cosas se condenó al demandado -quejoso en el presente juicio- al pago de una pensión alimenticia definitiva del 25% -veinticinco por ciento- a favor de sus menores hijas (fojas 343 a 363 del tomo de pruebas I). Inconforme con lo anterior las partes en el juicio de origen interpusieron recurso de apelación, correspondiendo conocer al hoy tribunal responsable, quien lo radicó con el toca civil 120/2022, y lo resolvió el nueve de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento, para los efectos siguientes (fojas 38 a 49 del tomo de pruebas II): "(..) - - -SEGUNDO.- Se reponga el procedimiento de primera instancia para que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A).- Recabe todo el material probatorio adecuado y suficiente que le permita conocer la situación de las menores acreedoras de alimentos al momento del incumplimiento del deudor, así como las erogaciones que en la actualidad se hacen por concepto de alimentos en todos y cada uno de los rubros que comprende tal concepto (comida, vivienda, educación, vestimenta, asistencia en caso de enfermedad, recreación, etcétera), para efecto de que, sin dejar de considerar las posibilidades económicas del deudor alimentario esté en condiciones de fijar de manera adecuada la pensión alimenticia reclamada. B).- Solicite informe de nueva cuenta al centro de trabajo de RICARDO ARNOLDO MÁRQUEZ QUIÑÓNEZ, sobre el sueldo que éste percibe en forma mensual en el cual se haga un desglose de las percepciones y deducciones legales y personales, así como también la periodicidad del pago. C) En su momento dicte sentencia donde declare procedente la acción de acuerdo con las consideraciones plasmadas por este Tribunal de apelación al decidir sobre los agravios relativos y pronunciarse posteriormente con libertad de jurisdicción únicamente respecto de la cuantía de la pensión, pero respetando siempre la regla prevista en la fracción I del artículo 521 del Código de Familia para el Estado de Sonora, así como el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 523 del mismo ordenamiento familiar en consulta y el principio "Non Reformatio in Peius"; conforme al cual, no podrá agravarse la situación de las menores de iniciales T.M.C. y A.M.C., con la nueva determinación que se dicte como producto de las investigaciones que se realicen. - - -TERCERO.- En la inteligencia de que en tanto se repone el procedimiento en la forma ordenada, el demandado RICARDO ARNOLDO MÁRQUEZ QUÑÓNEZ deberá seguir proporcionando en favor de sus menores hijas la cantidad que importe el veinticinco por ciento (25%) mensual de sus percepciones que como pensión alimenticia provisional, en los términos que se indicó en el auto de radicación de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, visible a fojas de la diecinueve (19) a la veintitrés (23) del principal; ello considerando que se declaró improcedente la acción que por su propio derecho promovió MAIRA CECILIA CORRALES MENDOZA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (.)" Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Como puede apreciarse en ella se determinó reponer el procedimiento en el expediente 605/2019, para el efecto de que el juez de origen dejara insubsistente la sentencia impugnada y oficiosamente recabara pruebas para conocer la situación de las menores acreedoras de alimentos, y se hiciera un desglose de las percepciones y deducciones legales del quejoso -demandado en el juicio de origen-. En ese sentido, se colige que la resolución reclamada al ordenar la reposición del procedimiento en el juicio natural, sus efectos se traducen en devolver el procedimiento al estado en que se encontraba antes de cometerse la violación que dio lugar a dicha reposición y darle un nuevo curso que se ajuste a las disposiciones legales. Ahora, por regla general el juicio de amparo es improcedente en contra de la resolución que ordena reponer el procedimiento, ya que no puede considerarse como un acto dentro de juicio que tenga una imposible reparación; sin embargo, debe examinarse si las consecuencias de la resolución reclamada son o no de imposible reparación, para de esa manera, resolver si el juicio de amparo indirecto será o no procedente. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para determinar la procedencia del juicio de amparo contra la sentencia de segunda instancia que deja insubsistente la de primer grado y ordena la reposición del procedimiento, debe determinarse si las consecuencias de la insubsistencia del fallo y de la reposición, son o no de imposible reparación, tal como se desprende de la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Cabe precisar que dicho criterio fue reiterado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2015, en la sesión de quince de junio de dos mil dieciséis, en la que esencialmente sostuvo que la sola resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento no puede actualizar por sí misma la improcedencia del juicio de amparo, sino que deben analizarse los efectos concretos y específicos que produce