Ricardo Andrés Orduña Araya

Expediente 657/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
657/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Andrés Orduña Araya

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para obre como corresponda el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que dicho órgano se avocó al conocimiento del juicio de amparo indirecto interpuesto.

  2. Principal

    Recepción. Vista la demanda de amparo promovida por *****, fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 657/2022-II que le corresponde, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Análisis integral de demanda. Ahora, parte quejosa reclama lo siguiente: / 3. Incompetencia. En ese contexto, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su fracción I, prescribe: "Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I.- De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trata: .. a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas;, ." Por su parte el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". En el caso, como ya quedó precisado, la parte quejosa señala como acto reclamado, la resolución número 28/2022 que confirma el sobreseimiento dictado en el toca penal *** dentro de la causa penal *****de veintiocho de abril del presente año, del índice del Primer Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza. Bien, el juicio de amparo directo procede cuando el acto reclamado lo constituye una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que pone fin al juicio, o sea, estos tres casos son los únicos que la Ley de Amparo reconoce como formas de conclusión del proceso, lo cual conduce a considerar que, por exclusión, cuando los actos de autoridad que se reclamen en un juicio de amparo no sean de los previstos en los numerales de que se trata, procederá el juicio de amparo indirecto, lo que contrario sensu hace concluir que cuando se ataquen esos actos, es decir, fallos definitivos, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, procederá el juicio de amparo directo. Desde luego, la propia ley de la materia nos ilustra al señalar que debe entenderse por sentencia o fallo definitivo el que decida el juicio en lo principal y respecto del cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado. Por otro lado, la propia legislación también prevé lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin a un juicio, para lo cual prevé que son aquellas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las que la ley común no concede ningún recurso ordinario por virtud del que puedan modificarse o revocarse. Con lo anterior queda patente que un juicio puede terminar decidiéndose en lo principal, en cuyo caso hablamos de sentencias definitivas o laudos, o bien, sin decidir en lo principal, en cuyo supuesto se está en presencia de resoluciones que ponen fin a algún juicio, siempre que las leyes no concedan respecto de ellas un medio legal de defensa por el cual puedan ser modificadas o revocadas, de ahí que en esas hipótesis el medio constitucional idóneo para impugnar actos de tal índole es el juicio de amparo directo. Por tanto, los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo son únicamente tres, a saber: a) sentencias definitivas; b) laudos; y, c) resoluciones que ponen fin al juicio, razón por la cual cuando los actos de autoridad reclamados en un juicio de amparo no encuadren en cualquiera de esos tres supuestos, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta. En esa medida, resulta incuestionable que de la demanda de cuenta, corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo al contenido del transcrito numeral 170 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 47 de la Ley que rige el juicio constitucional, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, se declara legalmente incompetente, por razón de vía, para conocer de la demanda de amparo en cuestión, determinándose que su conocimiento corresponde, salvo mejor opinión, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad; a quien deberá remitirse la misma a través de la Oficialía de Partes Común de los Tribunales de Circuito, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente e ingrésese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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