Ricardo Alberto Hernandez Flores

Expediente 800/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
800/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Alberto Hernandez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 81, fracción I, inciso e), del mismo ordenamiento legal, sin que la parte legitimada hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el catorce de julio de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó en el sumario en que se actúa; por lo que se declara que la misma ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Así las cosas, se ordena archivar el expediente como asunto concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Conforme a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase saber a las partes que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído en el juicio; por ello, no guarda relevancia documental, jurídica, política, social o económica; y, por ende, habrán de destruirse sus actuaciones. La destrucción del expediente, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 21 del citado acuerdo general, ocurrirá una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del precitado Acuerdo General, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, puesto que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. En tanto que, de conformidad a lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del precitado Acuerdo General, el duplicado de los cuadernos de suspensión derivados del sumario en que se actúa será destruido una vez transcurridos seis meses, puesto que se cuenta con el original. Una vez cumplidos los términos referidos, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dichos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se celebra la audiencia constitucional. V I S T O S, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo [.] se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Zapopan, Jalisco, a las once horas con cuarenta minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo indirecto 800/2022, al estar en audiencia pública Fernando Manuel Carbajal Hernández, Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco; quien actúa en unión de Dulce María Martínez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe, así como de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19, así como el diverso 9/2022, en relación con el periodo de su vigencia, sin la presencia de las partes y sin presencia pública. Acto continuo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de constancias y da cuenta con el estado de autos, es decir, con lo ahí agregado y acordado. El Juez de Distrito acuerda: De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición del informe justificado por la autoridad responsable lo que se tendrá en cuenta al fallarse este asunto. Así las cosas, no habiendo escrito ni oficio pendientes por acordar, se procede a aperturar el período probatorio, en el que se reitera la admisión y desahogo de las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa junto con su escrito inicial de demanda de amparo, mismas que serán tomadas en cuenta al resolver este juicio. En relación a este tópico -pruebas- por permitirlo el estado procesal que guardan los autos, se levanta la reserva decretada en auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, relativa a la prueba presuncional legal y humana, ofrecida por la parte quejosa, la que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en virtud de su propia y especial naturaleza. No habiendo más pruebas por reseñar, admitir, ni desahogar, se declara cerrado el período respectivo. Abierto el período de alegatos, la Secretaria da cuenta con los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, mediante el pedimento 314/2022, sin que diversa parte haya hecho uso de ese derecho, por lo que se cierra esta etapa. Al no existir pruebas por acordar o diligencia alguna pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional, en términos de la presente acta, y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. SENTENCIA V I S T O S, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo indirecto 800/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado de forma electrónica el diecinueve de abril de dos mil veintidós, que por turno correspondió conocer a este Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Ricardo Alberto Hernández Flores, por propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y por los actos consistentes en: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Tiene ese carácter: a. Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco con domicilio en. b. Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con domicilio en. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco le reclamo la integración de la Comisión Mixta de Escalafón, así como el convenio de escalafón. Del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco le reclamo el no ordenar o apercibir a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, la suspensión provisional de las gestiones sindicales en específico el proceso escalafonario, en razón de existir actualmente un juicio laboral por el reconocimiento de la mayoría sindical el cual conlleva a titularidad de las condiciones generales de trabajo, el cual le corresponde el número de expediente 689/2021- colectivos y acumulado." SEGUNDO. La parte quejosa manifestó que las autoridades responsables transgredieron en su perjuicio los derechos humanos consignados en los artículos 1, 14 ,16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. En auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, por una parte se desechó la