Ricarda Ivonne Guzmán Ramírez
Expediente 935/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ricarda Ivonne Guzmán Ramírez
- Ricarda Ivonne Guzmán Ramírez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el informe justificado de la autoridad responsable Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, no fue rendido con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de la Materia, a fin de que las partes se impusieran de su contenido y estuvieran en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas; por lo que con fundamento en el precepto en mención, se ordena de oficio el diferimiento de la audiencia constitucional que estaba fijada para celebrarse en esta fecha, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 21/2008, consultable en la página 151, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 2008, Novena Época y que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, se tiene a la autoridad responsable Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado, el cual se pone a la vista de las partes, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
I N T E R L O C U T O R I A Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 935/2023-VII-A, promovido por ********************, contra actos que reclamó al Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés y remitido a este juzgado el día siguiente hábil, el promovente solicitó la apertura del incidente de suspensión, contra la autoridad responsable indicada en el capítulo respectivo de la demanda, a quien esencialmente reclamó las actuaciones realizadas en el expediente judicial 77/2023, del índice del Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, sin haberse realizado el emplazamiento correspondiente a la aquí quejosa. SEGUNDO. En proveído de tres de octubre del presente año, se negó la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitando a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la que se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Las autoridades responsables Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos y Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus correspondientes informes previos, convienen de la existencia de los actos que se les atribuyen, por lo que se tienen por ciertos. Segundo. Previamente, al entrar al estudio de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, cabe indicar que en relación a los actos emitidos en el juicio de origen del índice de las autoridades responsables, por la naturaleza jurídica de dichos actos, no queda duda de la improcedencia de la suspensión relativa a dichas autoridades, pues, además se trata de actos que revisten las características de consumados, por tanto, lo conducente en la especie es negar la medida cautelar que hoy nos ocupa, justamente, contra los actos de los que se duele la parte quejosa, pues aquellos ya se llevaron cabo, circunstancia que se tiene así dada la manifestación que aduce la propio quejosa en la demanda de amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1090, que aparece publicada en la página 156, del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, con el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que en el amparo se pronuncie." Por otra parte, cabe precisar que la parte quejosa solicita la suspensión respecto de la ejecución de los actos de reclamo que hace la impetrante de amparo, por lo que, cabe precisar lo siguiente: a) La suspensión del acto reclamado como medida cautelar tiene por objeto primordial mantener viva la materia del amparo impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, caso en el cual ya no habría posibilidades de protección, así como también evitar al agraviado los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle con motivo de la duración del juicio, mediante la anticipación de la tutela, cuando se demuestra la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer a la parte quejosa en el goce de ese derecho. b) Lo determinante para resolver si se concede la medida es el análisis de la apariencia del buen derecho o "fumus boni iuris", en cuanto que consiste en un juicio preliminar sobre la conformidad a derecho de la pretensión de la quejosa, o de la inconstitucionalidad del acto reclamado frente al cual se solicita la tutela preventiva de la suspensión. Esto es, en sede cautelar, a diferencia de la principal (la sentencia), basta que del análisis minucioso que lleve a cabo el juez de amparo, aparezca verosímil la existencia del derecho alegado y que por un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal (sentencia de amparo), declarará el derecho en sentido favorable a quien solicita la medida cautelar, a manera de una hipótesis que puede verse comprobada, o bien, refutada, con los medios de convicción que se alleguen durante el juicio. c) El análisis de la apariencia del buen derecho debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el Juez al resolver sobre la suspensión provisional y, en el caso de la suspensión definitiva, además, se tienen los elementos derivados del informe previo que rinde la autoridad responsable, los que se allegue el Juez de amparo y rindan las partes en el incidente, como el tercero interesado o el Ministerio Público. d) En el caso en que se reclama una orden desalojo, desocupación o lanzamiento, ese análisis sobre la verosimilitud del derecho, puede llevar a resultados diferentes, tratándose de una persona extraña a juicio, que respecto de la parte vencida en juicio y contra la cual se decretó el acto reclamado, ya que este último, difícilmente contará con algún derecho que proteger a través del juicio de amparo, al haberse determinado por sentencia ejecutoria, que debe dejar de ocupar el inmueble; en tanto que respecto a la persona extraña a juicio, debe valorarse si cuenta con un derecho suficiente para impedir que se le desposea del bien. e) En la nueva regulación del juicio de amparo, se admite abiertamente la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento. f) En la regulación originada con la reforma constitucional, carece de relevancia considerar si el acto reclamado ya fue ejecutado o si se consumó, para efectos de resolver si se concede o no la medida, cautelar, porque admitiéndose la posibilidad de restablecimiento en el goce del derecho como una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, lo determinante para conceder la medida, debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. En ese orden de ideas, lo determinante para que se conceda esa medida, es la demostración de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y que no exista impedimento jurídico o material. Ahora bien, cabe precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece que la suspensión de los actos reclamados se concederá siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Y, adicionalmente a lo antes expuesto y a la luz de la jurisprudencia citada, se debe además demostrar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora a fin de conceder la medida cautelar para los efectos que ahí se indican, tal y como lo establece el primer párrafo del artículo 138, de la Ley de la Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:..." Así, la apariencia del buen derecho consiste, esencialmente, en crear una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión expresamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento inmediato, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio. Asimismo, el artículo 147, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.". Es decir, conforme a esa norma, cuando la suspensión proceda, el órgano jurisdiccional debe tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Cabe destacar que, el suscrito Juez estima negar la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa ********************, toda vez que la prescripción positiva que demandó respecto al bien inmueble relacionado, fue de mala fe, lo cual no se encuentra protegida por la Ley, a lo que se aúna que resulta improcedente conceder dicha suspensión habida cuenta que de las constancias que anexa la parte quejosa a su escrito de demanda, se aprecia que en el juicio de usucapión que promovió, fue decretada la caducidad de la instancia; de ahí que, lo procedente sea negar la suspensión definitiva que solicita. Como se observa del artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la medida cautelar solamente se requiere que se surtan dos supuestos o requisitos de procedencia, a saber: 1) que la solicite el quejoso y 2) que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, en el caso, si causa un perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público pues la quejosa carece, aun indiciariamente, del interés necesario para obtener la medida suspensional que solicita; ello pues la posesión que pretende recuperar la mantenía de mala fe, la cual no es protegida por la Ley. Lo precedente, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Sirve de apoyo también a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis jurisprudencial número I.3o.A. J/16, que se consulta en la página 383, del Tomo V, del mes de enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y que a la letra dice: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. De conformidad con el considerando segundo de esta interlocutoria, se niega la suspensión definitiva a ********************, contra el acto y autoridad responsable precisada en dicho considerando. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por la parte quejosa, Rubén Arturo Garcia Contreras, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, en atención a su solicitud de expedición de copias, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que este edificio Federal no cuenta con fotocopiadora, asimismo, los documentales que solicita no se encuentran digitalizados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el volumen de las mismas; sin embargo, las referidas documentales, se encuentran a su disposición para su consulta en la Secretaría de este juzgado. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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