Ricardo Anguiano Lopez

Expediente 278/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
278/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Anguiano Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para recurrir la determinación de veintinueve de marzo del año en curso, sin que la parte quejosa haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. (...)

  2. Principal

    MESA V Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Sánchez del Río, quien se ostenta como defensor de oficio de los quejosos RICARDO ANGUIANO LÓPEZ y ELENA ORTEGA MORENO o MIRNA NORIEGA CENTENO o MYRNA ELENA NORIEGA ZENTENO, contra un acto del Magistrado integrante de la Quinta Sala Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 278/2022. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone:En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En el presente caso, se actualiza la causal en estudio, dado que los justiciables promueven el juicio de amparo contra: ? EL DESECHAMIENTO DEL INCIDENTE DE RECUSACIÓN EN CONTRA DE LA JUEZA VIGÉSIMO SEXTO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Empero, la parte quejosa pasó por alto cumplir previamente con la carga procesal de interponer el recurso de revocación contra dicha determinación, en términos de los artículos 412 y 413, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que disponen lo siguiente: Lo anterior toda vez que, la decisión que recae en ese tipo de actuaciones, no se encuentra comprendida dentro de algunas de las hipótesis de impugnación que prevé el artículo 418, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal1, razón por la cual, por exclusión, procede en su contra el recurso de revocación en términos del diverso 412, del citado ordenamiento legal. Bajo ese panorama, el recurso de revocación es el medio de defensa legal que se otorga a las partes para que puedan recurrir las resoluciones que no admitan la apelación, el cual es resuelto por el mismo Juez que la haya dictado; de ahí que doctrinariamente se le clasifique como un recurso "horizontal". En otras palabras, la revocación es un mecanismo de disenso concedido a los particulares afectados en su esfera jurídica por un acto judicial determinado, el cual no es susceptible de ser revisado ?vía apelación? por el superior jerárquico del órgano emisor. Razón por la cual, debe interponerse ante la misma autoridad que lo emitió, a fin de que proceda a la revisión del mismo y, en caso de que se encuentre demostrada su ilegalidad a partir del estudio de los agravios esgrimidos por el inconforme, proceda a su anulación o modificación. Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada, en términos del dispositivo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda.

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