Ricardo Acosta Campos

Expediente 488/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
488/2014
Año
2014
Actuaciones
15
Última actuación
19/04/2016

Partes del expediente

  • Ricardo Acosta Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Faustino Rodríguez Flores, da cuenta a la Juez con un escrito registrado con el folio 7586.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso Ricardo Acosta Campos, en atención a su contenido, como lo solicita el promovente y en consideración a que en el juicio de amparo en que se actúa ya se agregó el incidente de suspensión respectivo, además de que por ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión penal 50/2015-2, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, modificó la sentencia dictada el once de junio de dos mil quince, en la que por una parte sobreseyó y por la otra concedido al quejoso el amparo y protección de la justicia federal al aludido quejoso, además que por auto de tres de agosto de dos mil quince se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, devuélvase al quejoso de mérito el billete de depósito folio N 487357 valioso por la suma de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos, haciéndose el endoso respectivo a su nombre. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. *mash

  2. Principal

    En catorce de diciembre de dos mil quince, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con un escrito con registro 24611. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de diciembre de dos mil quince. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Ricardo Acosta Campos, por el que solicita la devolución de la garantía contenida en el billete de depósito número N497357 por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), que exhibió para garantizar la suspensión definitiva de los actos reclamados, decretada en auto de primero de julio de dos mil catorce; al efecto, dígase al promovente que una vez que transcurra el plazo de seis meses que para promover el incidente de daños y perjuicios que en favor de la parte tercero interesada establece el artículo 156, de la Ley de Amparo, y reiterada que sea su petición, se acordará lo que en derecho proceda. Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez, Secretario que autoriza y da fe. *mash

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de septiembre de dos mil quince. V I S T O S los autos del juicio de amparo número 488/2014, para resolver el incidente de repetición del acto reclamado, hecho valer por el quejoso RICARDO ACOSTA CAMPOS. R E S U L T A N D O: Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad el quejoso RICARDO ACOSTA CAMPOS, promovió incidente de repetición del acto reclamado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas. II.- Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite la denuncia de repetición de acto reclamado, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, autoridad a la que se le requirió para que rindiera su informe correspondiente; por lo que mediante oficio número 2765 de nueve de septiembre del presente año, presentado el once de ese propio mes y año, en la Oficina Común de Correspondencia de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, dicha autoridad, rindió el informe relativo a la denuncia de repetición de acto reclamado, por lo que, en auto de catorce de septiembre del presente año, se le tuvo por rendido el informe correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver del incidente de repetición del acto, planteado por el quejoso RICARDO ACOSTA CAMPOS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199, de la Ley de Amparo en vigor. SEGUNDO. El Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, al rendir informe en relación a la denuncia de repetición de acto reclamado, hecha valer en su contra, señala que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el ocho de julio del año que corre, dejó sin efecto el auto de siete de abril de dos mil catorce y emitió un nuevo auto en base al pronunciamiento del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, constituyéndose personal del mencionado Juzgado al domicilio del quejoso el cinco de agosto de dos mil quince, a fin de notificarle el referido auto, en términos del artículo 103 del Código de Procedimientos Penales en vigor. TERCERO. La parte inconforme, para apoyar el incidente de repetición del acto reclamado, expuso que la autoridad responsable, al dar cumplimiento a la resolución pronunciada en el Amparo en Revisión Penal el once de junio de dos mil quince, si bien dejó sin efectos el auto de siete de abril del dos mil catorce, y en su lugar de seguir subsistiendo el sentido del auto de formal prisión, emitiera uno diverso, por lo que previo a ello, primero debería otorgarle la libertad absoluta por falta de elementos respecto del delito de homicidio culposo, en perjuicio de Dagoberto Reyes Báez (perdón del ofendido), en