Ricardo Aguibar Flores

Expediente 927/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
927/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
29/10/2020

Partes del expediente

  • Ricardo Aguibar Flores

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Aclara informe justificado. Agréguense a los autos el oficio y anexos del Presidente de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; mediante el cual aclara su informe justificado y ofrece pruebas. En atención al oficio de cuenta, se tiene a la autoridad responsable aclarando su informe justificado, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de la omisión de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla de dictar la ejecutoria que resuelva el recurso de apelación dentro del toca *** de su índice, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. *** De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. *** Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. *** Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. *** Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla de dictar la ejecutoria que resuelva el recurso de apelación dentro del toca *** de su índice; sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, aquella fue dictada y dicha resolución le fue notificada al quejoso el diecinueve de octubre de dos mil veinte, tal como se aprecia de las siguientes imágenes: *** Como se advierte de las anteriores imágenes, la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dictó la ejecutoria que resuelve el recurso de apelación dentro del toca *** de su índice y la misma le fue notificada al quejoso el diecinueve de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, dado que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. "ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. *** Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las trece horas con treinta minutos del cinco de noviembre de dos mil veinte; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Informe justificado. Agréguense a los autos el oficio y anexo del Presidente de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; mediante el cual rinde su informe justificado y ofrece pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Vista Con el contenido de lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Requerimiento. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable no adjuntó, las constancias de notificación realizadas a las partes, respecto de la resolución dictada el dieciocho de octubre del año pasado, dentro del toca *** de su índice, las cuales resultan necesarias para la resolución del presente juicio de amparo. En consecuencia, requiérasele a la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días hábiles, remita copias debidamente certificadas de las constancias de notificación realizadas respecto de la referida sentencia. Apercibida que en caso de no hacerlo en el plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la fracción I, del artículo 59, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de octubre de dos mil veinte.  Tribunal Colegiado remite ejecutoria en la que se confirma la sentencia y se ordena archivo. Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Sexto Circuito, a través del cual remite el expediente original del juicio de amparo 1316/2019-VIII del índice de este Juzgado junto con un tomo de pruebas, así como copia certificada de la resolución pronunciada el veintiocho de mayo de dos mil veinte, en el recurso de revisión 461/2019 de su índice, interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, cuyos puntos resolutivos establecen: PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, por su propio derecho y en representación de su menor hija A.P.C. por el acto y autoridad señalados en el resultando primero de esta ejecutoria." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente del juicio de amparo recibido, de un tomo de pruebas y de la ejecutoria de mérito; asimismo, agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en el cuaderno formado con motivo del citado recurso de revisión, y procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado medio de impugnación. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó negar la protección constitucional; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, incisos b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: ... I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en lo que se haya negado o concedido la protección constitucional; y Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó por una parte sobreseer y por otra negó el amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, la copia certificada del juicio privilegiado de visita y convivencia 1814/2015, sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que la constancia de notificación hace las veces de éste. Notifíquese.

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