Ricardo Agustin Vieyra Mendoza
Expediente 751/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 751/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/03/2021
Partes del expediente
- Ricardo Agustin Vieyra Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de marzo de dos mil veintiuno. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; sin que lo hubieran hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. Finalmente, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Desistimiento de la demanda. Vista la constancia actuarial de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se advierte que el quejoso Ricardo Agustín Vieyra Mendoza, asentó "Me desisto de este juicio de amparo". Sin que sea el caso requerir al quejoso de mérito que ratifique la constancia de cuenta, virtud que externó su voluntad ante una funcionaria investida de fe pública. Desistimiento. Por lo anterior, al haberse producido el desistimiento de la demanda ante la presencia judicial, se aprecia de manera indubitable la voluntad del quejoso y, por lo tanto, se tiene a Ricardo Agustín Vieyra Mendoza por desistido del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, de abril de dos mil, página ciento cuarenta y siete, de rubro siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA". Audiencia constitucional. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento de forma personal a los Defensores Públicos Jesús Mendoza Medina y Marianna Lisbeth García asignados al quejoso. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente al quejoso, así como a su defensa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Designación de Defensores Públicos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la misiva de cuenta, a través de la cual la Coordinadora Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Marianna Lisbeth García, Defensores Públicos adscritos a dicha institución, a fin de brindarle al quejoso Ricardo Agustín Vieyra Mendoza la orientación pertinente; asimismo, se le tiene designando para oír y recibir notificaciones a quien precisa para tal efecto. Vista. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo a los Defensores Públicos en mención, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por la juzgadora de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Notificación de Defensores. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Marianna Lisbeth García, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto la funcionaria de referencia proporciona en su oficio de cuenta. Notifíquese; y personalmente al quejoso Ricardo Agustín Vieyra Mendoza, así como a los defensores públicos Jesús Mendoza Medina y Marianna Lisbeth García.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto se encuentra señalada para el día de hoy, y dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, lo que implica una reanudación de los plazos y términos que quedaron pausados en este juicio y no su reinicio; asimismo, se precisa que la reanudación de los plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Estado de autos. En tal virtud y en atención al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Ricardo Agustín Vieyra Mendoza se imponga del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, el cual se tuvo por recibido mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, ni obra constancia en autos de que se haya notificado al quejoso dicho proveído. Diferimiento de audiencia constitucional. Bajo ese contexto, atento a que de la propia certificación secretarial se aprecia que la audiencia constitucional se encontraba fijada para el día de hoy, procede su diferimiento; por tanto, se señalan las once horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. En el entendido que la misma se celebrará sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba en la que sea necesaria su intervención; para lo cual las partes deberán hacerlo del conocimiento de este juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante videoconferencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Determinación que no depara perjuicio a las partes, al estar en posibilidad de presentar alegatos de manera escrita. Asimismo, túrnense los autos al actuario de este juzgado para que notifique personalmente al quejoso el proveído de dieciocho de diciembre pasado, corriéndole traslado con copia del informe justificado rendido; en el lugar donde se encuentra recluido. Notificación a las partes. Por otra parte, se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse a las partes mediante lista, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, cabe decir que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a las autoridades responsables deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión; o en su caso, de estimarse pertinente, aquellas determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de las que son personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos o requerimientos), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, cuyo trámite es de menor trascendencia, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional; por lo que se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo. Así también, se apoya lo anterior en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente se colocarán en un espacio de fácil acceso al edificio para quienes acudan sin contar con una cita; aunado a la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese; y personalmente al quejoso este proveído y el diverso de dieciocho de diciembre pasado, corriéndole traslado con copia del informe justificado rendido en autos.
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