segundo lugar, acordar la devolución de la fianza fijada por concepto de libertad provisional bajo caución, en tercer orden, acordar la devolución de la fianza fijada por concepto de posible multa. CUARTO. Son infundados los motivos de agravio invocados por el quejoso, según se verá de las siguientes consideraciones legales. Es conveniente señalar, que el juicio de amparo tiene por objeto restituir al gobernado en el pleno goce de las garantías individuales que le fueron vulneradas con el acto de autoridad que se ha declarado inconstitucional; por lo que, cuando se concede la protección constitucional, los tribunales de amparo se encuentran constreñidos a vigilar el debido cumplimiento que las responsables deben dar al fallo protector. Así, en relación al cumplimiento de las sentencias de amparo, la Ley de Amparo en vigor, prevé en su artículo 199, la figura de la repetición del acto reclamado, al disponer: "La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal". De lo anterior se colige que la materia del incidente de repetición del acto reclamado versa en examinar si el nuevo acto emitido por la autoridad responsable reitera las mismas violaciones de forma, y en su caso de fondo, que la autoridad de amparo tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional y en consecuencia, produce la misma afectación en la esfera jurídica de la quejosa, de lo que se desprende que para realizar dicho examen, necesariamente deben concurrir los siguientes requisitos: 1). La existencia de una sentencia que en definitiva, conceda el amparo y protección de la Justicia Federal; 2). la existencia de un acto emitido por la autoridad o autoridades responsables, con posterioridad a la sentencia de amparo, y, 3). El pronunciamiento de la autoridad que conoció del juicio de amparo, en el sentido de que dicho acto constituye una reiteración del acto reclamado en el juicio de garantías respectivo. Precisado lo anterior, es conveniente señalar que, de las constancias de autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º, de la Ley de Amparo, se desprende que mediante escrito presentado el quince de abril de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en Zapopan, Jalisco, RICARDO ACOSTA CAMPOS demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen tal carácter. 1). C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PINOS ZACATECAS. Como ordenadora de los actos que se reclaman. 2). C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PINOS ZACATECAS; 3). C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. 4). C. JEFE DE DIVISIÓN ENCARGADO DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO. En su dualidad de ordenadoras y ejecutoras de los actos que se reclaman. 5). PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ZACATECAS. 6). C. SUBPROCURADOR DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 7). C. COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, GRUPO PINOS ZACATECAS; éstas últimas como probables ejecutoras de los actos que se señalarán reclamados. IV). ACTOS RECLAMADOS. El auto de siete de abril del año en curso, por el que se fijó garantía al impetrante para gozar de su libertad provisional bajo caución, en el proceso penal 10/2014. La orden de reaprehensión librada en su contra. El auto de formal prisión de seis de abril de dos mil catorce, emitido en la citada causa penal. El Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, residente en Zapopan, autoridad a la que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda de amparo, previo requerimiento la admitió en sus términos mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil catorce; seguido el juicio por sus trámites legales, el diez de julio siguiente, el referido juzgador celebró la audiencia constitucional en la que determinó carecer de competencia legal para resolver el citado juicio de garantías promovido por Ricardo Acosta Campos, por lo que ordenó remitir sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, le correspondió conocer del asunto, no aceptó la competencia declinada por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, al considerar que se encontraba indebidamente integrado el expediente. Subsanada la indebida integración del expediente, en acuerdo de siete de agosto de dos mil catorce, este Juzgado Federal aceptó la competencia planteada, asumió el conocimiento del sumario en mérito y el veintiocho de agosto siguiente firmó la resolución respectiva, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se sobresee en el juicio de garantías 488/2014-3, promovido por Ricardo Acosta Campos, contra los actos reclamados a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Pinos, Zacatecas, Procurador General de Justicia del Estado, Subprocuradora de Procedimientos Jurisdiccionales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambos en la ciudad de Zacatecas, Fiscal General del Estado y Director de Cumplimiento a Mandamientos Judiciales adscrito a la Fiscalía Central, ambos del Estado de Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, consistentes en la orden de reaprehensión librada en contra del quejoso; y su ejecución; así como respecto del auto de formal prisión reclamado, por la razones expuestas en los considerandos 2.II y III de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Acosta Campos, contra el acto reclamado a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar en Pinos, Zacatecas, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando IV de este fallo.