Ricardo Alcántara Coronel

Expediente 209/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
209/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
15/05/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Alcántara Coronel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    La sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA; archívese como asunto concluido, susceptible de destrucción.

  2. Incidental

    Archívese como asunto totalmente concluido; original susceptible de depuración; duplicado susceptible destrucción.

  3. Principal

    R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, en términos del quinto considerandos de la presente sentencia. SEGUNDO. Cúmplase con lo establecido en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando último de esta sentencia.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE:"Xalapa, Veracruz; veintidós de abril de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 209/2019, y; (.) QUINTO. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA NO AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD REGULADOR DEL JUICIO DE AMPARO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, debe abordarse el análisis de las causas de improcedencia, por ser de estudio preferente y oficioso, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. (.) En efecto, se advierte que el acto reclamado en análisis consiste en el proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el Fiscal Especializado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mediante el cual se le negó al quejoso su solicitud de expedición de copias relativas a las constancias que integran la carpeta de investigación ***, en la que le asiste el carácter de investigado. En virtud de lo anterior, este juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (.) El numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, regula en lo que interesa el principio de definitividad, pues prevé que para promover el juicio constitucional en contra de un acto emitido por una autoridad de carácter jurisdiccional, dentro de un procedimiento, es necesario que el quejoso previamente haya interpuesto los recursos o medios de defensa legales, dentro del procedimiento del cual emana el acto reclamado, que tiendan a modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Así, el principio de definitividad supone se agoten todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Dicho principio responde indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos. El reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. (.) Asimismo, debe destacarse que los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: (.) Conforme al artículo 218 transcrito, para el imputado no tendrá el carácter de reservada la carpeta de investigación y, por consiguiente, tendrá acceso a la misma, cuando aquél se encuentre detenido, sea citado a comparecer, o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Por su parte, el artículo 219 establece que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Ahora bien, no se ignora que el diverso 337 del citado Código Nacional, establece que el descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa, y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia. En el párrafo segundo establece textualmente que: "El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este Código, así como permitir el acceso del imputado o su Defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las excepciones previstas en este Código." De lo anterior se concluye que el acceso y obtención de copias de todos los registros de la investigación, cobra vigencia en los momentos procesales previstos en el artículo 218, consistentes en que el imputado se encuentre detenido, sea citado a comparecer, o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, por lo que en tales supuestos el Ministerio Público deberá otorgarle al imputado acceso y las copias que solicite, de todos los registros de investigación. Así, la palabra "acceso" a que aluden los citados preceptos, conlleva la posibilidad de que se obtenga una copia o el registro fotográfico de los registros de la investigación en la etapa de investigación inicial ante el Ministerio Público, excluyendo siempre los registros no vinculados directamente con la imputación formulada. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia . de rubro y texto: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA." Por lo tanto, ante la negativa de la autoridad Ministerial a permitir el acceso a los registros, o a expedir las copias solicitadas, aun cuando no se hubiere citado a la audiencia inicial, debe acudirse ante el Juez de control a fin de que éste resuelva lo conducente. Ello es así, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 y 134, fracciones II y IV, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control tiene competencia para ejercer las atribuciones que dicho Código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio, así como el deber de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento y de atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Así, al tratarse de una posible violación al derecho del imputado de consultar los registros de investigación, así como su derecho a una defensa adecuada, es el Juez de Control quien, con fundamento en el artículo 219, y en relación con el numeral 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe resolver lo conducente, teniendo en consideración las restricciones de acceso a la carpeta de investigación que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior, se concluye que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, pues no agotó la instancia contenida en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el Juez de Control, sin que al efecto se actualice excepción alguna al principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que el juicio constitucional resulta improcedente. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. (.)PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ****, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, en términos del quinto considerandos de la presente sentencia."

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