Ricardo Alonso Ramos Cirigo

Expediente 3509/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3509/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Alonso Ramos Cirigo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, por el que remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 1842/2022 de su estadística, así como un legajo de copias certificadas del juicio de amparo citado al rubro, sin que sea necesario acusar recibo, dado que así lo solicitó. Comuníquese que el citado tribunal, resolvió: "[.] ÚNICO. Se DESECHA el presente recurso de queja. [.]". De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Archivo del asunto Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y dado que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es susceptible destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se desechó el juicio, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que prevé dicho artículo. Asimismo, en atención a lo ordenado en el artículo 34 del capítulo décimo segundo del citado acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Finalmente, dado que el legajo devuelto por el tribunal colegiado se conforma de copias certificadas de las constancias que obran en este expediente, se ordena su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como las certificaciones que anteceden, considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, sin que a la fecha se haya presentado medio de impugnación alguno al respecto; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su ordinal 2, se declara que dicha sentencia en la que se concedió y negó el amparo, en el juicio constitucional en que se actúa, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Por otra parte, tomando en consideración que los puntos resolutivos de dicha sentencia dicen: "PRIMERO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, ambas por conducto de su representante legal, contra los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto y por los motivos expresados en el séptimo considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, ambas por conducto de su representante legal, contra los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto, por los motivos expresados y para los efectos precisados en los considerandos penúltimo y último de esta sentencia." ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Ahora bien, del análisis de los resolutivos de la sentencia, se advierte que los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional son para que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad liquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO, RESPECTO DEL ARTÍCULO 53- B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Es decir, deberá de informar si a la quejosa que se enuncia a continuación le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación: JUICIO QUEJOSA 10021/2015********** 10021/2015******* 10021/2015********** 10021/2015******** 10021/2015******** 10032/2015********** En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; y, De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Para lo cual, remítaseles copia de las ejecutorias enviadas por el tribunal Colegiado oficiante. En el entendido de que: 1.- La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2.- Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3.- No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO. Apercibidas para que, en caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la primera Región con residencia en la Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Finalmente, infórmesele a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. QUEJOSO RFC ************ SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA. Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación en línea de los juicios de amparo y evitar acudir físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Finalmente, agréguese a los autos el oficio remitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mediante el cual acusa recibo de la recepción de los autos originales del toca 326/2017 de su índice, e informa ordenó el archivo; de lo anterior se toma conocimiento. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando cuarto. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero y por los motivos expresados en el noveno considerando de esta sentencia. TERCERO. La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***********, por los motivos expresados en el considerando décimo y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, por el cual en atención al requerimiento formulado en autos, informa el cumplimiento de la sentencia de amparo. Atento a ello, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, con el oficio de la autoridad, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en el entendido de que, una vez transcurrido el término otorgado, con desahogo de la vista o sin él, este órgano judicial dictará resolución en la que se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que para tal efecto señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por lista a la parte quejosa.

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