tal reposición, para determinar si efectivamente se actualiza una violación de derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo, tal como se despende de la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva." Ahora bien, dado que ninguna de las jurisprudencias transcritas establece en qué casos podría considerarse que la resolución de segunda instancia actualiza una imposible reparación, debe atenderse a la premisas establecidas la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 63/2003-PS, en la sesión del ocho de septiembre de dos mil cuatro, de la cual emanó la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento." En la jurisprudencia transcrita, se sostuvo la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por quien obtuvo sentencia favorable y se conformó con ésta, en contra la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la de primer grado y ordena reponer el procedimiento, cuando tal determinación constituya un acto procesal de imposible reparación, lo que ocurre en los supuestos siguientes: Que con motivo de la reposición se nulifiquen actuaciones procesales, como el desahogo de pruebas, que para el nuevo curso del juicio podría ser imposible desahogar nuevamente, por ejemplo, ante el fallecimiento de testigos o de personas que tengan que rendir declaración judicial -siempre que se hubieren desahogado-, o que se hubieren destruido documentos respecto de los cuales se tuviera que desahogar algún medio de convicción como su reconocimiento o peritaje sobre éstos. Que tal reposición tenga como consecuencia realizar requerimientos bajo apercibimientos graves como desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. En relación con las hipótesis precisadas, debe destacarse que las cargas procesales para acreditarlas, tiene un origen diverso, pues respecto de la primera, corresponde a la parte interesada en la subsistencia de la sentencia definitiva acreditar la imposibilidad para desahogar nuevamente las pruebas nulificadas con motivo de la reposición del procedimiento; en tanto que la segunda hipótesis, puede desprenderse de constancias, por lo que corresponde al juez de amparo analizarla. En el caso, de la resolución reclamada de nueve de septiembre de dos mil veintidós se advierte que el Tribunal responsable determinó reponer el procedimiento en el juicio oral de alimentos 605/2019, para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia definitiva dictada por el juez primigenio y, oficiosamente, se recabaran diversas pruebas y, en su oportunidad, dictara un nuevo fallo. Lo anterior pone de manifiesto que la ejecución de la resolución reclamada no genera un daño de imposible reparación a la parte quejosa, pues únicamente se repuso el procedimiento para que se recabaran medios de convicción para acreditar la procedencia de una pensión y se dictara una nueva sentencia en el juicio natural. Lo anterior no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues a pesar de que haya ordenado recabar pruebas y dictar una nueva sentencia definitiva, la parte quejosa puede obtener un fallo favorable o, en caso contrario, estará en posibilidad de impugnar la resolución a través del medio ordinario o extraordinario respectivo; de lo que se sigue que ello constituye únicamente una violación de carácter procedimental y no sustantiva. Además, debe destacarse que el Tribunal responsable no resolvió que se dejaran insubsistentes las pruebas ofrecidas durante la substanciación del juicio natural, ni ninguna otra actuación, como podría ser el auto que fijó una pensión alimenticia, sino que únicamente se determinó que debían recabarse de oficio pruebas para justificar la figura de una pensión y dictar un nuevo fallo. Por otra parte, tampoco se advierte que con motivo de la reposición del procedimiento, se haya realizado algún requerimiento a las partes, bajo un apercibimiento grave que impida el ejercicio de sus derechos. En efecto, cabe destacar que el requisito establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia transcrita en líneas anteriores, prevé que con la reposición del procedimiento se imponga un apercibimiento tan grave como desechar la demanda, pues tal sanción incide directa y materialmente en el ejercicio del derecho de acción; lo cual no sucede en el caso, pues la reposición no tiene como efecto -ni siquiera de manera indirecta- que se realice apercibimiento alguno, sino sólo que se recaben pruebas oficiosamente y se dicte una nueva sentencia. En esas condiciones, es claro que la reposición del procedimiento decretada en la sentencia reclamada, no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues como ha quedado precisado, sus efectos no vulneran de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Federal, ni afecta el procedimiento jurisdiccional de origen, pues la nueva sentencia que se dicte aún puede ser favorable a sus intereses, lo que repararía la violación procesal que, en su caso, se le hubiere causado. