Ricardo Alberto Zavala Rico

Expediente 643/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
643/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Ricardo Alberto Zavala Rico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Causa estado Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintiuno al veintisiete de octubre de dos mil veinte, en que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de trece de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.

  2. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Cumplimiento a requerimiento Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el acta de comparecencia del quejoso Ricardo Alberto Zavala Rico de fecha nueve de octubre del año en curso, por la cual ratificó en todas y cada una de sus partes el contenido del escrito aclaratorio de demanda recibido en este Juzgado el pasado dos de octubre del año que transcurre. Atento a lo anterior, y visto el contenido del escrito aclaratorio, téngase a la parte quejosa por dando cumplimiento a la prevención hecha por este órgano jurisdiccional en diverso auto de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, en consecuencia, hoy se acuerda en los siguientes términos: Precisión del acto reclamado El quejoso como actos destacados precisa los siguientes: Del Juez Cuarto de lo Familiar en esta ciudad: El auto de treinta y uno de julio de dos mil veinte, emitido dentro del expediente 807/2020 relativo al juicio de controversia familiar por alimentos, custodia y otros, en el cual decreta a favor de Sarahena Concepción García Mendoza y su menor hija A.M.Z.G. una pensión alimenticia consistente en el treinta por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe el quejoso en la actividad que desempeña, además decreta como medida precautoria de protección la desocupación inmediata del domicilio conyugal, quedando en dicho domicilio depositadas tanto Sarahena Concepción García Mendoza, como su menor hija, entre otras cosas. De las autoridades ejecutoras: La ejecución de dicho auto. En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, como el respectivo escrito aclaratorio, se arriba a la conclusión de que la misma deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone:.... Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El precepto anteriormente transcrito, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Debe recordarse que el principio de definitividad que impera en materia de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, previo a su promoción, el impetrante debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal o, como lo señala el propio numeral 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, los actos relacionados con el orden penal especificados en ese precepto o bien, tratándose del tercero extraño. Ello, en virtud de que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. De ahí que, si se pasaran por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que agoten las facultades que le competen, y el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo supliría las facultades de la administración pública. En el caso, los artículos 78, 90, 932, 936, 943, 944, 945, 946 y 1148 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, establecen lo siguiente: Artículo 78.- Las resoluciones son: I.- Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II.- Decisiones sobre materia que no sea de puro trámite, y entonces se llamarán autos, debiendo contener los fundamentos legales en que se apoyen; III.- Sentencias definitivas o interlocutorias, según que decidan el negocio principal o que decidan un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. Todas las resoluciones pronunciadas por los jueces y magistrados serán autorizadas con su firma entera y la de los secretarios. Artículo 90.- Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. Artículo 932.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 936.- La apelación tiene por objeto esencial que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. Sin embargo, tratándose de sentencias definitivas, si el tribunal de apelación advirtiere que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento, o que el juez de primera instancia incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al apelante o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, aún cuando la parte recurrente no hubiese formulado el concepto de agravio respectivo, podrá revocar la resolución recurrida y mandar reponer el procedimiento, a fin de subsanar la violación advertida; determinación que también podrá emitir cuando aparezca que no ha sido oída alguna de las partes que tengan derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley. [.] Artículo 943.- La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia o del auto hasta que éstos causen ejecutoria, y, entretanto, sólo podrán dictarse las resoluciones que se refieran a administración, custodia o conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, siempre que la apelación no verse sobre alguno de esos puntos. Artículo 944.- La apelación admitida sólo en el efecto devolutivo, no suspende la ejecución de la sentencia o del auto apelado. Si el recurso se hubiere interpuesto contra una sentencia, se dejará en el juzgado copia certificada de ella y de las constancias necesarias. Artículo 945.- Las sentencias definitivas pronunciadas en negocios cuya suerte principal exceda de diez mil pesos, y en aquéllos en que el interés no sea susceptible de valorarse en dinero, serán apelables en ambos efectos, salvo los casos expresamente exceptuados. Las sentencias definitivas dictadas en juicios cuya suerte principal sea inferior a diez mil pesos, no admitirán recurso alguno. Artículo 946.- Las demás resoluciones sólo son apelables cuando decidan un incidente y cuando esta Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicten. La apelación será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo los casos que este Código exceptúe. Artículo 1148.