Ricardo Aarón Cuevas Robles

Expediente 986/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
986/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
11/02/2016

Partes del expediente

  • Ricardo Aarón Cuevas Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, once de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó por improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de diez de diciembre de dos mil quince, en el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda promovido por Ricardo Aarón Cuevas Robles. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se advierte que el promovente Ricardo Aarón Cuevas Robles, reclama lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la Autoridad Ordenadora la Resolución dictada en el Toca No. 211/2015-C, de fecha doce de noviembre del 2015, en la que confirma el auto de remate aprobado por el Juez señalado como Autoridad Ejecutora en esta demanda, en el Juicio Sumario Civil Hipotecario, Expediente No.1219/2008, promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del ahora quejoso. De la Autoridad señalada como Responsable Ejecutora, se reclama el cumplimiento de dicha resolución y sus consecuencias legales." De lo antes expuesto, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dado que el acto reclamado consiste en la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el toca 211/2015-C, del índice administrativo de la Sala de Circuito Zona Sur e el Estado, con sede en esta ciudad, que confirmó el auto de trece de octubre del presente año, emitido en el juicio sumario civil hipotecario 1219/2008, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en el que se aprueba el remate. Los numerales en comento, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación del último precepto, se colige que tratándose de actos realizados en el período señalado (de ejecución de sentencia), solo es procedente el amparo biinstancial cuando se interponga contra la última resolución que en esa fase se pronuncie, entendiéndose por última resolución la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Luego, tal determinación no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, dado que, como quedó precisado, el amparo indirecto solo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento o la que ordena el archivo, donde podrá reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es decir, el acto reclamado consistente en la resolución de doce de noviembre de dos mil quince, dictada en el toca 211/2015-C, del índice administrativo de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, que aprobó el auto de trece de octubre del presente año, emitido en el juicio sumario civil hipotecario 1219/2008, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en el que se aprueba el remate, pronunciada en la fase ejecutiva, no implica que sea de imposible reparación ya que no afecta de forma directa derechos sustantivos de la promovente, pues tal acto lo puede reclamar cuando se actualice el supuesto señalado con antelación. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 108/2010, sustentada por del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En consecuencia, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV de la ley de la materia, con apoyo en el artículo 113 de la misma ley, lo que procede es desechar la demanda de garantías por notoriamente improcedente. No pasa inadvertido que el promovente en la demanda refiere que no ha sido llamado a juicio; sin embargo, del contexto de la misma se observa que tuvo intervención en el procedimiento de origen ya que interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que constituye el acto reclamado; por tanto, es evidente que si compareció al mismo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito de demanda. NOTIFÍQUESE; personalmente al promovente.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEIDO DE DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO RICARDO AARÓN CUEVAS ROBLES, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA.

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