Ricardo Amaya Hernández

Expediente 468/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
468/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Amaya Hernández
  • Juez de Control Provisional del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que el quejoso, en su caso, presentara recurso de inconformidad contra el proveído de once de marzo último, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que haya presentado escrito alguno al respecto; por ende, se tiene por consentido tal cumplimiento. Ahora bien, dado que el juicio en que se actúa se encuentra debidamente integrado y no existe actuación alguna por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en el supuesto previsto en los artículos 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se otorgó la protección de la Justicia Federal al quejoso en el juicio en que se actúa, aunado a que al prudente arbitrio de este juzgador no tienen relevancia documental. Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el supuesto previsto en el capítulo siete, apartado 7.3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, deberán conservarse la demanda, sentencia y el presente acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, para que, si a sus intereses convenía se pronunciara en torno al cumplimiento dado al fallo protector, sin que a la fecha lo haya hecho, no obstante estar debidamente notificada para ello. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional está en aptitud de determinar si en el presente caso ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. Con vista a lo anterior, encontramos que la responsable da cabal cumplimiento a lo acordado en la resolución ejecutoriada, toda vez que el trece de enero del actual, informó lo anteriormente señalado y remitió al respecto copia certificada del registro de audio y video de la audiencia referida; por lo que se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa que en contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que dispone de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, con el que remite copia certificada de la resolución emitida el veintiséis de noviembre del año en curso, en el amparo en revisión penal 343/2019, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada por este juzgado, en la cual la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en la parte final del último considerando, la Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Amaya Hernandez respecto del acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, consistente en el auto de vinculación a proceso de cuatro de junio de dos mil diecinueve, emitido dentro de la causa penal 4018/2018". Asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, como el tomo de pruebas. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, gírese el acuse de recibo correspondiente y agréguese el cuaderno de antecedentes, únicamente con las actuaciones posteriores a la certificación de constancias. Por ende, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente a la notificación que de este acuerdo se le haga, informe el cumplimiento dado al fallo protector pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, debiendo acompañar las constancias certificadas que así lo acrediten; para tal efecto, remítase copia certificada de la ejecutoria de amparo. Apercibido que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, o bien, de no informar a este órgano judicial los trámites que realice al respecto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sin perjuicio de incrementarla en caso de requerimientos posteriores. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por conducto de su superior jerárquico en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos a algún tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo; de igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustenta por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, visible en la página 1378, cuyo rubro es: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias".

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el cual se transcribe el proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, emitido en el amparo en revisión 343/2019, del que se advierte que se tiene a este órgano jurisdiccional dando cumplimiento a lo ordenado en auto de veinticinco de octubre último y se admitió el recurso de revisión interpuesto por ********************, contra la sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo en que se actúa.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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