Ricarda Cruz López

Expediente 408/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
408/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Ricarda Cruz López

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de once de abril de la presente anualidad, en el cual se desechó demanda de amparo, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido acuerdo. Archivo. Por tanto, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    El día de hoy, queda notificada la parte quejosa, por medio de la presente lista de acuerdos, de la determinación judicial de once de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo 408/2022; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante la cita que se le dejó con anticipación. Dicho auto, en lo conducente, dice: "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Registro de demanda. Con el oficio signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, al que adjunta la demanda de amparo que promovió ***, contra actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 408/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Se acepta competencia por conocimiento previo. Con fundamento en el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince; reformado y adicionado por diverso acuerdo general publicado en el mismo medio oficial el catorce de marzo de dos mil veintidós, se acepta la competencia planteada respecto de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno y otra autoridad Acúsese el recibo correspondiente vía interconexión; y comuníquese esta determinación a las partes. Compensación. En otra tesitura, envíese atento oficio a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, para que, este asunto sea contabilizado y realice la compensación correspondiente, por el sistema computarizado de tal oficina; lo anterior, a fin de compensar la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional; por ello, solicítese la boleta correspondiente. Desechamiento. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Así, la aquí quejosa, señaló como actos reclamados los siguientes: "El auto del treinta de marzo de dos mil veintidós, así como el cumplimiento que se pretende dar a ese acuerdo, el cual, se le notificó el cinco de abril del año en curso". Ahora, de los antecedentes que narró la quejosa, bajo protesta de decir verdad, así como de las copias que se ordenaron agregar en la certificación que antecede, se advierten los siguientes hechos: Dentro del expediente ***/2013, del índice del Tribunal Unitario Agrario, se dictó sentencia el diez de mayo de dos mil diecinueve, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. La actora, ***, como sucesora legal de la extinta ***, acreditó, parcialmente los hechos constitutivos de su acción; en consecuencia se condena a las demandadas MARGARITA LÓPEZ PÉREZ Y ***, a que le respete el mejor derecho de posesión que tiene respecto de la fracción del solar que le fueron reclamadas en el presente juicio. SEGUNDO. Se ordena a las demandas *** y ***, para que en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al que cause ejecutoria el presente fallo, voluntariamente cumplan con esta sentencia con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su ejecución utilizando los medios de apremio previstos por la ley. TERCERO. Es improcedente la pretensión consistente en la nulidad del contrato público de compraventa de veintiuno de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, del instrumento notarial número 6116, volumen 54, del protocolo del Notario Público número 11 del Estado de Oaxaca, así como de los instrumentos números 14403, volumen 260, ambas del protocolo del Notario Público número 73 del Estado de Oaxaca, de conformidad a lo establecido en el considerando CUARTO del presente fallo. CUARTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, y para el caso de que la demandada no dé cumplimiento voluntario al presente fallo en el plazo señalado en el considerando CUARTO, ejecútese la presente sentencia utilizando los medios legales previstos por la ley. QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes entregándosele copia certificada de este fallo. SEXTO. Previas anotaciones de estilo en el Libro de Gobierno, en el momento procesal oportuno, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.". Inconforme con la sentencia, en lo que aquí interesa, ***, promovió el juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con el número 562/2019. Mediante sentencia engrosada el diez de septiembre de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla (que actuó en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito), negó el amparo a la aquí quejosa. Posteriormente, el cuatro de febrero de dos mil veintidós, el Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, dictó un acuerdo, para dar cumplimiento a la sentencia, el cual, le fue notificado a la quejosa el veintiocho de febrero de este año. En respuesta a ese acuerdo, la aquí quejosa presentó escrito ante el tribunal agrario señalado como autoridad responsable, exponiendo las razones por las cuales no podía dar cumplimiento voluntario a la sentencia, aduciendo que: es imposible cumplir con dicha resolución; sin embargo, sin previo análisis de los argumentos de la ahora quejosa, me deja en un total estado de indefensión, y en total inseguridad jurídica al