Ricardo Acosta Moreira
Expediente 1771/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1771/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ricardo Acosta Moreira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
...agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de veintinueve de noviembre del año en curso, suscrito por la parte quejosa Ricardo Acosta Moreira; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las constancias a que hace referencia en el ocurso de cuenta, y como lo solicita, remítasele al correo electrónico juaneloramon1963@hotmail.com. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa, con copia electrónica de la sentencia.
- Principal
SENTENCIA...se Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1771/2022, promovido por RICARDO ACOSTA MOREIRA, contra la autoridad y por el acto que se precisa en el considerando tercero de este fallo. Segundo. En los términos y para el efecto que se precisa en el último considerando de este falo se concede la protección constitucional al quejoso RICARDO ACOSTA MOREIRA, contra la autoridad y por el acto que se precisa en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, refiere de nueva cuenta que el pago a favor del quejoso se contemplara en el próximo ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Ahora bien, en el caso concreto, consta en autos que en el fallo proteccionista, se concedió en los siguientes términos: "Realizar en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución de la resolución de liquidación de doce de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio laboral 922/E/2016, es decir, para que se le cubra a la parte actora la cantidad de $162,161.42 (ciento sesenta y dos mil ciento sesenta y un pesos 42/100 M.N.); observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin." No obstante lo anterior, atendiendo el oficio de cuenta, a través del cual se manifiesta que el pago en favor del quejoso se contemplará en la partida presupuestal para cubrir las indemnizaciones que por resolución judicial deban erogarse en laudos laborales en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas que sea aprobado para el próximo ejercicio fiscal y esté en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, no ha justificado con los documentos fehacientes el día que tiene contemplado para realizar el pago correspondiente al aquí quejoso, pues únicamente se ha informado que dicho pago se realizará en los últimos cinco días hábiles del mes de febrero del año dos mil veintitrés. En efecto, tratándose de una sentencia de amparo, cuyo cumplimiento implica el pago de una suma de dinero, si la autoridad vinculada originalmente al acatamiento del fallo protector y sus superiores jerárquicos, acreditan la insuficiencia de la partida presupuestal aplicable para el pago de esas sentencias, se debe determinar si es excusable el incumplimiento por falta de fondos y si se está en el caso de requerir a las autoridades que puedan disponer de los recursos presupuestarios correspondientes. Por tanto, resulta indispensable que la citada autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas), informe la fecha exacta en que estará a disposición del peticionario de amparo, el documento mercantil correspondiente al pago del crédito laboral a que fue condenado el demandado dentro del expediente laboral número 922/E/2016. Asimismo, requiérasele al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales y en el plazo concedido, se sirva agilizar los trámites relativos a la conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, materia de ejecución en el presente juicio de garantías; asimismo, para que INFORME cuál es el estado de las gestiones que ha realizado y en qué consisten los impedimentos con que cuenta para materializar el fin del procedimiento de ejecución del laudo. Es decir, que para el supuesto de que actualmente el procedimiento se encuentre detenido con motivo de la necesaria participación de alguna otra autoridad, entonces se pronuncie fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo, para que así, este órgano de control constitucional pueda proveer lo conducente al respecto, a saber, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe las anteriores circunstancias. Asimismo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, deberá acreditar de manera fehaciente, la imposibilidad presupuestal para dar debido cumplimiento al fallo protector, así como las gestiones que se encuentra realizando para efecto de incluir el pago de $162,161.42 (ciento sesenta y dos mil ciento sesenta y un pesos 42/100 moneda nacional) a favor del aquí quejoso César Abimael Chávez García, en el siguiente presupuesto de egresos dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 38 de la Ley del Trabajo para Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tamaulipas, y la fecha exacta de pago. Aunado a lo anterior, deberá justificar haber realizado los trámites necesarios a fin de que se dé cumplimiento al fallo proteccionista, así como haber instrumentado los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Incidental
agréguese a los autos el oficio SEA/CAR/AR-CVT/1177/2022, signado por el Administrador Regional en Ciudad Victoria, Tamaulipas, del Consejo de la Judicatura Federal; mediante el cual solicita las fechas para las publicaciones del edicto en el Diario Oficial de la Federación y un periódico de mayor circulación nacional, para estar en posibilidad de gestionar la autorización de los recursos para el pago de las publicaciones correspondientes; asimismo, solicita, en caso de no existir inconveniente alguno, se considere un plazo de veinte días hábiles para realizar el trámite, en virtud de que éste se canaliza a nivel central para su gestión ante el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, con apoyo en la Circular DCO/03/2015, de once de febrero de dos mil quince, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la atención de solicitudes de publicaciones que hacen los órganos jurisdiccionales, en sus artículos 2º, fracción I y 3º, fracción II, gírese oficio al citado Administrador Regional, de esta localidad, para que tenga a bien, realizar las gestiones necesarias para que tales edictos sean publicados a cargo del presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, y tomando en consideración lo solicitado por el Administrador Regional, se señalan como fechas para la publicación del edicto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, así como en un periódico de mayor circulación nacional, y en uno de esta ciudad, las siguientes: 1.- veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 2.- uno de diciembre de dos mil veintidós; y, 3.-ocho de diciembre de dos mil veintidós. En la inteligencia que los edictos deberán sujetarse a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Acuerdo General referido. Finalmente, se anexan dos originales del texto del edicto, y un CD que contiene el archivo del edicto. Notifíquese.
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