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la promovente, pues en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio resulte adversa a sus intereses, entonces esa cuestión procesal sería reclamable en el juicio de amparo que se promueva en la vía directa, en contra de la sentencia definitiva -una vez agotado el recurso que en su caso resulte procedente-, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes. No pasa inadvertido que la reposición del procedimiento también implica, en mayor o menor grado, una dilación para resolver el juicio de origen; sin embargo, ello tampoco actualiza la procedencia del juicio de amparo, si se pondera que el fin que se persigue con dicha reposición del procedimiento es la correcta integración de la litis en el juicio natural. Tal aseveración encuentra sustento con lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." No sobra decir que las jurisprudencias invocadas en la presente resolución se emitieron a la luz de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en los que se contemplaba la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que afectan directa y materialmente derechos sustantivos, así como aquéllos que los afecten en grado predominante o superior, siendo que este último concepto desapareció en la ley de la materia vigente; sin embargo, resultan ilustrativas para resolver el presente juicio en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, si se pondera que parten de la premisa de que el juicio de amparo será procedente cuando se reclamen actos de imposible reparación, entendidos como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que tal requisito no se contrapone con los criterios invocados. En las condiciones anotadas se colige que la resolución dictada el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el toca de apelación 120/2022 por el Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, no produce en la parte quejosa una violación material y directa a sus derechos fundamentales, sino en su caso, sólo implica una afectación a derechos adjetivos, en tanto que el retardo en la impartición de justicia que se pudiere generar, por sí solo no actualiza violación alguna al principio de justicia pronta, por lo que tampoco se justifica la procedencia del presente juicio, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada y, por ende, deba sobreseerse en el juicio de amparo. Asimismo, existe una imposibilidad jurídica para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, dado que la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver cuestión de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 981, del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010501, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." V. Decisión En las condiciones anotadas se colige que la resolución reclamada, no produce en la parte quejosa una violación material y directa a sus derechos fundamentales, sino en su caso, sólo implica una afectación a derechos adjetivos, de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados en sentido contrario-, por lo que se impone sobreseer en el juicio de conformidad con lo previsto en el diverso numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio, promovido por ********************, por los motivos expuestos en el considerando IV de esta resolución. Notifíquese por lista a la parte quejosa, tercera interesada, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Visto lo de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte tercero interesada se imponga de las constancias de autos; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con veintiséis minutos del catorce de marzo de dos mil veintitrés, para su celebración. Recepción de comunicación oficial. Glósese a los autos el oficio y anexo remitido por el juez de Primera Instancia de lo Civil y lo Familiar con Competencia Especializada, del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, a través del cual acompaña debidamente diligenciado el despacho 7/2023, con número de orden 27/2023, del índice de este juzgado, mediante el cual se le solicitó el emplazamiento de la parte tercera interesada. Dese de baja de la estadística mensual la referida comunicación oficial, debiéndose realizar las anotaciones correspondientes y acúsese recibo de estilo. Efectivo apercibimiento. Toda vez que el quince de febrero de dos mil veintitrés, se emplazó y notificó a la parte tercera interesada Maira Cecilia Corrales Mendoza, por su propio derecho y en representación de T.M.C. y A.M.C., el contenido del auto de treinta de enero del año en curso, y que a la fecha no han señalado domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y, por ende, las subsecuentes notificaciones, aun aquéllas de carácter personal, se les realizarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, y que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto hagan designación de domicilio con ese propósito. