Ricardo Arellano López
Expediente 805/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Ricardo Arellano López
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es conservable. Se hace constar que no obran documentos originales ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(VII)
- Principal
Téngase por recibido el oficio 8342 del Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, por el que remite: a) El testimonio de la resolución pronunciada en sesión de veintisiete de abril del presente año, dentro del amparo en revisión civil 1173/2016, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en relación con el amparo en revisión 431/2016, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. b) El expediente 638/2016-IV del índice de este Juzgado. c) Dos cuadernos de pruebas. Hágase del conocimiento de las partes, acúsese el recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. De la ejecutoria de cuenta se desprende que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Antonia Álvarez Gómez y/o Antonia Álvarez viuda de Jiménez, respecto del acto reclamado del Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, consistente en todo lo actuado en el juicio 1756/2006, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto del fallo impugnado. TERCERO. La Justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a Antonia Álvarez Gómez y/o Antonia Álvarez viuda de Jiménez, respecto de los actos reclamados del Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, Encargada de la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial de la citada entidad federativa, y Juez Menor del Decimosexto Partido Judicial, con residencia en Villa Hidalgo, Jalisco, consistentes en la orden y ejecución de desposesión de los bienes, derivadas del juicio 1756/2006, del índice de la autoridad citada en primer término, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese (.)" A su vez, respecto a la protección de la Justicia de la Nación, el Tribunal Colegiado determinó: ".Ante lo fundado de los agravios en estudio, procede modificar la sentencia sujeta a revisión y conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes: Deje insubsistente todo lo actuado derivado de la ejecución de la cláusula décima segunda del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, así como sus consecuencias; y Reitere que no es el juez competente para llevar a cabo lo solicitado por el deudor solidario y liquidador Rogelio Pérez Baltazar respecto de la citada disposición contractual, de conformidad con lo expuesto en esta ejecutoria, y determine que quedan a salvo los derechos de ejecución de aquél para que los haga valer ante la autoridad correspondiente. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Encargada de la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, y al Juez Menor del Decimosexto Partido Judicial, con residencia en Villa Hidalgo, Jalisco, porque dependían de la legalidad del procedimiento de ejecución del convenio celebrado entre las partes en el juicio de origen, cuya inconstitucionalidad se decretó en esta instancia." En virtud de lo anterior. con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, Encargada de la Dirección de Ejecutores del Poder Judicial de la citada entidad federativa, y Juez Menor del Decimosexto Partido Judicial, con residencia en Villa Hidalgo, Jalisco, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se les notifique el presente proveído, den cumplimiento a la sentencia, o bien, informen los actos realizados para ese efecto. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviesen para ello, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en términos del artículo 192, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, y de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de conformidad con el articulo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medica y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero del presente año, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es ... Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido que dichas autoridades ordenadoras jurisdiccionales no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. Devuélvase al Juez Primero de lo Civil del Estado, los anexos que acompañó a su informe justificado y los cuales se formó en tomos por separado. En atención a que la Superioridad determinó modificar la sentencia impugnada y conceder la protección constitucional, remítase copia autorizada de la ejecutoria de cuenta a las autoridades responsable, para los efectos precisados con antelación. Apoya lo anterior, la tesis aislada registrada con el número 2013030, del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el 11 de noviembre de 2016, Libro 36, tomo IV, página 2399, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo." (IV)
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ana María Isabel Morquecho Damasco, a favor de Ricardo Arellano López, contra actos del Juez Municipal en turno adscrito a la Secretaría de Justicia Municipal, con sede en esta ciudad; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 805/2017-VII. - Localización del quejoso y ratificación de demanda - Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo y 126, de la Ley de Amparo; previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado: se constituya en el lugar donde se encuentra recluido el directo quejoso Ricardo Arellano López, y en caso de no localizarlo, deberá buscarlo en los separos de Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, "C4", de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, Centro de Reinserción Social Aguascalientes y Zona Militar. En el supuesto de que el agraviado se encuentre detenido en alguno de los lugares mencionados, y los encargados o custodios se nieguen a ponerlo ante su presencia, o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en los mismos, se deberá apercibir a dichos encargados o custodios que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato de suspensión. En el caso de que el buscado no se encuentre en los citados separos, y se le informe al Actuario que se encuentra en diverso lugar, o él advierta o tenga conocimiento que le indique que se encuentra en sitio distinto; se autoriza a dicho funcionario para que se traslade al lugar que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Una vez que el Actuario localice al directo quejoso deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante legal si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado; igualmente deberá asentar en la razón que levante: El estado general de la integridad física del quejoso; Las condiciones de las instalaciones en que se encuentre privado el quejoso, o donde sea entrevistado por el Actuario; Si observa o tiene conocimiento de actos de tortura física o psicológica o tratos inhumanos sufridos por el quejoso, cuestionando sobre ello al afectado, así como respecto a cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular. -Suspensión de plano- En términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. Ataques a la libertad fuera de procedimiento. Si la detención de la parte quejosa, es efectuada por alguna autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público: para el efecto de que sin demora cese la detención y se ponga al peticionario de amparo en libertad. Salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede: para que la parte agraviada quede a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. 3. Afectación de la libertad personal por orden del Ministerio Público. Si el directo quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede: para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En caso distinto a los anteriores y en el supuesto de que la detención del quejoso haya obedecido por caso urgente, se concede la suspensión para que el quejoso sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. - Obligación de la autoridad responsable de informar cumplimiento a la suspensión de plano - La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero del presente año, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), misma que es vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete; siendo que dicha cantidad, multiplicada por las cincuenta unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de $3,774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional). Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. - Autorizados - Téngase como autorizada legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Ana María Isabel Morquecho Damasco, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de derecho o abogado, conforme al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. - Habilitación y autorizaciones - A efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo se habilitan días y horas inhábiles, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo. (VII)
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