Ricardo Alvarado Romero
Expediente 730/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo Alvarado Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, que establece: "Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en sentencia emitida el treinta de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Ricardo Alvarado Romero, para el efecto de que las autoridades responsables encargado de la Oficialía Mayor y el director de Personal dependiente de la Oficialía Mayor ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, realizaran lo siguiente: "a) En el plazo de tres días hábiles, den respuesta por escrito a las solicitudes formuladas por la parte quejosa el doce de julio de dos mil diecinueve. b) Notifiquen a la parte quejosa las respuestas dadas a sus solicitudes, en caso de haber señalado domicilio para tal efecto". Inconformes con lo anterior, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, bajo el amparo en revisión número 324/2019, donde por resolución de catorce de mayo de la presente anualidad, la cual se tuvo por recibida por parte de este juzgado en auto de uno de octubre de dos mil veinte, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. En infundado el recurso de revisión. SEGUNDO. Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Celaya, el treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 730/2019-II que concedió el amparo al quejoso Ricardo Alvarado Romero, respecto del acto y de las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Por lo cual, en el citado auto de uno de octubre actual, se requirió a las responsables el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio recibido en auto de trece de octubre de la presente anualidad, se tuvo a la delegada de la autoridad responsable Oficial Mayor del Municipio de Celaya, Guanajuato, en cumplimiento al fallo protector, remitiendo original y copia de los oficios OMDP-0601-2020 y DGOM-0511-2020, ambos de seis de octubre del presente año, así como sus respectivas constancias de notificación. Del comunicado número DGOM-0511-2020, suscrito por el titular de la Oficialía Mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, manifestó carecer de competencia para dar respuesta a la petición del quejoso presentada el doce de julio de dos mil diecinueve, y lo remitió a la Dirección de Personal por ser el área encargada de recibir las peticiones de pensiones reconocidas en el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Presidencia Municipal. De igual forma, del diverso oficio OMDP-0601-2020, signado por el titular de la Dirección de Personal adscrito a la Oficialía Mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, se da respuesta a la solicitud del quejoso en el sentido de declararla improcedente por las razones ahí expuestas. De lo anterior, se advierte que las autoridades responsables dieron respuesta -en el ámbito de su competencia- a las peticiones del quejoso y se las hicieron de su conocimiento, como se desprende de las constancias de notificación practicadas el siete de octubre de la presente anualidad, como les fue requerido en el fallo protector. En ese sentido, y toda vez que como se desprende en la certificación de cuenta, la parte accionante de la tutela federal no emitió pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; se concluye que con las documentales ofertadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Clasificación y archivo del expediente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó una resolución en la que se concedió la protección de la justicia federal; debiéndose conservar, en su caso, la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga la calidad de cosa juzgada, así como el presente proveído que ordena el archivo como asunto concluido. Finalmente, acorde con lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del multicitado acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos originales que exhibió con su demanda; con el apercibimiento que, de no hacerlo, tales documentales se destruirán. En el entendido que, para recibir la documentación original exhibida en autos, será necesario que el promovente del amparo o sus autorizados en términos amplios, agenden una cita en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; dentro de las trece a las dieciocho horas, de lunes a viernes, al ser el horario asignado por el Consejo de la Judicatura Federal para que este órgano jurisdiccional realice labores presenciales."
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en sentencia emitida el treinta de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Ricardo Alvarado Romero, para el efecto de que las autoridades responsables encargado de la Oficialía Mayor y el director de Personal dependiente de la Oficialía Mayor ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, realizaran lo siguiente: "a) En el plazo de tres días hábiles, den respuesta por escrito a las solicitudes formuladas por la parte quejosa el doce de julio de dos mil diecinueve. b) Notifiquen a la parte quejosa las respuestas dadas a sus solicitudes, en caso de haber señalado domicilio para tal efecto". Inconformes con lo anterior, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, bajo el amparo en revisión número 324/2019, donde por resolución de catorce de mayo de la presente anualidad, la cual se tuvo por recibida por parte de este juzgado en auto de uno de octubre de dos mil veinte, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. En infundado el recurso de revisión. SEGUNDO. Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Celaya, el treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 730/2019-II que concedió el amparo al quejoso Ricardo Alvarado Romero, respecto del acto y de las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Por lo cual, en el citado auto de uno de octubre actual, se requirió a las responsables el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio recibido en auto de trece de octubre de la presente anualidad, se tuvo a la delegada de la autoridad responsable Oficial Mayor del Municipio de Celaya, Guanajuato, en cumplimiento al fallo protector, remitiendo original y copia de los oficios OMDP-0601-2020 y DGOM-0511-2020, ambos de seis de octubre del presente año, así como sus respectivas constancias de notificación. Del comunicado número DGOM-0511-2020, suscrito por el titular de la Oficialía Mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, manifestó carecer de competencia para dar respuesta a la petición del quejoso presentada el doce de julio de dos mil diecinueve, y lo remitió a la Dirección de Personal por ser el área encargada de recibir las peticiones de pensiones reconocidas en el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Presidencia Municipal. De igual forma, del diverso oficio OMDP-0601-2020, signado por el titular de la Dirección de Personal adscrito a la Oficialía Mayor del municipio de Celaya, Guanajuato, se da respuesta a la solicitud del quejoso en el sentido de declararla improcedente por las razones ahí expuestas. De lo anterior, se advierte que las autoridades responsables dieron respuesta -en el ámbito de su competencia- a las peticiones del quejoso y se las hicieron de su conocimiento, como se desprende de las constancias de notificación practicadas el siete de octubre de la presente anualidad, como les fue requerido en el fallo protector. En ese sentido, y toda vez que como se desprende en la certificación de cuenta, la parte accionante de la tutela federal no emitió pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; se concluye que con las documentales ofertadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Clasificación y archivo del expediente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó una resolución en la que se concedió la protección de la justicia federal; debiéndose conservar, en su caso, la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga la calidad de cosa juzgada, así como el presente proveído que ordena el archivo como asunto concluido. Finalmente, acorde con lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del multicitado acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos originales que exhibió con su demanda; con el apercibimiento que, de no hacerlo, tales documentales se destruirán. En el entendido que, para recibir la documentación original exhibida en autos, será necesario que el promovente del amparo o sus autorizados en términos amplios, agenden una cita en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; dentro de las trece a las dieciocho horas, de lunes a viernes, al ser el horario asignado por el Consejo de la Judicatura Federal para que este órgano jurisdiccional realice labores presenciales.
- Principal
Por recibido el oficio de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 730/2019 y remite copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 324/2019, que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. En infundado el recurso de revisión. SEGUNDO. Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Celaya, el treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 730/2019-II que concedió el amparo al quejoso Ricardo Alvarado Romero, respecto del acto y de las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Acúsese recibo vía electrónica y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno de este Juzgado. En atención al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cuaderno de antecedentes deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude tal punto; mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Glósense al presente expediente las actuaciones que en original obren en dicho cuaderno de antecedentes. De conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables: encargado de la Oficialía Mayor y director de Personal dependiente de la Oficialía Mayor ambos del municipio de Celaya, Guanajuato, para que den cumplimiento al fallo protector, en los siguientes términos: En el plazo de tres días hábiles, den respuesta por escrito a las solicitudes formuladas por la parte quejosa el doce de julio de dos mil diecinueve. Notifiquen a la parte quejosa las respuestas dadas a sus solicitudes, en caso de haber señalado domicilio para tal efecto. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
A sus autos el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, por el que informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la delegada de las autoridades responsable, en contra de la sentencia emitida en el presente asunto, el cual quedó registrado como amparo en revisión ***.
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