- Salvo los casos previstos en el Artículo 948 Bis, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Conforme a esto, en términos generales, es posible derivar que el recurso de apelación procede ante el tribunal de alzada para que sea éste quien confirme, modifique o revoque la resolución apelada; por regla general, contra sentencias definitivas y, en los casos que la ley señala, contra autos e interlocutorias; que el recurso de revocación procede contra resoluciones no definitivas (autos no apelables y decretos) por el propio juez o tribunal que los dictó. Asimismo, de la codificación procesal civil de esta entidad federativa, se tiene que serán apelables los autos y las interlocutorias siempre que la sentencia definitiva lo sea y, específicamente en el caso de resoluciones provisionales, dispone que podrán ser modificados a través de sentencia interlocutoria o definitiva. Por su parte, respecto al otorgamiento de alimentos, el citado ordenamiento establece que en contra de las sentencias definitivas de la referida naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza; de lo que puede deducirse que al proceder la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es en contra de los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento provisional. Además, la ley procesal de la materia reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, pues también abarca a los autos que se dicten en la contienda como se señaló anteriormente. Similar conclusión fue adoptada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 322/2016 de su índice, en donde se analizaron las legislaciones del Estado de México, del entonces Distrito Federal y del Estado de Durango. Dicha contradicción dio paso a la tesis 1a. CCXIII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se invoca por las razones que la sustentan, dada la similitud de redacción del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, con la legislación que regía entonces en la Ciudad de México; criterio publicado en la página 357 del libro 61, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 2018, Décima Época, con registro digital 2018737, que dice: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda. Es importante mencionar que el citado criterio no constituyó jurisprudencia en virtud de que se encontraron divergencias entre las legislaciones analizadas, pues mientras que en el Estado de México era procedente el recurso de revocación en contra de resoluciones que determinaran pensiones alimenticias provisionales; para la ahora Ciudad de México (legislación de similar redacción al Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí) y el Estado de Durango, se encontró procedente el recurso de apelación en contra de determinaciones de igual naturaleza (pensiones alimenticias provisionales). Así, al encontrar dichas divergencias, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional, concluyó que no era procedente decretar la contradicción de tesis, se insiste, en la medida en que en las mencionadas entidades federativas se preveían recursos distintos para combatir la resolución que autorizara una pensión alimenticia provisional; lo anterior, no sin antes interpretar y esclarecer la procedencia de los mencionados recursos en cada una de esas ciudades. Bajo esa premisa, se torna evidente que Ricardo Alberto Zavala Rico, al estar vinculada a la relación jurídico procesal de origen, por ser la parte demandada, esto es, al ser parte formal y material, se encontraba obligada a interponer el medio de defensa que consagra la ley que rige el acto reclamado, es decir, el recurso de apelación, en aras de obtener la modificación o revocación del acto reclamado y, al mismo tiempo, evitar el abuso del juicio de amparo. En esa medida, al no haber agotado el aludido recurso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso ordinal 113 de la propia ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda que nos ocupa.... Sin que en el caso se actualice el caso de excepción al citado principio de definitividad, inherente a que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; ello, pues se insiste, al existir un pronunciamiento al respecto por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se cumplió con el objetivo primordial en el sentido de que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo.... Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Notificaciones Asimismo, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente....

  3. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Escrito de cuenta Téngase recibido el escrito a que se refiere la razón de cuenta, por medio del cual Ricardo Alberto Zavala Rico, pretende dar cumplimiento a la prevención impuesta en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; atento a su contenido se provee: Con la finalidad de acordar lo procedente en derecho en cuanto al contenido del escrito de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, debidamente identificado, ratifique ante la presencia judicial el contenido y firma del escrito de que se trata, en virtud de que la firma que lo calza, difiere de la que estampó en el escrito inicial de demanda, apercibido legalmente que de no hacerlo, se tendrá por no elevada la petición que se contiene en el ocurso de mérito... Citación para desahogo de diligencia mediante el Código QR. Luego, en vista de que se requirió al Ricardo Alberto Zavala Rico, para que dentro del término de tres días, ante la presencia judicial manifieste si ratifica el contenido y firma del escrito de que se trata. Ahora bien, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En lo que aquí interesa, en los artículos 3 a 8 del precitado acuerdo, se prevé un mecanismo diseñado con la finalidad de que las partes estén en posibilidad de generar citas para consulta de expedientes, implementándose como herramienta tecnológica de acceso a los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la generación de un Código QR. De igual forma, el artículo 6º, fracción I, dispone que cuando sea el órgano jurisdiccional, quien cite a una persona al desahogo de una comparecencia, o para el desahogo de una diligencia, será el propio juzgado, quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ". En tales condiciones, al actualizarse la necesidad de que comparezca ante la presencia judicial Ricardo Alberto Zavala Rico, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para que comparezca el quejoso en las instalaciones de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ubicado en calle Palmira 905, Ala "B", Primer Piso, fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, en esta ciudad; lo anterior debido a las cargas de trabajo con la que cuentan los actuarios adscritos a este órgano, en el