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de enero de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento, folio 1275. Agréguese a los autos el telegrama de cuenta que remite el juez de Primera Instancia de lo Civil y de lo Familiar con competencia especializada del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, mediante el cual en atención al requerimiento de diecinueve de enero del año en curso, informa el estado procesal que guarda el despacho 330/2022. Recepción de comunicación oficial, registro 1304. En ese sentido, glósese a los autos el oficio 83/2023, a través del cual, el juez de Primera Instancia de lo Civil y de lo Familiar, con Competencia Especializada, del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, remite el despacho 330/2022, con número de orden 56/2022, del índice de este juzgado. Dese de baja de la estadística mensual la referida comunicación oficial, debiéndose realizar las anotaciones en el libro cuatro de juzgado de "Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, del análisis del despacho recibido, se observa que mediante aviso asentado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés por la actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y de lo Familiar con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, en la requisitoria 9/2023 de su índice, citó a la aquí parte tercera interesada a fin de que acudiera a dicho órgano jurisdiccional dentro del término de dos días hábiles siguientes a dicha citación, con el apercibimiento que de no acudir en ese plazo, la diligencia se realizaría por medio de listas de acuerdos que se publican en los estrados de ese juzgado. Por lo que el plazo de dos días feneció el veinte de este mes y año, en consecuencia la publicación por lista de estrados debió llevarse a cabo el veintitrés de enero pasado, sin embargo, su publicación se llevó a cabo el veinticuatro de enero anterior. Remisión de despacho. Por tanto, ante la disimilitud advertida en la diligencia de referencia, a fin de evitar irregularidades en el procedimiento y garantizar la tutela de los principios de certeza y seguridad jurídica y eficaz aplicación de justicia, a las partes, que derivan de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, a fin de integrar debidamente la presente secuela procesal, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese de nueva cuenta, atento despacho por mensajería acelerada (Estafeta), con los insertos necesarios, al Juzgado de Primera Instancia de lo Civil y de lo Familiar con Competencia Especializada del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, para que en el auxilio de las labores de este juzgado emplace a la parte tercera interesada, en alguno de los siguientes domicilios. Tercero interesado Domicilio Maira Cecilia Corrales Mendoza, por su propio derecho y en representación de T.M.C. y A.M.C. Calle diecinueve y avenida siete, esquina, a un lado del Kínder Macrina Patiño, colonia Centro, de Guaymas, Sonora. Calle diecinueve y avenida dieciséis, número noventa y uno, interior cinco, colonia Centro, de Guaymas, Sonora. Para lo cual, habrá de hacerle entrega de copia del escrito de demanda y del auto de admisión, asimismo, les haga saber que se encuentran señaladas las nueve horas con dieciséis minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional. Igualmente, las requiera para que en el mismo acto de la notificación respectiva o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos dicha notificación, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fijará en un lugar visible de este juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio del derecho procesal que le asiste de señalar en cualquier etapa de este procedimiento domicilio para tales efectos. Por otra parte, en caso de ser necesario y a fin de evitar dilaciones procesales, se faculta al juez de referencia, para que habilite días y horas inhábiles para que el actuario de su adscripción realice la diligencia encomendada, lo anterior con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por despacho a los terceros interesados de referencia. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos y de la certificación que antecede, se advierte que el despacho 330/2022 girado con el objeto de emplazar a juicio a Maira Cecilia Corrales Mendoza, por su propio derecho y en representación de las menores T.M.C. y A.M.C., por mensajería acelerada denominada "Estafeta", dirigido al juzgado de Primera Instancia Mixto con Competencia Especializada de Guaymas, Sonora, fue recibido el dos de enero de dos mil veintitrés a las diez horas con veintiséis minutos, lo que se desprende de la captura del referido código en la página de internet https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, de la cual, no se tiene noticia de su trámite en este órgano jurisdiccional. En ese sentido, solicítese atentamente al referido órgano jurisdiccional para que, de no existir inconveniente alguno, informe el estado procesal que guarda la comunicación oficial en cita. Notifíquese; y por oficio vía acelerada al órgano jurisdiccional de referencia. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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