demanda de amparo respecto de los actos reclamados a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley en cita; y por otra parte, se admitió la demanda de amparo por lo que hace a la omisión de ordenar o apercibir a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para que suspenda provisionalmente las gestiones sindicales en el proceso escalafonario, misma que se registró con el número de amparo 800/2022, motivo por el cual se ordenó tramitar el juicio con sujeción a las disposiciones legales aplicables, lo que implicó pedir el informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención al Fiscal Federal de la adscripción, dándose intervención con el carácter de terceros interesados al Sindicato de Servidores Públicos de la Secretaría de Cultura, Sindicato Democrático de Servidores Públicos en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, los cuales se ordenó su emplazamiento, y fijar hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Todo lo anterior fue cumplido, se dictaron los acuerdos procedentes y la audiencia de ley inició en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el estado de Jalisco, es competente para resolver este juicio conforme a los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente (reforma de siete de junio de dos mil veintiuno), y al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en los que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa cuál es el acto reclamado en el amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia del acto impugnado en el juicio, debe quedar precisado cuál es éste. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuál es el acto reclamado, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se formulen sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En apoyo a lo anterior, cobran aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis aislada número P. VI/2004, cuyos respectivos rubros dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo, sin atender a los calificativos vertidos en la enunciación del acto reclamado y, al armonizar los datos y elementos que la conforman, se deduce que lo reclamado en esta instancia constitucional consiste en lo siguiente: La omisión de ordenar o apercibir a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para que suspenda provisionalmente las gestiones sindicales en el proceso escalafonario, en razón de existir actualmente un juicio laboral por el reconocimiento de la mayoría sindical el cual conlleva a titularidad de las condiciones generales de trabajo, con el número de expediente 689/2021- colectivos y acumulado. Una vez precisado el objeto de reproche, por cuestión de técnica, enseguida se analizará su certeza o inexistencia, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada del siguiente rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 124 de esa ley. En ese sentido, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia, sea amparo directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar y declarar las causas de improcedencia que a su criterio se actualicen para, por último, de no encontrarse alguna, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otros motivos, porque de no ser cierto el acto combatido resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia. En otras palabras, el estudio de alguno de los supuestos previstos en el artículo 61 de la Ley de Amparo o del fondo del asunto, implica en primer lugar que existan los actos reclamados y sólo en el evento de que así sea, deberá ser el juicio procedente, siempre y cuando no se demuestre lo contrario, para que pueda estudiarse el asunto de fondo. Se cita por analogía, la jurisprudencia identificada como XVII.2o. J/10, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Con el propósito de determinar la certeza de la conducta que se reclama, es necesario explicar brevemente las reglas que sobre la prueba rigen en el juicio de amparo. Para tal efecto, conviene determinar quién tiene la carga de la prueba, es decir, a qué parte corresponde acreditar la existencia y la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la conducta reclamada, ya que la institución jurídica mencionada precisa quién debe demostrar sus afirmaciones. En ese orden de ideas, se enuncian algunas reglas generales que sirven para determinar la institución procesal de referencia: a) Las partes asumirán la carga de probar los hechos constitutivos de su acción, regla prevista en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. b) Otro de los principios reguladores sobre la carga de la prueba se encuentra previsto en el artículo 82 de la legislación adjetiva de referencia, de cuya interpretación, en sentido contrario, se entiende que sólo el que afirma tiene la carga de probar, y no así el que niega; sin embargo, existen excepciones a esta regla: 1) Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. 2) Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor la contraparte. 3) Cuando se ignore la capacidad de la parte contraria. Sobre esta explicación, es menester mencionar lo establecido por la Ley de Amparo en relación con la carga de la prueba, para lo cual se tiene en cuenta el contenido del párrafo tercero del artículo 117, que señala: "Artículo 117. [...] Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos y garantías que se refiere el artículo 1° de esta Ley [...]". (Énfasis agregado). De conformidad con lo anterior, la parte quejosa sólo está obligada a soportar la carga probatoria cuando la inconstitucionalidad del acto reclamado dependa de motivos externos a su propia existencia, tales como los datos o pruebas en que se haya fundado; pero lo trascendente de la norma transcrita es que releva a dicha parte de la obligación de probar cuando el acto sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, pues en este caso, acreditada la existencia del acto reclamado, lo estará también su inconstitucionalidad. En armonía con lo expuesto, es importante tener en cuenta que la existencia o inexistencia del acto reclamado forzosamente debe ser apreciada en función de las facultades, atribuciones y competencia que pueda tener la autoridad responsable para emitirlo o bien para responder a la acción o petición del particular. Sobre el tema en cuestión se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la tesis aislada XXIV/98 (cuyo texto más adelante se cita), al analizar las reglas de la carga de la prueba tratándose de actos reclamados que se hacen consistir en omisiones. En lo conducente se transcribe dicho criterio: ".Bajo ese entendido, un acto omisivo de esta naturaleza será cierto o inexistente, independientemente de las manifestaciones de la responsable, en función de las obligaciones constitucionales o legales que ineludiblemente estaba constreñida a realizar, sean éstas en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada sin que tenga como presupuesto una condición, y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma. (.)". De la anterior transcripción se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para verificar si un acto existe o no, debe considerarse si previamente existe una condición que coloque a la autoridad responsable en la obligación de proceder en la manera que se lo exige el particular, esto es, se debe sopesar si existe un supuesto normativo que la autoridad responsable haya incumplido. Al respecto, sirve de apoyo, la tesis aislada 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". De igual forma, apoya la anterior conclusión, en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO". El conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis, (i) que esta sea consecuencia de un acto previo que la origine, o bien, (ii) casos donde no tenga como presupuesto una condición, y (iii) actos que requieren solicitud, petición o condición. Las omisiones que tienen origen en actos previos son aquellos que conoce la autoridad directamente, y sólo esperan ejecución (i); también, serán omisiones, los hechos o situaciones inmediatas que inexcusablemente debe conocer, y no tienen como presupuesto algún requisito o condición (ii); y finalmente, los actos con condición son aquellos que prevén la existencia de previos requisitos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad (iii). Radica la omisión, tanto en una facultad habilitante, como en un presupuesto lógico: sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, que son aquellas donde el Estado, teniendo conocimiento de un acto o hecho, no acata la facultad normativa. Ejemplo de lo antes expuesto, serían: ante la existencia de un fallo o determinación judicial, la omisión de ejecutar, entregar, pagar, liberar. Aquí la omisión, tiene un acto previo que la funda, y que obliga a la autoridad a actuar, bajo lo especificado y determinado previamente, es decir, por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente lo habilitan y constriñen (i). Otro ejemplo, sería una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental; hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias (ii). En estos casos la obligación se especifica en proporción al hecho y consecuencia normativa prevista. Y un último ejemplo, es el caso, donde la autoridad requiere algún tipo de formulario, pago, o bien, una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe; estas condiciones son necesarias por razones de orden lógico para que la autoridad se encuentre en aptitud de ejercer sus atribuciones. La explicación anterior, es relevante para el juicio de amparo, en la medida de que dependiendo de la omisión y sus presupuestos (facultad normativa y conocimiento de la autoridad), podrá establecerse su existencia. Ahora, en el caso, la parte quejosa le reclama al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, la omisión de ordenar o apercibir a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para que suspenda provisionalmente las gestiones sindicales en el proceso escalafonario, en razón de existir actualmente un juicio laboral por el reconocimiento de la mayoría sindical el cual conlleva a titularidad de las condiciones generales de trabajo, con el número de expediente 689/2021- colectivos y acumulado. Luego, la autoridad responsable al rendir su informe justificado aceptó que omitió realizar lo manifestado por la parte quejosa, no obstante lo anterior, dicha aceptación se ve desvirtuada, en virtud de que si bien es cierto, existe un juicio laboral tramitado ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por el que se ventila el reconocimiento de la mayoría sindical, registrado con el número de expediente 689/2021- colectivos y acumulado, también lo es que la materia de dicha controversia es totalmente ajena a la pretensión del aquí quejoso, pues según lo que refiere en su demanda de amparo, pretende la suspensión del proceso de conformación de la comisión mixta de escalafón de la secretaría de cultura. Por lo que si en el referido procedimiento 689/2021- colectivos y acumulado, lo que se encuentra como materia de éste lo es el reconocimiento de la mayoría sindical, y el quejoso aduce que su intención es que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, ordene o aperciba a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para que suspenda provisionalmente las gestiones sindicales en el