Ricardo Antonio Burgos Quintero

Expediente 959/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
959/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Antonio Burgos Quintero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los presentes autos únicamente para efectos de control, el oficio y anexos signado por la Juez de Control del Estado de Baja California, toda vez que mediante auto de veinticinco de marzo del presente año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Eduardo Pacillas Bustamante, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.JJCM/EPB/remp

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexos signado por la Juez de Control del Estado de Baja California, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, en proveído de dieciocho de marzo del presente año, informa que en fecha cinco de febrero de la presente anualidad, se ejecutó la orden de aprehensión en contra de (1) ********, parte quejosa en el presente juicio, por lo que en esa misma fecha se celebró audiencia de formulación de imputación, en la cual le fue impuesta al aquí quejoso la medida cautelar consistente en prisión preventiva, asimismo, el diez de febrero de dos mil veinte, le fue dictado a la parte quejosa auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable participación en la comisión de los delitos de disparo de arma de fuego sobre persona y lesiones calificadas, en reclasificación de los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas. Atento a lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, precepto legal que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. [.]." Así pues, la lectura de tal precepto legal obliga a considerar improcedente el juicio de amparo, cuando en un procedimiento judicial o en alguno administrativo seguido en forma de juicio, se actualiza un cambio de situación jurídica respecto de la parte quejosa, por virtud del cual deban estimarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento relativo. En relación con la causa de improcedencia de que se trata, cabe acotar que el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad se llama situación jurídica. Desde luego, la libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: i. La detención realizada por una autoridad no jurisdiccional. ii. La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica. iii. La prisión preventiva que se comienza con la vinculación al proceso. iv. La sentencia de primera instancia y, en su caso, la de segunda instancia. v. La que abarca la fase de ejecución de la pena relativa. Sin duda, cada situación jurídica excluye a la que antecede, motivo por el cual cuando por actos posteriores cambia la situación jurídica del quejoso, deben estimarse consumadas irreparablemente las violaciones atacadas, pues no podría decidirse sin afectar a la nueva situación jurídica creada. Con lo anterior se tiene que el cambio de situación jurídica debe entenderse como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los que es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente y, aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos que, por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de manera que pueden subsistir con independencia de que los previos sean ilegales, por lo que estos actos con autonomía cambian la situación jurídica ya existente y, como consecuencia, acarrean la propia irreparabilidad jurídica, en su caso, de los vicios constitucionales que se hayan realizado en el procedimiento de que se trate. Por tanto, para que se surta la causa de improcedencia de que se trata, es necesario que se demuestre no sólo que se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento y que al promoverse la vía constitucional la parte impetrante se halla en un estado jurídico determinado, sino también que después de admitida la demanda sobrevino otro acto en el procedimiento, así como que entre el acto reclamado y el nuevo acto no existe una relación de causalidad tal, que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y que, al producirse el nuevo acto, se agotaron los efectos del acto inicialmente atacado, creándose frente a la parte quejosa una nueva situación jurídica que no derivó de este último. En el caso, debe tenerse presente que al acudir a esta vía constitucional la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de captura u orden de aprehensión en su contra; así como su ejecución. Asimismo, la autoridad responsable informa que se ejecutó la orden de aprehensión en contra de (1) Ricardo Antonio Burgos Quintero, parte quejosa en el presente juicio, se celebró audiencia de formulación de imputación, en la cual le fue impuesta la medida cautelar consistente en prisión preventiva, asimismo, el diez de febrero de dos mil veinte, le fue dictado a la parte quejosa auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable participación en la comisión de los delitos de disparo de arma de fuego sobre persona y lesiones calificadas, en reclasificación de los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas. En razón a lo anterior, en la especie, operó un cambio de situación jurídica respecto del solicitante del amparo, en virtud del cual deben considerarse consumadas las violaciones que, en su caso, se hubieren cometido en la investigación y en la orden aprehensión dictada en su contra. Lo anterior es así, pues, además de que las etapas procedimentales son de naturaleza jurídica diferente, y se rigen por normas procesales también distintas, debe tenerse en cuenta que son producto de actuaciones de naturaleza diversa, por lo cual, sin duda, los efectos de las normas aplicables en estas etapas procedimentales también son diferentes. Desde luego, no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de las diferentes fases en las que se divide el procedimiento penal, lo cual obedece a la figura procesal llamada preclusión, la que regula la pérdida de un derecho adjetivo por el transcurso del tiempo, más la realización de una posterior actuación judicial, en virtud de que el cambio de situación jurídica se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Efectivamente, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que se hubieran ocasionado en los actos que por esta vía se reclamó, pero hay un impedimento jurídico para ello, en razón de que el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio de amparo, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio y, que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia de los actos que se reclamaron en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conceder el amparo invalidándose, como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida, ni resuelta conforme a derecho. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo; por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas del dieciséis de abril del dos mil veintiuno. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Disco versátil digital. Respecto al citado anexo, consistente en un disco versátil, guárdese para su seguridad en el lugar destinado para ello en este Juzgado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma, el licenciado Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Eduardo Pacillas Bustamante, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la razón actuarial de cuenta de la que se advierten los motivos por los cuales a la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal, no le fue posible emplazar y notificar personalmente a la tercero interesada (3) ******; asimismo, se hace constar que al momento de comunicarse con la diversa tercero interesada (2) ******, esta manifestó que tiene conocimiento que en el mes de febrero del año en curso, el quejoso (1) *****, fue detenido y a la fecha se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad. Requerimiento. Atento a lo anterior, y toda vez que el acto reclamado en el presente juicio, es la orden de aprehensión en contra (1)*****, que libró en su contra el Juez de Control responsable; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, informe el estado actual de autos que guarda la causa penal ******, en relación al citado mandamiento judicial. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no acatar lo aquí ordenado, dentro del término conferido, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Eduardo Pacillas Bustamante, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Ahora, visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, ya que mediante proveído de diez de marzo del año en curso, se ordenó al actuario judicial adscrito, indagara con los números telefónicos proporcionados por el Juez responsable sobre la ubicación de los terceros interesados (1) *******, para el efecto que les indique la existencia del presente juicio de amparo y les informe que es necesario señalen domicilio para notificarles de manera personal el proveído de dieciséis de febrero del presente año, relacionado al llamamiento a juicio, debiendo levantar el acta respectiva. En consecuencia, al estar transcurriendo el plazo de la notificación del actuario judicial adscrito, por lo que una vez que la realice, proceda a integrar el expediente electrónico, para estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda sobre el emplazamiento de la parte tercero interesado.. Diferimiento. A efecto de dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan las once horas del dieciséis de abril del dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Eduardo Pacillas Bustamante, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.JJCM/EPB/remp

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