- - - Notifíquese." Inconforme con dicho fallo, Ricardo Acosta Campos por su propio derecho, mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, ante este Juzgado, interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido a trámite y radicado bajo el toca 50/2015, mediante auto de doce de febrero de dos mil quince dictado por el Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en Zacatecas, Zacatecas. Por lo que el once de junio de dos mil quince, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en auxilio del Tribunal Colegiado de este Circuito emitió resolución, en la que modificó la sentencia recurrida, precisando que lo procedente no era ordenar que se subsanaran los vicios formales en los cuales se incurrió al dictarse el proveído de siete de abril de dos mil catorce reclamado, atinentes a la omisión de invocar los razonamientos lógico-jurídicos con los cuales se estableció el monto de cuarenta mil pesos, como garantía para gozar de la libertad provisional bajo caución, sino establecer que la jueza responsable no tenía facultades para otorgar, de manera oficiosa, el beneficio de la libertad bajo caución al procesado respecto del delito de lesiones culposas que se le imputó. Y que al omitirse dicho aspecto, el citado Tribunal Auxiliar concedió al quejoso RICARDO ACOSTA CAMPOS, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia de Pinos, Zacatecas, para el efecto de que la citada autoridad responsable dejara insubsistente el auto reclamado -siete de abril de dos mil catorce-; y en su lugar, emitiera otro con plenitud de jurisdicción, en la que: Emitiera un diverso proveído en el que, de seguir subsistiendo el sentido del auto de formal prisión de seis de abril de dos mil catorce, dictado contra Ricardo Acosta Campos por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos a título de culpa, requiera a aquél para que se interne en el centro penitenciario respectivo en el término previsto por la ley, con la finalidad de que se cumpla con el citado auto de bien preso por el delito de lesiones culposas, por no estar garantizado el beneficio de la libertad provisional por dicho ilícito. Además, se informara al aludido procesado sobre su derecho a solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, para que de esa forma decida si lo ejerce o no, para lo cual deberá fijársele un término. En el entendido de que si el procesado no solicita dicho beneficio, tampoco garantiza el otorgamiento de éste dentro del proceso, ni se interna en el centro penitenciario señalado, la autoridad jurisdiccional responsable podrá ordenar su reaprehensión, ya que la continuación del proceso es de orden público. Que a virtud de lo anterior, se requirió a la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas responsable, para que cumpliera con dicha ejecutoria; así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad antes aludida la conminara al cumplimiento del fallo protector. Por lo que mediante oficio registrado por este juzgado con el número 13745, adjuntó copia certificada del auto de ocho de julio de dos mil quince, a través de la cual dio cumplimiento a la sentencia de amparo, pues al efecto, dejó insubsistente el auto de siete de abril de dos mil catorce y dictó un nuevo proveído. Ahora bien, para determinar la existencia o inexistencia de la repetición del acto reclamado, es necesario efectuar el análisis comparativo entre el auto al que se imputa dicha repetición y el que fue materia de la sentencia de amparo, de acuerdo con lo que dispone la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCION DENUNCIADA COMO REPETICION Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR.- Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos loe elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquél impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho ". Conforme con lo anterior, cabe decir, que el acto reclamado por el quejoso RICARDO ACOSTA CAMPOS, se hizo consistir en el auto de siete de abril de dos mil catorce, dictado por la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, mediante el cual requirió al quejoso para que en el término de tres días se internara voluntariamente en la cárcel distrital de Pinos, Zacatecas, o bien, exhibiera la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N,), por concepto de reparación del daño proveniente del delito que se le atribuye, para poder gozar del beneficio de su libertad provisional bajo caución, con motivo del auto de formal prisión decretado en su contra en la causa penal 10/2014, que se le instruye por los delitos de homicidio y lesiones cometidos a título de culpa Y, como ha quedado de manifiesto en párrafos precedentes, se otorgó al citado impetrante, la protección constitucional respecto de ese acto, para el efecto de que tal autoridad dejara insubsistente el auto reclamado y en su lugar, emitiera otro con plenitud de jurisdicción, en el que, de seguir subsistiendo el sentido del auto de formal prisión de seis de abril de dos mil catorce, dictado contra Ricardo Acosta Campos por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos a título de culpa, requiera a aquél para que se interne en el centro penitenciario respectivo en el término previsto por la ley, con la finalidad de que se cumpla con el citado auto de bien preso por el delito de lesiones culposas, por no estar garantizado el beneficio de la libertad provisional por dicho ilícito. Además, se informara al aludido procesado sobre su derecho a solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, para que de esa forma decida si lo ejerce o no, para lo cual deberá fijársele un término. En el entendido de que si el procesado no solicitara dicho beneficio, tampoco garantizara el otorgamiento de éste dentro del proceso, ni se internara en el centro penitenciario señalado, la autoridad jurisdiccional responsable podrá ordenar su reaprehensión, ya que la continuación del proceso es de orden público, restituyendo así al agraviado en el pleno goce de sus garantías, conforme a lo dispuesto por el numeral 80 de la Ley de Amparo. Del mismo modo, es conveniente destacar, que la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, para cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en autos, emitió un auto el ocho de julio de dos mil quince, por la cual, dejó insubsistente el diverso de siete de abril de dos mil catorce, en el que: a) Requirió a Ricardo Acosta Campos por el término de tres días hábiles posteriores a su notificación, para que se internara voluntariamente en el Establecimiento Penitenciario de Pinos, Zacatecas, por haberse confirmado el auto de formal prisión, por no estar garantizado el beneficio de la libertad provisional por el ilícito de Lesiones Culposas, cometido en perjuicio de Pedro Hernández Ibarra. b) Se hizo del conocimiento a Ricardo Acosta Campos su derecho a solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, de conformidad con el artículo 350 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en razón a que el delito que se le imputa no se encuentra contemplado como grave, solicitud que debería hacer en el término de tres días hábiles posteriores a su notificación, apercibido que de no hacerlo y tampoco de internarse en el Establecimiento Penitenciario de Pinos, Zacatecas, se giraría orden de reaprehensión en su contra. Ahora bien, para estar en posibilidad de establecer si en la especie efectivamente la autoridad responsable incurrió o no en repetición del acto reclamado en esta instancia constitucional, se estima conveniente señalar que el auto combatido en el juicio de amparo dictado dentro del proceso penal 10/2014, se apoyó en las consideraciones siguientes: "AUTO OFICIOSO. Pinos, Zacatecas, a (07) siete de Abril del año dos mil catorce (2014). VISTOS, los autos del proceso penal número 10/2014, que se instruye en contra de RICARDO ACOSTA CAMPOS Y OTRO, por los delitos de HOCIDIDIO Y LESIONES CULPOSAS, cometido en perjuicio de DAGOBERTO REYES BAEZ Y PEDRO HERNÁNDEZ IBARRA, de los cuales se desprende en fecha seis de abril de dos mil catorce, se dictó AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra del indiciado por los delitos de HOMICIDIO Y LESIONES Y CULPOSO, y toda vez que dentro de autos se encuentra gozando del beneficio de su libertad Provisional Bajo Caución por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, y dentro de la situación Jurídica dictada en su contra se acredito el delito de LESIONES CULPOSOSAS; REQUIÉRASE AL INDICIADO RICARDO ACOSTA CAMPOS , a efecto que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES ¸se interne en la Cárcel Distrital de Pinos, Zacatecas, o en su caso, así mismo, hágasele saber al indiciado que tiene derecho a gozar de Benéficos de su Libertad Bajo Caución por el delito de LESIONES CULPOSAS, para lo cual habrá de hacerlo en el término concedido, y dicha fianza se será por el concepto de reparación del daño proveniente del delito $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Así mismo se le apercibe al indiciado que en caso de no internarse en dicho centro o exhibir dicho beneficio se girara Orden de Reprehensión en su contra. Fundamento legal en lo establecido por el artículo 39 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. [.]". Y de la sentencia de amparo de