Ricardo Alonso Hernández Lara
Expediente 659/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 13/10/2022
Partes del expediente
- Ricardo Alonso Hernández Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
El trece de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra del auto dictado el cinco de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el referido acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir catorce de octubre de dos mil veinticinco.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable Comandante de la 2/a. Zona Militar, con sede en esta ciudad, al que acompañó copia certificada de las siguientes constancias: Escrito signado por el quejoso Ricardo Hernández Lara, presentado ante la autoridad responsable Comandante de la 2/a. Zona Militar, con sede en esta ciudad, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Oficio AJ-599/37452, de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual dicha autoridad dio contestación al escrito precisado en el punto que antecede. Captura de pantalla de la que se advierte la constancia de envío del referido oficio al correo electrónico proporcionado por el aquí quejoso, el dieciocho de septiembre de dos mil veintiuno. Asimismo, que del escrito agregado a los autos por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual el directo quejoso pretendió ampliar la demanda de amparo, se observa que éste manifestó que la aludida respuesta emitida por la autoridad responsable, le fue notificada personalmente el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. De esta manera, de las constancias arriba destacadas, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de sobreseimiento que establece la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.]" Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional, se hizo consistir en la falta de respuesta de manera completa y congruente del escrito presentado por el aquí quejoso ante la autoridad responsable, el día veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en el que solicitó se le excepcionara del Servicio Militar, y se le expidiera la constancia de liberación correspondiente; y, quien esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. En ese tenor, de acuerdo al texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Tiene aplicación al efecto por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 9/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo VII, Febrero de 1998, visible a página 210, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la falta de respuesta de manera completa y congruente del escrito presentado por el aquí quejoso ante la autoridad responsable, el día veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en el que solicitó se le excepcionara del Servicio Militar, y se le expidiera la constancia de liberación correspondiente. Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio AJ-599/37452, de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se dio respuesta al escrito presentado por el quejoso en veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el cual le fue notificado personalmente al aquí impetrante de amparo el veintiuno de septiembre del mismo año, según lo manifestó el propio quejoso en el escrito agregado a los autos por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual pretendió ampliar la demanda de amparo. Con lo que se llega al convencimiento que en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la falta de respuesta de manera completa y congruente del escrito presentado por el aquí quejoso ante la autoridad responsable, el día veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en el que solicitó se le excepcionara del Servicio Militar, y se le expidiera la constancia de liberación correspondiente. Por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -trece de septiembre de dos mil veintiuno-; el acto reclamado subsistía, también lo es que, con posterioridad; es decir, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio AJ-599/37452, se dio respuesta al escrito presentado por el quejoso en veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el cual le fue notificado personalmente el veintiuno de septiembre siguiente; de ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la Justicia Federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia del Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta el diverso oficio remitido por del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al que anexó testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 293/2021, de su índice, en el que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por el Comandante de la Segunda Zona Militar del municipio de Tijuana, Baja California, por conducto de su delegada, contra el auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Sexto de Distrito en Materia del Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en el juicio de amparo indirecto 659/2021." Asimismo, en la última parte del considerando cuarto de la aludida ejecutoria, el Tribunal Colegiado determinó lo que a continuación se transcribe: "En las relatadas circunstancias, ante lo fundado del agravio en estudio, lo que procede es revocar el auto recurrido y desechar la ampliación de la demanda." Atento a ello, acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así las cosas, tomando en consideración que en la ejecutoria que se atiende, la superioridad determinó revocar el auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, y desechó la ampliación de demanda formulada por el quejoso Ricardo Alonso Hernández Lara, al haberse presentado de manera extemporánea; por tanto, se tiene desechada tal ampliación por las razones y consideraciones expuestas por el indicado Tribunal. En ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento en el presente juicio de amparo, y se señalan las once horas con diez minutos del tres de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el Comandante de la Segunda Zona Militar, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada Elena Abigail Díaz Calvo, contra el auto dictado el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el cual se registró con el número de queja 293/2021; de lo que este juzgado toma conocimiento, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el oficio CCJ/ST/3965/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; quien actúa ante el licenciado Gerardo Castillo Riedel, Secretario que autoriza y da fe.
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