Ricarda Reyes Díaz
Expediente 1698/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1698/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 07/09/2023
Partes del expediente
- Ricarda Reyes Díaz
- Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra del proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 14, fracción II y, 17 del referido acuerdo el cuaderno principal es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III, inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es conservable, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión, es destruible, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en el supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 17, del Acuerdo en comento, el presente expediente y el original del incidente de suspensión serán transferidos una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Mientras que, el duplicado del incidente de suspensión será destruido una vez que cumpla seis meses de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de este juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la autoridad responsable, realizó en relación al fallo protector. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Cuatro de julio de dos mil veintitrés. Dos de agosto de dos mil veintitrés. Cuatro de agosto de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La falta de llamamiento a juicio y como consecuencia, cualquier resolución de adjudicación de los derechos agrarios de José María Reyes Martínez, dictada por la autoridad responsable judicial, así como, su inscripción ante la autoridad responsable registral. Previa substanciación del juicio de amparo, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que la Justicia de la Unión amparó y protegió a la quejosa ********************, para los siguientes efectos: "a) La autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Nueve, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente el emplazamiento realizado el catorce de octubre de dos mil nueve, a la quejosa ********************, en el juicio agrario ******************** de su índice, y en consecuencia ordene el emplazamiento, en el entendido de que dicha actuación tendrá que realizarse conforme a derecho; y, por su parte, el Delegado del Registro Agrario Nacional, deberá dejar insubsistente la inscripción de la sentencia emitida dentro del juicio agrario de origen, así como cualquier acto administrativo de inscripción que hayan efectuado como consecuencia de lo antedicho." El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Nueve y al Delegado del Registro Agrario Nacional, para que dentro del plazo de tres días dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acreditaron. En ese sentido, en proveídos de trece, veintisiete de junio y tres de agosto, ambos de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios UAJ-1621/2023, UAJ-1791/2023 y RAN-EM/DRAJ/3619/2023 (todos con anexo), signados por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve y el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, a los que, la primera autoridad responsable, remitió el acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** de su índice en el que se advierte que dejó insubsistente el emplazamiento de catorce de octubre de dos mil nueve, asimismo remitió el emplazamiento realizado a la quejosa ******************** el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mientras que la segunda autoridad, remitió copia certificada de lo obtenido en el módulo de sujetos agrarios donde se advierte que no se encontraron registros de derechos asignados a favor de ********************. En ese sentido, de la misiva antes mencionada, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dejó subsistente el emplazamiento realizado a la quejosa ******************** en el juicio agrario ******************** de su índice y ordeno nuevamente emplazamiento, y la inscripción de la sentencia emitida dentro de ese expediente, así como cualquier acto administrativo de inscripción. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora en su totalidad; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Asimismo, no pasa desapercibido que la presente declaratoria de cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, sea emitida por el suscrito Secretario encargado del despacho por vacaciones del titular de este Juzgado de Distrito; no obstante, este se encuentra debidamente facultado al considerarse la misma como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente, pues de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Robustece lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1891 del Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2021, Undécima Época, con número de registro 2023104, que establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, once de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta (con anexo), a través del cual, Jefe de Área del Registro B del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, en atención al oficio 22508/2023, solicita se le remita copia certificada de la sentencia recaída en el expediente ********************. En consecuencia, no ha lugar acordar de conformidad la solicitud vertida por la autoridad oficiante, toda vez que el tres de agosto del año en curso se le tuvo dando cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y con éste se le dio vista a la parte quejosa. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, remite copia certificada de lo obtenido en el módulo de sujetos agrarios donde se advierte que no se encuentran registros de derechos asignados a favor de ********************. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable dio cumplimiento al fallo protector; apercibidas que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.
Quedan 26 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes
- Reynaldo de Jesús Ocampo Rodríguez638/2023
- Reynaldo Gutiérrez Gutiérrez143/2022
- Reynaldo Gutiérrez Gutiérrez460/2021
- Reynaldo Ontiveros Torres412/2022
- Reynaldo Saldivar Correa123/2021
- Ricarda González Sánchez1736/2023
- Ricardo Alonso Díaz Ceballos183/2021
- Ricardo Castro Tellez287/2023
- Ricardo Cortés Contreras1103/2021
- Ricardo Cortez Monroy195/2023
- Ricardo David Almazan Hernández956/2020
- Ricardo Enrique Camacho Calzada1311/2021