Ricardo Antonio Riquelme González
Expediente 221/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/09/2016
Partes del expediente
- Ricardo Antonio Riquelme González
- Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Querétaro
- Ricardo Antonio Riquelme González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual remite copia autorizada del testimonio de la ejecutoria emitida en la queja 79/2016, en la que el tribunal de alzada resolvió lo siguiente: ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja interpuesto contra el auto de veinte de junio de dos mil dieciséis, de acuerdo a las consideraciones y efectos dados en el último considerando de la presenta resolución. En consecuencia, se ordena acusar recibo y hacer del conocimiento de la parte quejosa que la superioridad declaró infundado el recurso de queja. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que fue confirmada por la superioridad, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, once de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 5692/2016 de nuestro índice, del que se aprecia que el Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por xxx, y en representación de la quejosa xxx, en contra de la resolución de veinte de junio de dos mil dieciséis; correspondiéndole el número de amparo 221/2016. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, primero de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por xxx; en atención a su contenido, se tiene interponiendo recurso de queja en contra de resolución de veinte de junio de dos mil dieciséis. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que éste Juzgado Federal emitió el acuerdo de veinte de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por tanto, una vez notificado el presente proveído, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa y Civil, del Vigésimo Segundo Circuito, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra la resolución que desechó la demanda por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por ende, no hay partes en el asunto. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por XXX por su propio derecho y en representación de XXX, contra actos del: 1. Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Santiago de Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 221/2016. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la quejosa, consistentes en: La sentencia interlocutoria que declara infundado el incidente de improcedencia de la vía, resolución dictada en el juicio ejecutivo mercantil numero 73/2016, promovido en contra del quejoso por el tercero interesado XXX y lo vincula a continuar con el procedimiento en la vía mencionada. Lo anterior por considerar que en el caso, los actos reclamados lo constituyen una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que es Estado Mexicano sea parte; . De los enunciados normativos trascritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en juicio, siempre que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo estos aquellos actos que afectan en forma material y presente un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando a un lado a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, para que pueda resentirse. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, conforme a la tesis jurisprudencial PJ 37-2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación el 06 de junio de 2014, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA PJ 4-2001 LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia PJ 4-2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Bajo esa premisa, los actos que reclama la parte quejosa esencialmente en lo concerniente a la interlocutoria que declara infundada su excepción de improcedencia de la vía, planteada a manera de incidente dentro del expediente 73-2016, es un acto de naturaleza formal o adjetiva que puede o no trascender al resultado del fallo, por tanto, no puede considerarse como un acto que produzca una afectación presente y material a derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, los estrados de este Juzgado, por lo que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, le serán practicadas por lista de acuerdos, autorizando para los mismos efectos, en términos de lo dispuesto en el articulo 24 de la ley de amparo a la persona que indica en el proemio de su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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