veinticuatro de abril de dos mil trece, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, se desprenden como argumentos torales que llevaron a conceder la protección constitucional, los siguientes: Por otra parte, en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el fallo recurrido se omitió establecer que el acuerdo reclamado de siete de abril de dos mil catorce, mediante el cual la juez responsable, de manera oficiosa, otorgó la libertad provisional bajo caución y requirió al procesado para que cubriera la garantía correspondiente al delito de lesiones culposas, apercibido que de no cumplir ordenaría su reaprehensión, es violatorio del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La citada disposición constitucional debe comprenderse en congruencia con los alcances del derecho de defensa adecuada, lo cual significa que la libertad provisional bajo caución es una prerrogativa que el procesado puede hacer valer discrecionalmente, como parte de su defensa, en el momento y por la vía que elija dentro de las alternativas que ofrece la ley. Por tanto, si el juez de la causa penal no se ha pronunciado respecto del otorgamiento de la libertad provisional (porque el inculpado no lo ha solicitado o porque el Ministerio Público no ha pedido su negativa), subsiste la posibilidad de que el inculpado acuda ante el juez de amparo a solicitarlo, con motivo de la suspensión solicitada en el sumario en términos de los artículos 162 al 169 de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que ninguna disposición faculta al juez penal a pronunciarse de oficio sobre la procedencia de dicho beneficio; por ende, el actuar de esa manera restringe la posibilidad del procesado de acudir ante el juez de distrito para solicitarlo, circunstancia que irroga perjuicio al gobernado mediante el otorgamiento de un beneficio que no ha solicitado, pues ante la existencia de diversas alternativas, la elección de una de éstas queda en manos del titular del derecho. Entonces, la libre elección de la vía para hacer valer el beneficio de la libertad provisional es una prerrogativa que está tutelada en favor del procesado y que el juez penal no debe ejercer a su nombre. De ahí que la actuación del juez penal debe limitarse a informar al procesado sobre su derecho a solicitar tal beneficio, para que de esta forma, éste decida si lo ejerce o no, incluso debiendo fijar un término para ello; esto, en el entendido de que si el procesado no le solicita y garantiza el otorgamiento del beneficio dentro del proceso, aquél puede ordenar su reaprehensión ya que la continuación del proceso es de orden público. Sustenta lo expuesto, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 82/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL JUEZ DEL PROCESO NO PUEDE CONCEDERLA DE OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20 APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). Por tanto, contrario a lo determinado en el fallo impugnado, lo procedente no era ordenar que se subsanaran los vicios formales en los cuales se incurrió al dictarse el proveído de siete de abril de dos mil catorce reclamado, atinentes a la omisión de invocar los razonamientos lógico-jurídicos con los cuales se estableció el monto de cuarenta mil pesos, como garantía para gozar de la libertad provisional bajo caución, sino establecer que la jueza responsable no tenía facultades para otorgar, de manera oficiosa, el beneficio de la libertad bajo caución al procesado respecto del delito de lesiones culposas que se le imputó. Luego, al omitirse dicho aspecto, procede modificar los efectos del fallo impugnado, dado que la protección constitucional se concede para que la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pinos Zacatecas: Deje insubsistente el auto de siete de abril de dos mil catorce, dictado en la causa penal 10/2014. En su lugar emita un diverso proveído en el que, de seguir subsistiendo el sentido del auto de formal prisión de seis de abril de dos mil catorce, dictado contra Ricardo Acosta Campos por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones, ambos a título de culpa, requiera a aquél para que se interne en el centro penitenciario respectivo en el término previsto por la ley, con la finalidad de que se cumpla con el citado auto de bien preso por el delito de lesiones culposas, por no estar garantizado el beneficio de la libertad provisional por dicho ilícito. Además, se informe al aludido procesado sobre su derecho a solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, para que de esa forma decida si lo ejerce o no, para lo cual deberá fijársele un término. En el entendido de que si el procesado no solicita dicho beneficio, tampoco garantiza el otorgamiento de éste dentro del proceso, ni se interna en el centro penitenciario señalado, la autoridad jurisdiccional responsable podrá ordenar su reaprehensión, ya que la continuación del proceso es de orden