Ricardo Alfonso León Rodríguez
Expediente 19/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2015
Partes del expediente
- Ricardo Alfonso León Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del término señalado en el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, el auto de nueve de enero anterior, por el cual se desechó la demanda, no fue recurrido por las partes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme a su artículo 2°, se declara que ha quedado firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, archívese el presente sumario como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, en su oportunidad es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda.
- Principal
Vista la demanda de garantías que promueve Ricardo Alfonso León Rodríguez, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, estado de México y otra autoridad, consistentes en la notificación realizada el veintiuno de diciembre de dos mil catorce, dentro del exhorto 447/2014, derivado del procedimiento judicial no contencioso (diligencias de notificación personal) 596/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, así como el posible acuerdo que emita la autoridad antes mencionada; en tales condiciones, se procede analizar si se actualiza o no alguna causal de improcedencia por ser de orden público, conforme lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 1 fracción I, interpretado a contrario sensu, de dicho ordenamiento legal, que dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; El énfasis es propio. De la interpretación de dichos preceptos se obtiene que el juicio de garantías resulta procedente cuando alguna autoridad emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque los derechos humanos reconocidos o bien, las garantías consagradas constitucional y convencionalmente a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces que para examinar a través de la instancia constitucional el proceder del órgano de gobierno, se requiere como presupuesto que el actuar de la autoridad sea susceptible de atacar los derechos públicos subjetivos del gobernados, esto es, que el acto u omisión de que se trate pueda violentar garantías individuales, pues de no suceder así, el juicio de amparo sería improcedente. Lo antes apuntado, debe apreciarse conjuntamente con lo establecido en el primer párrafo del diverso 73 de la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Según se lee, el juicio de amparo no tiene por objetivo provocar mayores consecuencias que el blindaje para el gobernado que lo promueva, en contra del acto de autoridad que trastoque las garantías individuales que la Carta Magna o los tratados internacionales de los que el estado Mexicano sea parte, instituyen a su favor, por lo que se entiende que no se trata de una acción social para cuestionar el proceder de las autoridades en general, sino única y exclusivamente cuando su actuar tienda a desconocer los derechos elementales que el Canon Fundamental y el Derecho Internacional incorporado a nuestro gobierno, reconocen a todos los individuos. En este sentido, el juicio de amparo resultará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridad que por su naturaleza no sean susceptibles de afectar los derechos subjetivos del gobernado, por no transgredir su esfera jurídica. Al tenor de las consideraciones plasmadas, es improcedente la petición de garantías porque el promovente reclama a la autoridad responsable la notificación realizada el veintiuno de diciembre de dos mil catorce, dentro del exhorto 447/2014, derivado del procedimiento judicial no contencioso (diligencias de notificación personal) 596/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Temascaltepec, Estado de México, así como el posible acuerdo que emita la autoridad antes mencionada, bajo el argumento que la notificación referida no se realizó de manera personal, aunado a que en dicha diligencia no se asentó el segundo apellido de la persona con quien se entendió, tampoco se refirió si exhibió su identificación y no obra su firma, aunado a que el instructivo que se pegó en su puerta no describe el inmueble en el cual se constituyó el notificador, transgrediendo con ello lo estipulado en los artículo 14 y 16 Constitucionales. Sin embargo, contrario a lo anterior, los actos reclamados que el ocursante pretende someter al análisis constitucional, no son de aquellos que tienden a desconocer o transgredir alguna garantía individual en específico, ya que de la lectura integral de la demanda y de las constancias que adjuntó el promovente, se advierte que la notificación realizada deriva de un procedimiento no contencioso (diligencias de notificación judicial), dentro del cual únicamente se ordenó hacer de su conocimiento el proveído dictado el veintiocho de agosto de dos mil catorce, emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Temascaltepec, Estado de México, a través del que únicamente se ordena hacer de su conocimiento la terminación o conclusión del poder otorgado mediante escritura pública número cuarenta siete mil ochocientos diecinueve, lo que en forma alguna vulnera la esfera jurídica del gobernado; de ahí que no pueda estimarse que sea un acto de autoridad susceptible de los afectar derechos subjetivos públicos del quejoso. Esto es, el acto señalado por el quejoso como la notificación realizada el veintiuno de diciembre de dos mil catorce, incluido el citatorio, constituyen una cuestión intraprocesal derivadas de un procedimiento no contencioso que por su propia naturaleza y al no tener efectos declarativos ni constitutivos, no afecta sus derechos sustantivos. Lo anterior, sin que pase desapercibido que el promovente en sus conceptos de violación indique se que trata de una ejecución de sentencia, toda vez que del contenido de la demanda y de las constancias que se añadieron se colige que no es así, dado que como ya se mencionó los actos reclamados derivan de un procedimiento no contencioso, atinente a hacer del conocimiento del quejoso, la terminación o conclusión de un poder, el cual, además, en términos del artículo 3.5 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que regula dicho procedimiento no contencioso, es susceptible de darse por terminado en caso de oposición de parte legítima, a quién incluso de desecharse su posición, quedarían a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que estime conveniente. De ahí que se insista que tales diligencias no afectan al gobernado, máxime que también señala como acto reclamado el posible acuerdo que emita la autoridad antes mencionada, lo que además es una consecuencia futura de realización incierta, respecto de la cual, el juicio de garantías, de igual forma, resulta improcedente. En este contexto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Ricardo Alfonso León Rodríguez, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el artículo 1, fracción I de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su escrito de demanda. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, a la persona que se menciona en el escrito de cuenta, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, y en términos restringidos si no cumple con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué el trámite correspondiente. En otro tenor, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes, impreso y electrónico y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formal el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector. Atento a lo anterior, dígasele a la autoridad oficiante, que cuando cuente con la totalidad de la información relativa al cumplimiento dado al fallo protector, de manera inmediata la deberá remitir a este órgano de control constitucional; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado por auto de treinta de mayo de dos mil catorce.
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