Ricardo Andres Pérez
Expediente 703/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 26/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Andres Pérez
- Gerardo Martínez Ferrer y Otros.
- Fidencio Miguel Antonio
- Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca
- Ricardo Andres Pérez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo sin que se hubiera interpuesto el recurso de inconformidad en contra del auto de quince de marzo de dos mil diecinueve, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, es de estimarse que se consintió tácitamente el cumplimiento dado. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; Es susceptible depuración, Deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil diecinueve. Glósese el sobre cerrado de cuenta, el cual contiene el oficio número 6619, dirigido al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca del Papaloapan, Tuxtepec, Oaxaca, mismo que devuelve el Administrador de Correos de ese lugar, por las razones que expone; por tanto y en obvio de mayores dilaciones, reexpídase dicho oficio con la denominación y domicilio correcto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil diecinueve. Vistos los autos, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a las partes, con la vista del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio, sin que hayan realizado manifestación alguna, en consecuencia, se procede al estudio relativo. En sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 104 a 112), se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a RICARDO ANDRÉS PÉREZ, FIDENCIO MIGUEL ANTONIO, GERARDO MARTÍNEZ FERRER, SIXTO RIVERA ARANGO y LUIS HERNÁNDEZ SIMÓN. Los efectos para los que se concedió la protección constitucional, consistieron en lo siguiente: 1.- "Lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por RICARDO ANDRÉS PÉREZ, FIDENCIO MIGUEL ANTONIO, GERARDO MARTÍNEZ FERRER, SIXTO RIVERA ARANGO Y LUIS HERNÁNDEZ SIMÓN, para el efecto de que el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, deje insubsistente la orden de aprehensión de trece de junio de dos mil trece, dictada en la causa penal 70/2013 el trece de junio de dos mil trece, por el entonces Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, actualmente 451/2016 del Juzgado Primero Penal de esa sede, que se instruye en su contra, como probables responsables en la comisión del delito de abigeato de ganado mayor, y hecho que sea, con plenitud de jurisdicción, dicte otra, la cual podrá ser en el mismo sentido que la hoy impugnada, o en uno diverso, con tal que purgue los vicios formales que en el cuerpo de la presente sentencia se señalan, subsanando las omisiones precisadas. Concesión se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca, al no impugnarse por vicios propios". Las violaciones formales señaladas en la sentencia ejecutoria, fueron: Que aun cuando el juez relacionó y valoró las declaraciones del ofendido Gabriel Pérez Albuerne, y de los testigos de cargo Hipólito Leyva Antonio, Álvaro Martínez López, Amado Jiménez Olivera y Francisco Jiménez Olivera, no estableció cómo tuvo por acreditado el elemento del delito consistente en la existencia de ganado bovino y por qué los citados testimonios resultaban idóneos para demostrarlo, máxime que al momento de concluir en cuanto al número de cabezas de ganado objeto del delito, determinó que fueron diecinueve, sin que tampoco precisara con qué elementos de convicción determinó tal número de cabezas de ganado. En cuanto a la circunstancia de tiempo, el juez atendiera a los deposados de cargo para determinar la fecha de comisión del delito, pues el ilícito atribuido es el de abigeato y no el de despojo Al estudiar la probable responsabilidad de los quejosos, como coautores, se expusiera cual fue la aportación necesaria, adecuada y esencial de los quejosos al hecho delictivo reprochado En auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia, requiriendo a las autoridades responsables su cumplimiento (fojas 117 y 118). En cumplimiento al fallo protector, la autoridad judicial, por oficio 1508, de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, remitió copia certificada de la resolución dictada con fecha veintitrés de noviembre del año pasado, dentro del expediente penal 451/2016; por su parte, el Agente Estatal de Investigaciones adscrito a la Comandancia General de la Cuenca, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, por oficio A.E.I./C.G.C./220/2018, informó haber acatado la ejecutoria de amparo. Por auto de veinticinco de enero del presente año (foja 181 a 183), en virtud de que de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable se advertía no se encontraba cumplida la sentencia ejecutoria, se requirió nuevamente la Juez Primero Penal de Tuxtepec, Oaxaca, para que acatara en sus términos la sentencia ejecutoria. Por oficio número 124, de fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de seis de enero (sic) del presente año, dictada dentro de la causa penal de origen, en la dejó sin efecto la resolución reclamada (fojas 188 a 225), y en lo que interesa resolvió: "PRIMERO.- Este Juzgado es competente para resolver acerca del mandato de captura solicitado por el Ministerio Público. SEGUNDO.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 703/2018 mesa I-B, Sección II Amparo del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se deja insubsistente la resolución dictada el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, únicamente por lo que hace a los inculpados RICARDO ANDRÉS PÉREZ, FIDENCIO MIGUEL ANTONIO, GERARDO MARTÍNEZ FERRER, SIXTO RIVERA ARANGO Y LUIS HERNÁNDEZ SIMÓN, como probables responsables de la comisión del delito de ABIGEATO DE GANADO MAYOR, cometido en perjuicio patrimonial de GABRIEL PÉREZ ALBUERNE. TERCERO.- Se LIBRA ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de RICARDO ANDRÉS PÉREZ, FIDENCIO MIGUEL ANTONIO, GERARDO MARTÍNEZ FERRER, SIXTO RIVERA ARANGO Y LUIS HERNÁNDEZ SIMÓN, como probables responsables de la comisión del delito de ABIGEATO DE GANADO MAYOR, cometido en perjuicio patrimonial de GABRIEL PÉREZ ALBUERNE". Así también, de la nueva resolución emitida se advierte, se acató en sus términos la sentencia de amparo, pues de manera fundada y motivada la responsable estableció cómo tuvo por acreditado el elemento del delito (abigeato de ganado mayor) consistente en la existencia de ganado bovino y por qué los testimonios del ofendido Gabriel Pérez Albuerne, y de los testigos de cargo Hipólito Leyva Antonio, Álvaro Martínez López, Amado Jiménez Olivera y Francisco Jiménez Olivera, resultaban idóneos para demostrarlo, precisando el número de cabezas de ganado objeto del delito. Así también, el juez atendiendo a los deposados de cargo determinó las fechas de comisión del delito, tomando en cuenta que el ilícito atribuido es el de abigeato. Finalmente, al estudiar la probable responsabilidad de los quejosos, como coautores, expuso cuál fue la aportación necesaria, adecuada y esencial de cada uno en el hecho delictivo reprochado. Ante ello, este órgano jurisdiccional considera que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de referencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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