Ricardo Alzati López

Expediente 1042/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1042/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Alzati López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Colima, Colima, doce de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, las piezas postales que contienen los oficios 1782/2021, 1783/2021, 2441/2021 y 2442/2021, con la leyenda "cerrado por contingencia"; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, reenvíense los referidos oficios a las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima y actuario de su adscripción. Cúmplase. Así lo firma Francisco Javier García Contreras, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, ante la Secretaria que autoriza y da fe Fabiola Aguirre Sierra, quien certifica que el presente el acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte, por una parte, que mediante Circular SECNO/8/2021 y SECNO9/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichos acuerdos y como consecuencia, no corrieron plazos y términos procesales, ni se celebraron audiencias en los expedientes que se encontraban admitidos hasta el inicio de la suspensión. Por tanto, toda vez que el día de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reanudaron las labores, procede acordar lo conducente respecto a que del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, se obtiene que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren los acuses de recibo de los oficios 2441/202 y 2442/2021, con los que se ordenó notificar a las autoridades responsable el auto de sobreseimiento fuera de audiencia, dictada en el presente juicio, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Colima, Colima, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual la autoridad responsable Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, remite copias certificadas del convenio celebrado por las partes el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, con respecto al cumplimiento del laudo dictado en el expediente laboral 004/2019. Ahora bien, se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a las constancias remitidas por la autoridad responsable de las que se advierte que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la parte demandada Ricardo Armando Rodríguez Sevilla y la trabajadora actora Nataly Gudiño Maldonado, por conducto de sus representantes legales, celebraron un convenio a fin de dar por concluido el juicio laboral de origen, mismo que fue aprobado por la autoridad responsable y elevado a la categoría de laudo ejecutoriado. Por tanto, este juzgador considera que, en el particular, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)." En efecto, se afirma se actualiza la causal de improcedencia referida, debido a que el acto reclamado lo constituyó el emplazamiento, así como todo lo actuado en el juicio laboral 4/2019 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima. Luego, de las constancias que la autoridad responsable remitió en el oficio de cuenta, se advierte que el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, tuvo a las partes actora y demandada, respectivamente, por conducto de sus apoderados, celebrando un convenio que fue elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, por constituir cosa juzgada, condenando a los comparecientes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. Con vista a lo anterior, los efectos del juicio de amparo ya no pueden materializarse ni surtir sus consecuencias en perjuicio de la parte quejosa, al haberse aprobado por la autoridad responsable el convenio celebrado entre la parte actora Nataly Gudiño Maldonado y el demandado Ricardo Armando Rodríguez Sevilla, mismo que fue elevado a la categoría de laudo ejecutoriado. Sobre esa base, se afirma que se actualiza la aludida causal de improcedencia, ya que, si bien es cierto, aún subsiste el acto reclamado, consistente en el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio laboral de origen, también lo es que no puede surtir efecto legal o material alguno respecto de la esfera de derechos del aquí quejoso, por haber dejado de existir el objeto y la materia del mismo, en virtud de la celebración del convenio aprobado y elevado a la categoría de laudo ejecutoriado; por tanto, el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Lo anterior de ningún modo priva de defensa a la parte quejosa, porque está permitido el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, según se obtiene de la simple lectura de la fracción V del artículo 63, en relación con el inciso d) de la fracción I, del artículo 81, ambos de la Ley de Amparo, este último que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; puesto que en el caso la causa de improcedencia de referencia es manifiesta e indudable por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado, y, por ello, ni en la audiencia constitucional ni al dictarse la sentencia correspondiente se puede formar una convicción diversa, con independencia de los elementos de prueba que se pudiera allegar. Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para las nueve horas con treinta y cuatro minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a las autoridades señaladas como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes. Finalmente, agréguese para que obre como constancia el oficio de cuenta, suscrito por el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, en el que informa que no cuenta con perito en materia de grafoscopía.

  4. Principal

    Colima, Colima, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República, a través del cual informa que no cuenta con perito en materia de caligrafía y grafoscopía; por tanto este juzgador ordena que dicho comunicado debe obrar como constancia. Notifíquese por lista.

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