Ricardo Antonio Soberanis Gamboa

Expediente 549/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 38 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
549/2021
Año
2021
Actuaciones
38
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Antonio Soberanis Gamboa
  • Ricardo Antonio Soberanis Gamboa y Otros.
  • Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Incidental

    (.) SE ARCHIVAN LOS PRESENTES AUTOS (.)

  2. Principal

    (.) SE ARCHIVAN LOS PRESENTES AUTOS (.)

  3. Principal

    AVISO-PARTE QUEJOSA. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos del 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido Ricardo Antonio Soberanis Gamboa, por conducto de su defensor particular Marco Antonio Sosa Marrufo, contra los actos de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado por los motivos vertidos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. (...)

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 549/2021-VIII, promovido por Ricardo Antonio Soberanis Gamboa, por conducto de su defensor particular Marco Antonio Sosa Marrufo, contra los actos de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, por violación a los artículos 8, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en línea y turnado el cinco de abril de dos mil veintiuno, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, Ricardo Antonio Soberanis Gamboa, por conducto de su defensor particular Marco Antonio Sosa Marrufo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo, previos diferimientos, en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, habida cuenta que se promueve en contra de un acto atribuido a una autoridad judicial con residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integro de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: La determinación tomada en la audiencia de control judicial de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la cual no se accedió a la solicitud del imputado, ahora quejoso, de conceder la salida alterna, consistente en la suspensión condicional del proceso, en la carpeta administrativa 194/2020. Tercero. Certeza de actos. El Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, por lo que se tiene como existente. Certeza que se corrobora con el disco DVD, que contiene el audio video del desarrollo de la audiencia en la que se emitió el acto reclamado, con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. En relación con el valor probatorio que se le confirió a la videograbación de la referida audiencia, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Cuarto. Estudio de las causas de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, obliga a los órganos jurisdiccionales en la materia a estudiar de forma oficiosa las causas de improcedencia sea que la aleguen las partes o no, dado que son de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, en el caso que no ocupa se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, precepto que obliga a agotar los recursos ordinarios de defensa, de forma previa a instaurar el juicio de amparo, esto es, la obligación que tienen los justiciables de agotar el principio de definitividad. Resulta pertinente citar el contenido del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, así como diversos criterios sostenidos por distintos órganos del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Conforme al artículo trascrito, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte quejosa no lo haya hecho valer oportunamente. En la inteligencia de que, para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, es decir, en la ley que rija al acto reclamado, que tenga por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. De modo que, si la parte quejosa no agota el medio de defensa ordinario establecido en la ley, se infiere que no da cabal cumplimiento al principio de definitividad necesario para la procedencia del juicio de amparo. En relación con lo expuesto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 467 establece diversas hipótesis sobre la procedencia del recurso de apelación, tratándose de las resoluciones que emitan los jueces de control, tal como se advierte a de su contenido siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De la transcripción precedente y en lo que aquí interesa, destaca el contenido en la fracción VIII, relativa a que son apelables las resoluciones que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. En ese sentido, debe señalarse que el recurso de apelación, procede respecto de cualquier determinación relacionada con la suspensión condicional del proceso, sea que se trate de la primera resolución que se dicte sobre dicho mecanismo alternativo de solución de controversia o sobre las revisiones que en lo subsecuente interpongan las partes relacionadas con la misma suspensión condicional del proceso . En el caso que nos ocupa, el quejoso en el juicio de amparo reclamó la resolución emitida en audiencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta administrativa 194/2020, por virtud de la cual, la Jueza Primera de Control, del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, no accedió a la solicitud del ahora quejoso de conceder la suspensión condicional en el proceso, lo que de suyo implica que en contra de la determinación reclamada procede el recurso de apelación. En ese contexto, se concluye que antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió interponer el recurso de apelación, contra la resolución dictada en audiencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en términos del artículo 467, fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en la citada determinación la jueza de control no accedió a la solicitud propuesta por el imputado y su defensa de conceder la suspensión condicional del proceso. Se insiste en que el solicitante del amparo debió interponer el recurso de apelación, porque a través de dicho medio de impugnación el tribunal de alzada podía analizar a la luz de los agravios respectivos, los motivos que inconformidad expuestos por el interesado y una vez hecho lo anterior, confirmar, revocar o en su caso, modificar total o parcialmente, lo determinado por el órgano jurisdiccional en primera instancia. Así, el justiciable previamente debió interponer el medio de impugnación aludido, y al no hacerlo así incumplió con el principio de definitividad que exige el invocado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido jurisprudencialmente, que con independencia de que el acto reclamado en un juicio de amparo pudiera tener la calidad de acto de imposible reparación ello no exime al justiciable de agotar el principio de definitividad. Por su aplicabilidad, se cita la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), registro 2017117, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en términos del diverso precepto 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Es así que, al haberse decretado el sobreseimiento del juicio de amparo, este juzgador se encuentra impedido para analizar el fondo del asunto, en apego a la jurisprudencia V.2o. J/15, registro 220705, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos del 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido Ricardo Antonio Soberanis Gamboa, por conducto de su defensor particular Marco Antonio Sosa Marrufo, contra los actos de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado por los motivos vertidos en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. (...)

Quedan 34 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano