Ricardo Ángel Ólvera Gómez

Expediente 229/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
229/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/03/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Ángel Ólvera Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    V... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción....

  2. Principal

    V... Naucalpan de Juárez, Estado de México; nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de Ángel Erik Jiménez Pérez, mandatario judicial de Ricardo Ángel ..., personalidad que se le reconoce en términos de la comparecencia de ratificación de mandato judicial que obra en el expediente ..., del Juzgado Noveno de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, a través del cual desahoga los requerimientos formulados. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Ahora, vista de nueva cuenta la demanda promovida por Ricardo Ángel Olvera Gómez, por conducto del citado mandatario, se advierte que reclama del Juez Noveno de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, los siguientes actos: 1. La interlocutoria de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ..., que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinte de enero del mismo año, donde la autoridad responsable fijó un régimen de visitas provisional entre la menor hija y su progenitor -hoy quejoso- los días lunes, miércoles, viernes y domingo de diez a doce horas en el domicilio donde se ostentó la guarda y custodia. 2. La interlocutoria de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ..., mediante la cual el juez responsable declaró parcialmente procedente el recurso de revocación y revocó el proveído de veinte de enero de este año, donde se ordenó la acumulación del expediente... al ..., estableciendo que ambos se tramitarían por cuerda separada y se resolvieran en una sola sentencia; además, no acordó de conformidad la solicitud del promovente para ordenar el traslado de la menor a una institución educativa. 3. El proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ..., donde se estableció que se llevarían convivencias supervisadas entre la menor hija y su padre en el Centro de Convivencias de Ecatepec, el primer y tercer sábado de cada mes, en un horario nueve a once horas. Ahora, el quejoso controvierte dos interlocutorias y un auto dictados en dos expedientes familiares diversos; no obstante, dichos asuntos se acumularon, pero tienen independencia en el trámite, en ese sentido, resulta oportuno establecer la procedencia de la separación de autos, en tanto que los actos señalados en los numerales dos y tres son autónomos e independientes, por lo que este órgano de control constitucional se ve impedido jurídicamente para proceder al análisis de ese acto en un mismo juicio de amparo. La figura jurídica de la separación de autos tiene como objetivo principal que se logre una tramitación más práctica y eficaz respecto de los diversos actos que se reclamen dentro de un juicio de amparo biinstancial, que se encuentren desvinculados entre sí, para evitar que al momento de resolver el mismo se llegara a pronunciar un fallo complicado o confuso en su comprensión, no sólo para los efectos del entendimiento de la sentencia, sino en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse, o en su caso, en el cumplimiento de la ejecutoria, o en ambos, todo lo cual complicaría innecesariamente la resolución de cada uno de los actos que se reclaman a cada una de las autoridades señaladas en la especie como responsables, con el objetivo primordial de respetar el principio de economía procesal. Los aspectos en mención, fueron observados por el Constituyente al emitir la nueva Ley de Amparo, ya que basta remitirse a la exposición de motivos respectiva, para advertir que el juicio de amparo debe de ser más ágil, con el fin de que se resuelva de la manera más rápida, pues en el capítulo de incidentes se estableció lo siguiente: En materia de incidentes los cambios propuestos consisten, en lo fundamental, en establecer una tramitación genérica para dar claridad y evitar remisiones inútiles y confusas a la ley supletoria. Asimismo, permitirá al órgano jurisdiccional de amparo que determine la forma en que debe ser resuelto. Para ello deberá atender a las características del asunto y definir si lo resuelve de plano, si el mismo requiere de un especial pronunciamiento o si reserva su resolución para el momento de fallar el fondo. Esta solución permite, por una parte, mantener ciertos procedimientos específicos o formas de resolución para aquellos incidentes a los que la ley les confiera un trámite especial pero, por la otra, posibilita que el juzgador decida cómo proceder dadas las situaciones particulares que concurran al caso sometido a su resolución. Lo antes destacado, revela que la intención del legislador estribó en dotar de amplias facultades al juez de amparo para resolver los aspectos accidentales que surgieran durante el trámite del juicio, lo cual va desde establecer si debe resolverse de plano o en su defecto requiere de un trámite especial o ha de resolverse al fallar el fondo del asunto, hasta determinar la forma en que habrá de proceder en las situaciones particulares que encierre el caso puesto bajo su consideración, con la finalidad de dar mayor celeridad a los asuntos de su competencia, a fin de cumplir con el postulado de justicia pronta que impone el numeral 17, de la Carta Magna. En esas condiciones, y dadas las facultades que otorga el numeral 66, de la Ley de Amparo procede pronunciarse en torno a la separación de autos que se actualiza en este juicio. En vinculación con lo anterior, el numeral 66, de la Ley de Amparo dispone: Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Por consiguiente, en aras de una pronta y eficaz administración de justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, se estima que en este caso particular es procedente la separación de autos respecto de los actos señalados en los numerales dos y tres, en razón que está desvinculados de los diversos actos, por lo que no es susceptible de un análisis conjunto. Por tanto, ese acto debe estudiarse por separado a efecto de dar mayor celeridad, claridad y autonomía a la resolución que en su caso se dicte. Consecuentemente, por los motivos apuntados, y a fin de integrar los expedientes respectivos, en el juicio en que se actúa se analizará el primer acto reclamado consistente en la interlocutoria de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el expediente .... Respecto a los actos reclamados consistentes en la interlocutoria de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ...; y el proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ...., obténgase copia certificada de la demanda de amparo, y del escrito aclaratorio, y remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, para que con residencia en esta ciudad, para efectos de estadística y control de nuevo ingreso, a fin de que se turnen a este órgano jurisdiccional, como nuevas demandas de amparo y se asigne número correspondiente, lo anterior, en virtud de que los mismos derivan de juicios familiares relacionados con el acto del cual este órgano jurisdiccional conoce. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a realizar algún pronunciamiento respecto a la admisión de la demanda, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. El cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o bien administrativo seguido en forma de juicio. b) Que exista una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto, materia del amparo resulte o no constitucional. Al respecto, el cambio de situación jurídica se produce en relación al quejoso cuando la situación anterior en que se encontraban en virtud del dictado del acto reclamado, ha variado por otra nueva situación por la emisión de otro acto que es nuevo, y que deja irreparablemente consumadas las violaciones que se hubieren producido con el acto anterior, que es en contra del cual se promovió el amparo, por no poder decidir en el mismo la litis planteada, sin afectar la nueva situación jurídica en la cual se encuentra, es inconcuso que el juicio constitucional se torna improcedente. Ello es así, precisamente porque no puede el juzgador emitir decisión alguna respecto del fondo de la litis, sin afectar el nuevo acto emitido, produciéndose así, un cambio en la situación jurídica del promovente, que hace que las violaciones alegadas en el juicio constitucional, se tornen irreparables y al ser de ese modo, no pueden ser objeto de estudio ni de protección de la justicia federal. Ahora bien, se advierte que el presente asunto se torna improcedente, ya que si bien se reclama la interlocutoria de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitida en el expediente ..., que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinte de enero del mismo año, donde la autoridad responsable fijó un régimen de visitas provisional entre la menor hija y su progenitor -hoy quejoso- los días lunes, miércoles, viernes y domingo de diez a doce horas en el domicilio donde se ostentó la guarda y custodia; también lo es que se modificó el entorno que dio origen a dicho acto, siendo jurídicamente imposible restituir al promovente en el goce de los derechos fundamentales que estima violados, aun cuando del estudio de la actuación combatida se apreciara alguna afectación a los mismos. Se expone tal aserto, pues de las constancias que adjuntó el solicitante de amparo al escrito de demanda, se observa que en forma posterior a que se dictó la citada interlocutoria, el juez responsable emitió el proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente ..., donde modificó las convivencias decretadas entre la menor hija y su padre, y en su lugar estableció que se llevarían de manera supervisada en el Centro de Convivencias de Ecatepec, el primer y tercer sábado de cada mes, en un horario nueve a once horas. En tal virtud, se modificó el entorno respecto de los actos reclamados, siendo jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que estima violados. Cabe señalar que la razón legal de la causa de improcedencia en estudio, estriba en que el efecto y finalidad del presente juicio, conforme lo estipulado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía individual violada a favor del quejoso, de tal suerte que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la transgresión constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado subsiste, pero no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, la sentencia que se dictara en esta instancia no podría cumplimentarse.