proceso escalafonario, al no existir un acto previo que la funde, y que obligue a la autoridad a actuar de determinada forma, ni algún hecho o situación inmediata que inexcusablemente deba conocer, para que la autoridad estuviera obligada a por lo menos considerar el actuar de la forma en que el quejoso pretende. Éste debió dar el impulso para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, ello sin que de autos se advierta que hubiera formulado el escrito correspondiente realizando la solicitud de ordenar o apercibir a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para que suspenda provisionalmente las gestiones sindicales en el proceso escalafonario, en razón de la existencia del juicio laboral 689/2021- colectivos y acumulado, por ende, no es dable tener por cierto el acto aquí reclamado. Hecha la observación anterior, es importante tener en cuenta que la existencia o inexistencia del acto reclamado, forzosamente debe ser apreciada en función de la posibilidad formal y material que pueda tener la autoridad responsable para emitirlo o bien para responder a la acción o petición de los particulares, es decir, para verificar si un acto existe o no, debe considerarse si previamente existe una condición que coloque a la autoridad responsable en la obligación de proceder en la manera que se lo exige la ley y la parte quejosa. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Igualmente orienta el tema, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder." Por consiguiente, sí la parte quejosa no acreditó que efectivamente hubiera formulado el escrito correspondiente realizando la solicitud de ordenar o apercibir a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para que suspenda provisionalmente las gestiones sindicales en el proceso escalafonario, en razón de la existencia del juicio laboral 689/2021- colectivos y acumulado, por ende, no es dable tener por cierto el acto aquí reclamado, es claro que no existe la obligación de que éste le responda, de ahí la inexistencia del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, en virtud de la inexistencia del acto reclamado. Atento al sentido del presente fallo, resulta imposible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la actualización del motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este Juez de Distrito encuentra vedado para analizar su fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Solo resta señalar, que es criterio reiterado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien, la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, tal circunstancia no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas. En efecto, ese Alto Tribunal concluyó que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre jurídica para los propios destinatarios de ese ejercicio. Las consideraciones en cita se encuentran plasmadas en la jurisprudencia emitida por la citada Segunda Sala, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". De ahí que la normatividad en comento, así como el principio pro persona, no se traducen en que las cuestiones planteadas por los particulares deban resolverse de manera favorable a sus pretensiones, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos o dar lugar a las interpretaciones más favorables que le sean planteadas, cuando éstas no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, a la postre, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes, por lo que al margen de una interpretación más favorable a los intereses de los gobernados, no pueden soslayarse las normas de derecho aplicables. Apoya lo dicho precedentemente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.". Por otro lado, resulta importante destacar, que no se realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, solo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en los informes con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino solo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia, lo anterior en términos de la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Asimismo, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima época, noviembre de 2018, página 1290, de rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Ricardo Alberto Hernández Flores, contra el acto que reclama de la autoridad responsable, precisado en el segundo considerando, por los motivos expuestos en el último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Manuel Carbajal Hernández, Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa en unión de Dulce María Martínez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe. DMMS Dulce María Martínez Sánchez

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario General de del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, a través del cual, en atención al requerimiento formulado el diecisiete de junio del año en curso, remite las constancias que le fueron solicitadas del expediente ****** y su acumulado; con los legajos certificados de cuenta se ordena dar vista a las partes, por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con las constancias que se adjuntan al comunicado de cuenta fórmense el cuaderno de pruebas correspondientes.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de quince de junio del año en curso, se requirió al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, a fin de que remita copia certificadas, completas y legibles de todo lo actuado en el expediente de origen, sin que a la fecha obre la constancia de notificación correspondiente. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma.

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