pretender que dé cumplimiento a una sentencia en la cual NO EXISTE IDENTIDAD DEL INMUEBLE, esto es así, ya que se pretende RESPETE EL MEJOR DERECHO DE POSESIÓN QUE TIENE RESPECTO A LA FRACCIÓN DE SOLAR QUE FUERON RECLAMADAS EN EL PRESENTE JUICIO". Por lo anterior, el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la autoridad señalada como ordenadora, emitió un acuerdo, cuya parte que le agravia a la aquí quejosa, reprodujo de la siguiente manera: "En cuanto a las alegaciones de *** Y ***, sobre la imposibilidad que refieren para hacer entrega voluntaria de la superficie material de este juicio, dígasele que deberán de estarse a lo determinado por este Tribunal en la sentencia de diez de mayo de dos mil diecinueve, misma que incluso fue impugnada en la vía de amparo por las referidas demandadas, mediante el juicio de garantías 343/2020, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región." Esto último es lo que constituye el acto reclamado, así como su ejecución. Precisado lo anterior, el juicio de amparo biinstancial que promueve ***, respecto de los mencionados actos reclamados, es notoriamente improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse en el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De dicha transcripción, se tiene que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la citada legislación, restringe el amparo en el periodo de ejecución de sentencia a la última resolución dictada en el procedimiento, entendida ésta como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo cual atiende a la necesidad de abreviar el periodo de ejecución de sentencia mediante la concentración de las violaciones procesales, ya que todas estas pueden combatirse hasta el juicio de amparo promovido contra la última resolución. Concentración que redundará en un beneficio al derecho de justicia pronta, vinculado al interés de la sociedad por un escenario de cumplimiento pleno a las sentencias dictadas en procedimientos jurisdiccionales. La excepción al parámetro en comento -última resolución- se encuentra en los actos trascendentes al escenario de autonomía destacada, pues las cuestiones que impacten derechos sustantivos en el procedimiento de ejecución, habrán de materializar una imposible reparación como factor idóneo a la procedencia del amparo indirecto, siempre que sean ajenos a la cosa juzgada. Así, el concepto jurídico de última resolución es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es decir, en la Ley de Amparo, prevalece la intención del legislador consistente en evitar el entorpecimiento de los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, que deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Entonces, conforme a lo manifestado por la peticionaria del amparo, bajo protesta de decir verdad, el juicio agrario de origen actualmente se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. En ese sentido, la determinación de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, emitida en el expediente 1408/2013, dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, no es la última resolución pronunciada en ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio natural, pues como la propia quejosa lo manifiesta bajo protesta de decir verdad, dicha sentencia se encuentra en la etapa de cumplimiento voluntario, el cual refiere no puede atender, por los motivos que expuso en el escrito que presentó ante la responsable; habida cuenta que aún pueden derivarse diversos actos para lograr la ejecución material de ésta, donde la autoridad señalada como responsable, emitirá acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva, pues el acuerdo reclamado únicamente le están haciendo del conocimiento que deberá estarse a lo determinado en la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil diecinueve, la cual dicho sea de paso, constituye cosa juzgada al haberse impugnado y resuelto por el Tribunal colegiado dentro del amparo en revisión 562/2019, como se narró en los antecedentes. Por tanto, el acto reclamado en cita, no implica el último auto de ejecución del laudo correspondiente, y tampoco se considera que ocasione un perjuicio irreparable a la parte quejosa, porque contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, estará en posibilidad de promover el juicio de amparo y en la misma demanda podrá reclamar las demás violaciones que considere se cometieron durante ese procedimiento que la hubieren dejado sin defensa. De ahí que, aunque el acto reclamado se encuentre comprendido dentro del periodo de ejecución de sentencia, éste no constituye la última resolución, ni afecta, por ahora, derechos sustantivos de la promovente del amparo ajenos a la cosa juzgada. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), que es del rubro y texto siguientes: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. Por lo que hace al correo electrónico y número telefónico que índica, se tiene dichos medios para entablar la comunicación no procesal respectiva; precisándole que esto será con el único propósito de que este juzgado pueda brindarles atención mediante esas herramientas tecnológicas; y, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Gratuidad en el servicio y solicitud de expedición de copias. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".

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