  3. Principal

    V... Naucalpan de Juárez, Estado de México; dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Ángel Erik ..., quien se ostenta como mandatario judicial de Ricardo Ángel ..., contra actos del Juzgado Noveno de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número de expediente 229/2023-V. PREVENCIÓN. Previo a realizar pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento, debe tomarse en consideración que el precepto 114 de la Ley de Amparo, establece los supuestos en que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional prevendrá a la parte promovente para que aclare su demanda. En ese orden, con fundamento en los artículos 108, 112 y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito realice lo siguiente: 1. Exhiba copia certificada de la comparecencia de ratificación de mandato judicial con el que pretende acreditar su personalidad, o en su caso manifieste bajo protesta de decir verdad que el referido documento electrónico que adjuntó a su escrito de demanda es copia fiel e integra e inalterable de aquel. Lo anterior, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, refiere que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, lo anterior, a fin de otorgarles el valor probatorio que corresponda; máxime que las probanzas de referencia, las ofrece como documentales públicas. 2. Bajo protesta de decir verdad, manifieste si en contra del acuerdo emitido por la autoridad responsable el nueve de febrero de dos mil veintitrés dentro del expediente ...., interpuso algún recurso o medio de defensa, y en caso afirmativo, mencione el estado procesal en que se encuentra. Lo anterior, porque los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, son la base para analizar la acción constitucional en cuestión; en aras de generar certeza respecto de lo que se queja. 3. En caso de desahogar de manera física, exhiba cuatro juegos de copias del escrito en que desahogue la prevención para correr traslado a las partes, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: una para la autoridad responsable; una para el agente del Ministerio Público Federal adscrito; una para la parte tercero interesada, y una para el incidente de suspensión que solicita. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados en los numerales 1 y 2 se tendrá por no presentada la demanda, en términos del numeral 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; y para el caso de no desahogar el punto identificado con el número 3, se acordará lo conducente, DOMICILIO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en virtud de que el nombre de usuario ...., se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza consultar las actuaciones del presente expediente, así como realizar notificaciones vía electrónica. Atendiendo lo dispuesto en los citados numerales, en relación a los diversos 3º, 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, únicamente las notificaciones de carácter personal, se le practicarán vía electrónica al usuario aludido, como expresamente lo solicita, en el entendido de que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la citada norma, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Se hace del conocimiento que el correo electrónico y número telefónico que proporciona, será tomado únicamente para entablar comunicaciones no procesales. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En caso de ser necesario, practíquese las diligencias derivadas de este sumario, de conformidad con el numeral 21, último párrafo, de la ley de la materia. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a ...., en virtud de que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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