Ricardo Alberto Iturralde Martinez
Expediente 2316/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2316/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Ricardo Alberto Iturralde Martinez
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito signado por el quejoso Ricardo Alberto Iturralde Martínez, por el que interpone recurso de queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo; consecuentemente, con apoyo en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, envíese los presentes autos, el original y copia del escrito que se provee al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para los efectos de la sustanciación del citado recurso. Asimismo, con sustento en el artículo 101 de la ley de la materia, infórmese a la superioridad que es cierto el acto reclamado, para lo cual se ordena enviar el original del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se antecede que ha transcurrido el término de cinco días, concedido a la parte quejosa en proveído de quince de noviembre del año en curso (fojas 09 a 12), sin que haya dado cumplimiento a la prevención que le fue decretada. Por lo tanto, hágase efectivo el apercibimiento indicado en aquel auto, y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda promovida por Ricardo Alberto Iturralde Martínez. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 307, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN". Cuando en términos de lo previsto en el primer párrafo, del artículo 146, de la Ley de Amparo, el juez de Distrito previene al promovente del juicio de garantías para que colme alguno de los requisitos necesarios de la demanda, establecidos en el precepto 116 del propio ordenamiento, con el apercibimiento de ley, verbigracia exprese el acto reclamado o lo precise y, el promovente incumple con satisfacer tal requerimiento, debe concluirse que ulterior auto de desachamiento de esa demanda se ajuste a lo ordenado en el segundo párrafo, del dispositivo legal invocado en primer término. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Con fundamento en los artículos 62, 270 y 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el quejoso Ricardo Alberto Iturralde Martínez, por el cual pretende aclarar su escrito inicial de demanda, y al efecto, se acuerda: Toda vez que del escrito de cuenta, se advierte que el citado impetrante aduce promover demanda de amparo por propio derecho y en representación de las personas morales Acumuladores, Filtros y Partes Eléctricas, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Centro de Distribución AFYPESA, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y Auto Eléctrica de la Costa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio laboral J/O/319/2011, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, sin que al efecto haya enviado las constancias con las que acredite la representación que señala ostenta respecto de las citadas quejosas morales. En consecuencia, hágase del conocimiento del solicitante del amparo Ricardo Alberto Iturralde Martínez, que deberá acreditar con documento idóneo, en original o certificada, la representación de las personas morales Acumuladores, Filtros y Partes Eléctricas, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Centro de Distribución AFYPESA, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, y Auto Eléctrica de la Costa, Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del término restante al concedido en auto de cinco de noviembre del presente año, esto es, de dos días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído. Lo anterior, toda vez que el plazo otorgado en dicho proveído se interrumpió con la presentación del ocurso de cuenta, y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no hacerlo, se procederá conforme a los apercibimientos decretados en auto de cinco de noviembre del presente año. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, de rubro y texto siguiente: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo". Máxime que el acreditamiento de la personalidad con que se ostentan, no es una cuestión que únicamente incumba a los quejosos y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional, sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda, incide en la defensa de las partes en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil cuatrocientos cuarenta y nueve, Libro 36, Tomo II, noviembre de dos mil dieciséis, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar el propio quejoso, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA."
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Alberto Iturralde Martínez, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número de Dos de la Local De Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese bajo el número 2316/2019. Con la finalidad de establecer la procedencia de la acción intentada en esta vía, con fundamento en lo previsto en los artículos 112 y 108 fracciones I y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, por escrito, al que deberá acompañar las copias relativas necesarias para correr traslado a la totalidad de las partes en este asunto, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda conforme a lo siguiente: 1.- Manifieste si el presente juicio de amparo lo interpone por propio derecho o en representación de alguien más, y de ser el caso, proporcione el nombre de su representada. 2.- Especifique el acto o actos que en esta vía reclama, si se trata de la falta o ilegal emplazamiento al juicio desde su inicio o si lo que pretende reclamar es la ilegal notificación del inicio de la etapa de ejecución, y sí dentro de dichos actos se encuentra la orden de pago que refiere, acompañando las constancias necesarias con las que acredite dicha orden. 3.- Toda vez que el promovente señala tener reconocida su personalidad en el juicio laboral de origen, se solicita que señale el número con el cual se encuentra registrado dicho procedimiento, el nombre de la parte actora y demandada que intervinieron en dicho juicio, y el estado procesal en que se encuentra. 4.- Amplíe de forma clara y precisa los antecedentes del acto reclamado, en el entendido que deberán narrarlos de forma precisa, detallada y de manera cronológica, asentando fecha exacta de los hechos que reclama. Los anteriores requerimientos encuentran justificación en el hecho de que, de admitirse así la demanda de amparo, propiciaría una amplia gama de incertidumbre, expectativas y opiniones respecto de cuáles son las circunstancias objetivas bajo las cuales la parte quejosa acciona este medio de control constitucional, así como los actos reclamados y autoridad responsable en los términos expuestos en este auto, lo cual tiene fundamento en lo previsto en las fracciones I a V, del citado artículo 108, de la Ley de Amparo, esto es, que deberá exponer, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado y que puedan servir de fundamento a los conceptos de violación, así como los actos y autoridades responsables; además, de no hacerlo, redundaría en la imprecisa e interminable configuración de la litis constitucional, con la consecuente inseguridad jurídica para las partes en el debido proceso del sumario de amparo, de no demostrarse exactamente los precedentes, naturaleza y sus características del acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa y ordenada a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes y autoridades responsables, este tribunal advierte que el promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. Además debe precisarse a la parte quejosa que las copias del escrito por el que dará cumplimiento a esta prevención, será en cantidad igual a las de su demanda inicial, para ser distribuidas a las autoridades responsables y de darse el caso aperturar el original y duplicado del incidente de suspensión respectivo. Cobra aplicación, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 170, que dice: COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar el directamente promovente, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la parte quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica. Se tiene como autorizados en términos amplios de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley de la materia, a Jorge Raúl Ruiz Gamborino y José Rolando Hernández Alegría, únicamente para imponerse de autos a las demás personas que menciona, toda vez que no cuentan con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado del Poder Judicial de la Federación, que los acredite como licenciados en derecho.
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