Ricardo Abraham Baquedano Carbajal

Expediente 1741/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1741/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California
  • Ricardo Abraham Baquedano Carbajal

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley mencionada en primer término, se declara que dicho proveído que sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Ricardo Abraham Baquedano Carbajal por conducto de su apoderada legal Paola Elizabeth Zúñiga Martínez, queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro de Control Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad remítase el presente expediente al archivo definitivo de este juzgado, como asunto totalmente concluido. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del cuatro de julio de dos mil veintiséis,

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, uno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, mediante el cual, rinde su informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se advierte del contenido de dicho informe, que manifiesta la existencia de una posible causal de improcedencia, consistente en que, en el juicio de amparo 872/2022-4, del índice de este propio juzgado, se reclamó el mismo acto el cual se atribuyó a las mismas autoridades responsables, del presente controvertido. En virtud de lo manifestado por la autoridad responsable, así como de las constancias que integran el juicio de amparo 872/2022-4 del índice de este juzgado, las cuales se tienen a la vista como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, esta juzgadora advierte, que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Con la finalidad de evidenciar que se actualiza dicha causa de improcedencia, por disposición expresa de la fracción transcrita, es necesario que se cite en su literalidad, la diversa fracción X del mismo numeral, que reza: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" De una interpretación sistemática y armónica de los transcritos numerales, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, cuando se reclaman actos que ya fueron materia en otro juicio de amparo que ya causó ejecutoria, cuyos juicios hayan sido promovidos por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 1107, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011383, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." En el caso, del contenido de la demanda que dio origen al presente controvertido se observa que el impetrante señaló como acto reclamado y autoridades responsables de la siguiente forma: "IV. Acto reclamado: 1.- Respecto de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Se reclama la paralización, retraso, abstención y/o la dilación dentro del juicio laboral 547/2020-4A, al no haber agotado dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo la etapa de Conciliación, demanda y excepciones. 2.- Respecto del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Se reclama la omisión de realizar el emplazamiento al tercero interesado dentro de los plazos establecidos por la Ley, lo que ha llevado a la falta del agotamiento de la etapa procesal antes mencionada". Luego, de las constancias que integran el diverso juicio de amparo indirecto 872/2022-4, del índice de este Juzgado, el cual se tiene a la vista como hecho notorio, se advierte que fue promovido por el propio quejoso Ricardo Abraham Baquedano Carbajal, por conducto de su apoderado José Luis Espinoza Araujo, en el cual reclamó: "IV. Acto reclamado: 1.- Respecto de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Se reclama la paralización, retraso, abstención y/o la dilación dentro del juicio laboral 547/2020-4A, al no haber agotado dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo la etapa de Conciliación, demanda y excepciones, siendo el caso que entre las actuaciones necesarias para agotar dicha etapa lo es el señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones dentro de los plazos legales, pero se reitera, que el acto que se reclama es el no haber agotado dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo la etapa de Conciliación, demanda y excepciones. 2. Respecto del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Se reclama la paralización, retraso, abstención y/o la dilación dentro del juicio laboral 547/2020-4A, al no haber agotado dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo la etapa de Conciliación, demanda y excepciones, en virtud de que la responsable en cuestión, ha sido omisa e realizar el emplazamiento al tercero interesado dentro de los plazos establecidos por Ley, que han llevado a la falta del agotamiento de la etapa procesal antes mencionada". En juicio en comento, se emitió sentencia el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se precisaron como actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y su Actuario adscrito, los siguientes: "La omisión de desahogar dentro de los términos de ley la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral de origen 547/2020-4A, así como la falta del emplazamiento de la parte demandada." En dicha sentencia se concedió el amparo solicitado, por lo que en el considerando octavo de la referida resolución, se establecieron los efectos de la concesión; para evidenciar lo anterior, se transcribe la parte conducente. ".En caso de que no se haya celebrado la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en la fecha prevista, fije nueva data para su desahogo dentro del término que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, desahogue dicha diligencia dentro de los plazos establecidos en el citado ordinal. Realicen el emplazamiento de la parte demandada. Notifiquen a las partes las actuaciones en el juicio de origen, dentro de los plazos legales establecidos en el ordinal 750 de la Ley Federal del Trabajo.." La sentencia referida, causó ejecutoria en auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, requiriéndose a la junta responsable por el debido cumplimiento del fallo protector, encontrándose a la fecha en vías de ejecución. De la simple lectura de las transcripciones anteriores se puede advertir que tanto la demanda que dio origen a este juicio, como la presentada en el diverso controvertido 872/2022-4 del índice de este juzgado, promovidos por el aquí quejoso, se señalaron a las mismas autoridades responsables, así como idénticos actos reclamados. En esas condiciones, como se adelantó en párrafos precedentes, el presente juicio de garantías es improcedente, debido a que los actos materia de reclamo en el presente juicio constitucional, ya fue materia de análisis en el diverso juicio de amparo 872/2022-4 del índice de este juzgado, donde la parte aquí quejosa, fue también peticionaria de garantías, contra las mismas autoridades responsables (Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario de su adscripción) y por el propio acto reclamado, por lo que es inconcuso que dicho reclamo es cosa juzgada. Se adopta esta determinación, ya que la intención del legislador fue evitar la promoción de juicios de amparo de manera indiscriminada, así como priorizar la certeza y seguridad jurídica ya decretada por una sentencia firme, que ya es verdad legal, como en el caso acontece. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, este Juzgado se encuentra imposibilitado para analizar las cuestiones de fondo planteadas y procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y Actuario de su adscripción, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Asimismo, resulta oportuno precisar que no se viola el derecho de acceso a la justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento constitucional, se impartió aquel derecho, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento de mérito, esta juzgadora está impedida para analizar los conceptos de violación formulados por la quejosa, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia de mérito, lo debido será decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a ninguno de los preceptos legales citados como fundamento. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Ricardo Abraham Baquedano Carbajal, por conducto de su apoderado Paola Elizabeth Zúñiga Martínez. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las trece horas del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. -Estado de autos- Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentran en vías de notificación los oficios dirigidos a las autoridades responsables, 1) Agente del Ministerio Público, ahora Fiscal General del Estado de Baja California, 2) Licenciado Juan Carlos N. Chapa y de Urguidi, Notario Público Número Siete. 3) Licenciado Carlos Enrique de Rivera Castellanos, Notario Público Número Nueve y 4) Licenciado Luis Ramiro Duarte Quijada, Notario Público Número Diez, mediante auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por los cuales se reexpidieron los diversos oficios que llevan inserto el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el que se les requirió rindan su correspondiente informe previo. -Diferimiento- En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo.

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