público. [.]". De lo que se sigue que, se concedió al quejoso la protección constitucional, por considerar que el auto de siete de abril de dos mil catorce, que constituyó materia de reclamo en el presente juicio de garantías, transgredía las garantías contenidas en los artículos 14, 16 constitucionales, puesto que: a) La juez de la causa penal no se ha pronunciado respecto del otorgamiento de la libertad provisional (porque el inculpado no lo ha solicitado o porque el Ministerio Público no ha pedido su negativa), subsistiendo la posibilidad de que el inculpado acuda ante el juez de amparo a solicitarlo. b) Que no existe disposición que faculte al juez penal a pronunciarse de oficio sobre la procedencia de dicho beneficio. Sin embargo, de la simple lectura que se hace al nuevo auto de ocho de julio de dos mil quince, emitido en la causa penal 10/2014 por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, dentro del recurso de inconformidad en contra del auto emitido, se arriba a la conclusión de que contrariamente a lo afirmado por el quejoso, la autoridad responsable, no incurrió en repetición del acto reclamado, pues la actualización de esa figura jurídica, requiere que el acto denunciado en el incidente respectivo, reitere las mismas violaciones y motivos por los que se otorgó la protección constitucional, de suerte que reproduzca las características básicas del que fue materia del amparo; sin embargo, ello no sucede en la especie, pues del análisis comparativo entre el auto reclamado en esta instancia y el diverso que es materia de la denuncia de repetición, se pone de manifiesto que este último, no reitera idénticas violaciones y motivos por los que se concedió el amparo solicitado. En efecto, por principio de cuentas habrá de señalarse que la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, en auto de ocho de julio del presente año, dejó insubsistente el diverso de siete de abril de dos mil catorce, que fue materia de reclamo en esta instancia constitucional y procedió a emitir nuevo auto de la misma naturaleza jurídica, en el que se aprecia que a) Requirió a Ricardo Acosta Campos por el término de tres días hábiles posteriores a su notificación, para que se internara voluntariamente en el Establecimiento Penitenciario de Pinos, Zacatecas, por haberse confirmado el auto de formal prisión, por no estar garantizado el beneficio de la libertad provisional por el ilícito de Lesiones Culposas, cometido en perjuicio de Pedro Hernández Ibarra. b) Se hizo del conocimiento a Ricardo Acosta Campos su derecho a solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, de conformidad con el artículo 350 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en razón a que el delito que se le imputa no se encuentra contemplado como grave, solicitud que debería hacer en el término de tres días hábiles posteriores a su notificación, apercibido que de no hacerlo y tampoco de internarse en el Establecimiento Penitenciario de Pinos, Zacatecas, se giraría orden de reaprehensión en su contra, siguiendo los lineamientos la ejecutoria de amparo emitida en autos. En esas condiciones, es inconcuso que el auto de ocho de julio de dos mil quince, que es materia del incidente de repetición de acto reclamado, no produce las mismas violaciones que se tuvieron en cuenta para la concesión del amparo, en atención a que difiere sustancialmente con el acto reclamado, por cuanto que no puede decirse que entre ambos existan idénticos vicios, si se tiene en consideración que como se dijo en la sentencia de amparo, la autoridad responsable, no se pronunció respecto del otorgamiento de la libertad provisional, (porque el inculpado no lo ha solicitado o porque el Ministerio Público no ha pedido su negativa), subsistiendo la posibilidad de que el inculpado acuda ante el juez de amparo a solicitarlo, y sin existir disposición que faculte al juez penal a pronunciarse de oficio sobre la procedencia de dicho beneficio. Mientras que, en el nuevo auto emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la juez natural requirió al procesado aquí quejoso a efecto de que en un término de tres días se internara voluntariamente en el Establecimiento Penitenciario de Pinos, Zacatecas, por haberse confirmado el auto de formal prisión, mediante el cual se acreditó su probable responsabilidad por el delito de Lesiones Culposas, cometido en perjuicio de Pedro Hernández Ibarra, lo anterior por no encontrarse garantizado el beneficio de la libertad provisional por ese ilícito. Además, se ordenó hacer del conocimiento al procesado de mérito de su derecho a solicitar en un término de tres días el beneficio de su libertad provisional bajo caución, en términos del artículo 350 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Zacatecas, con el apercibimiento de no hacerlo en el término indicado, así como de no internarse se giraría orden de reaprehensión. Lo que implica que el nuevo auto no produce las mismas violaciones que se tuvieron en cuenta para la concesión del amparo, de tal forma que el incidente de repetición de acto reclamado no es el adecuado para impugnar el auto de que se trata, ya que este medio de impugnación no se estableció por el artículo 199 de la Ley de Amparo en vigor, para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo. Sobre el particular, son aplicables las jurisprudencias de los rubros y textos siguientes: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGO EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo". "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO.