Ricardo Alan Boone Salmón

Expediente 587/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
587/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Alan Boone Salmón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; con fundamento en el artículo 2, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, causó ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de las responsables no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86, de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, de la ciada ley, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído el juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido; sin necesidad de pronunciarse respecto del destino de los incidentes de suspensión, toda vez que en la audiencia incidental se hizo la valoración respectiva de los mismos. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso a), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. De igual forma, el presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 61, 62 y 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio; del Director de Responsabilidades Administrativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaria de la Función Pública, y el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades y en representación de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, toda vez que el diecisiete de mayo del año en curso se proveyó al respecto.

  3. Principal

    Agréguese lo de cuenta; con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del informe justificado que rinde las autoridades responsables, Director de Responsabilidades Administrativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaria de la Función Pública, y el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades y en representación de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua. para que en el uso de sus derechos manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su informe y designando como delegados en términos del artículo 9º de la ley de la materia, a las personas que menciona. De igual manera téngase a la citada responsable remitiendo como pruebas de su parte copias certificadas, de conformidad con los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se hará relación en la audiencia constitucional respectiva Ahora, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. En seguida, del examen integral de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional, entre las cuales se encuentran las documentales allegadas por la responsable en el oficio señalado líneas arriba, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En la especie, los actos reclamados consisten en el acuerdo de fecha 08 de marzo del 2021, emitido dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario Número 017/2020, por el licenciado ***********, Director de Responsabilidad Administrativa de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, mismo que me fue notificado el día 19 de marzo de 2021" Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, las autoridades responsables allegaron al presente juicio de amparo copia certificada de la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, del expediente administrativo ***********, relativo al procedimiento administrativo disciplinario seguido al aquí quejoso. En estas condiciones, si el quejoso reclamó, precisamente, el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en el cual le fue negada la excepción de prescripción por parte de las responsables, que hizo valer mediante escrito del uno de marzo del año en curso, sin embargo las autoridades responsables, nuevamente el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, determinaron considerar procedente como no imputable a ***********(aquí quejoso), por no encontrarse en los supuestos establecidos en los artículos 2 y 22 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos para el Estado de Chihuahua, por lo que consideraron no viable incoado en cuestión, continúe sujeto al procedimiento administrativo, por lo que se dio por concluido el procedimiento única y exclusivamente por lo que a ***********(aquí quejoso) se refiere, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la moral inconforme, o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, se actualiza la causal invocada, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así las cosas, dado el sobreseimiento decretado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintitrés minutos del quince de junio de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que, se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a las autoridades responsables, i) Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades, de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua y ii) Director de Responsabilidades Administrativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades, de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, ambas con residencia en esta ciudad, para que rindan su informe justificado, según constancias de notificación que obran en autos. Por lo que, para dar margen a que las autoridades laborales estén en posibilidad de rendir el informe requerido, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar, se fijan las nueve horas con veintitrés minutos del quince de junio de dos mil veintiuno.

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