entendido de que deberá comparecer cinco minutos antes de la fecha y hora programada. Así, para garantizar su asistencia en la fecha y hora fijadas, al momento de practicarse la notificación personal del presente acuerdo, se le hará entrega del Código QR respectivo; y, en el caso de que la presente citación se notifique por medio de lista, el Código QR, se dejará en el acceso del Edificio sede el Poder Judicial de la Federación, sito en, calle Palmira 905, Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, en esta ciudad, circunstancia en la cual, se deberá dar aviso a la administración regional, con las fechas y horarios de la fecha programada. Además, las personas citadas, deberán respetar las medidas de sana distancia implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), así como, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, además, de usar cubrebocas en todo momento. Se apercibe a la persona citada, que en caso de no comparecer en la fecha y hora programada sin justa causa, se tendrá por no elevada su petición que se contiene en el ocurso de mérito. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento de Ricardo Alberto Zavala Rico, que si así lo desea, puede agendar cita a efecto de ratificar el escrito de cuenta y solicitar la consulta física del presente expediente y/o sus constancias, antes de la fecha señalada en los párrafos precedentes, para lo cual deberá agotar el procedimiento de activación de atención al público, que a partir del tres de agosto del dos mil veinte estará disponible en el Portal de Servicios en línea micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el cual además de encontrar los teléfonos de los órganos jurisdiccionales, encontrara el sistema de "Agenda OJ" en la cual aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citar para consultar expedientes, en la cual se generara un Código QR, que permitirá su acceso al órgano, en los términos previstos por los artículos 3 a 8, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de cinco de octubre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Escrito de cuenta Téngase recibido el escrito a que se refiere la razón de cuenta, por medio del cual Ricardo Alberto Zavala Rico, pretende dar cumplimiento a la prevención impuesta en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; atento a su contenido se provee: Con la finalidad de acordar lo procedente en derecho en cuanto al contenido del escrito de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, debidamente identificado, ratifique ante la presencia judicial el contenido y firma del escrito de que se trata, en virtud de que la firma que lo calza, difiere de la que estampó en el escrito inicial de demanda, apercibido legalmente que de no hacerlo, se tendrá por no elevada la petición que se contiene en el ocurso de mérito... Citación para desahogo de diligencia mediante el Código QR. Luego, en vista de que se requirió al Ricardo Alberto Zavala Rico, para que dentro del término de tres días, ante la presencia judicial manifieste si ratifica el contenido y firma del escrito de que se trata. Ahora bien, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En lo que aquí interesa, en los artículos 3 a 8 del precitado acuerdo, se prevé un mecanismo diseñado con la finalidad de que las partes estén en posibilidad de generar citas para consulta de expedientes, implementándose como herramienta tecnológica de acceso a los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la generación de un Código QR. De igual forma, el artículo 6º, fracción I, dispone que cuando sea el órgano jurisdiccional, quien cite a una persona al desahogo de una comparecencia, o para el desahogo de una diligencia, será el propio juzgado, quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ". En tales condiciones, al actualizarse la necesidad de que comparezca ante la presencia judicial Ricardo Alberto Zavala Rico, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para que comparezca el quejoso en las instalaciones de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ubicado en calle Palmira 905, Ala "B", Primer Piso, fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, en esta ciudad; lo anterior debido a las cargas de trabajo con la que cuentan los actuarios adscritos a este órgano, en el entendido de que deberá comparecer cinco minutos antes de la fecha y hora programada. Así, para garantizar su asistencia en la fecha y hora fijadas, al momento de practicarse la notificación personal del presente acuerdo, se le hará entrega del Código QR respectivo; y, en el caso de que la presente citación se notifique por medio de lista, el Código QR, se dejará en el acceso del Edificio sede el Poder Judicial de la Federación, sito en, calle Palmira 905, Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, en esta ciudad, circunstancia en la cual, se deberá dar aviso a la administración regional, con las fechas y horarios de la fecha programada. Además, las personas citadas, deberán respetar las medidas de sana distancia implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), así como, evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, además, de usar cubrebocas en todo momento. Se apercibe a la persona citada, que en caso de no comparecer en la fecha y hora programada sin justa causa, se tendrá por no elevada su petición que se contiene en el ocurso de mérito. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento de Ricardo Alberto Zavala Rico, que si así lo desea, puede agendar cita a efecto de ratificar el escrito de cuenta y solicitar la consulta física del presente expediente y/o sus constancias, antes de la fecha señalada en los párrafos precedentes, para lo cual deberá agotar el procedimiento de activación de atención al público, que a partir del tres de agosto del dos mil veinte estará disponible en el Portal de Servicios en línea micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el cual además de encontrar los teléfonos de los órganos jurisdiccionales, encontrara el sistema de "Agenda OJ" en la cual aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citar para consultar expedientes, en la cual se generara un Código QR, que permitirá su acceso al órgano, en los términos previstos por los artículos 3 a 8, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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