- Para comprobar la repetición del acto reclamado que regula el artículo 108 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional, sino que la esencia de esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de garantías individuales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo. Por ello, la autoridad responsable incurrirá en las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente porque esa figura pretende asegurar el respeto de las sentencia de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada ". También son aplicables al caso concreto, las jurisprudencias de los rubros y contenidos siguientes: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITE UN NUEVO ACTO EN QUE SUBSANA LOS VICIOS DE FORMA QUE MOTIVARON LA PROTECCION CONSTITUCIONAL. El legislador, a través de la figura procesal de la repetición del acto reclamado, tuvo la intención de sancionar aquellos actos que, con posterioridad a que hubiere causado ejecutoria la sentencia de amparo, realizasen las autoridades responsables tendientes a frustrar los efectos de la Protección Constitucional. Entre estos actos se encuentran aquellos que tienen el propósito de producir en el gobernado la misma afectación a su esfera jurídica de la que se pretendía obtener a través del acto reclamado respecto del cual se concedió la citada protección. En este entendido, cuando en el juicio de garantías se concede a los quejosos la protección de la Justicia de la Unión por vicios de forma en el acto reclamado, consistentes en la ausencia de la fundamentación y motivación previstas en el artículo 16 constitucional, y de las consideraciones del fallo se desprende que los alcances de éste, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, son precisamente el restituir al quejoso en el pleno goce de su garantía violada, si la autoridad responsable emite un nuevo acto con el mismo sentido de afectación que el reclamado, pero subsana los referidos vicios que motivaron la Protección Constitucional, es evidente que no existe repetición del acto reclamado." "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO CON EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARO INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo .". En ese contexto, cabe señalar, que los argumentos expuestos por el impetrante, en los que sostiene que la autoridad responsable no cumplió cabalmente con la ejecutoria de amparo, porque no subsanó todos y cada uno de los vicios del auto reclamado en esta instancia, no serán materia de estudio de la presente resolución interlocutoria, dado que la promoción del incidente de repetición de acto reclamado excluye la del diverso recurso de inconformidad, pues ambos se refieren a situaciones diferentes entre sí como hipótesis de procedibilidad y por lo mismo no pueden coexistir a efecto de destruir un mismo acto de autoridad; lo anterior, sin perjuicio de que, en el supuesto de no estar conforme con el acuerdo que en su oportunidad se dicte, los pueda hacer valer al promover el recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción I, de la ley de la materia en vigor. Y por último, dadas las razones vertidas, no se vulneraron las tesis invocadas por el recurrente. Consecuentemente, como en concepto de quien esto resuelve, no existe repetición del acto reclamado, el incidente formulado al respecto por el quejoso RICARDO ACOSTA CAMPOS, resulta infundado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 199 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente de repetición de acto reclamado planteado por el quejoso RICARDO ACOSTA CAMPOS, en los términos apuntados en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El veintidós de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con el oficio registrado con el número 18668.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, rinde informe, dentro del incidente de repetición de acto reclamado denunciado por el quejoso Ricardo Acosta Campos. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de amparo, pónganse los autos a la vista del Titular de este órgano jurisdiccional a efecto de se dicte la resolución que en derecho corresponda, respecto del incidente de mérito. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *mash

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