RH Servicios Administrativos

Expediente 1382/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1382/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • RH Servicios Administrativos

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 25066, por el cual se le devolvieron los autos originales del expediente laboral 21/E08/2019 y acumulado 29/E08/2019.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, informa que el catorce de septiembre pasado, envió oficio a la Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, solicitándole de cumplimiento a la sentencia. En consecuencia, se le tiene informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DE DEMANDA POR INCOMPETENCIA Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta la demanda de amparo promovida por RH Servicios Administrativos Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Armando de la Garza García, personalidad que se le tiene por acreditada en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, al tenor de la copia certificada que anexa para tal efecto, contra actos de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, así como los anexos que se indicaron en la cuenta que antecede, al considerar que corresponde a un Juez de Distrito conocer de la demanda de que se trata; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1382/2021. Acúsese recibo de estilo. Por tanto, tomando en consideración el volumen de los anexos remitidos, y a efecto de facilitar el manejo del presente juicio, se ordena que sean agregadas por separado, formándose un tomo de pruebas. ACTO RECLAMADO Analizado en su integridad el escrito inicial de demanda, se obtiene que en el caso, se señalan como actos reclamados: El ilegal emplazamiento practicado por el Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, sus consecuencias jurídicas y la nulidad de las diligencias de dieciocho y diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 21/E08/2019 y su acumulado 29/E08/2019. El laudo dictado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 21/E08/2019 y su acumulado 29/E08/2019. En atención a la determinación emitida por el Tribunal Colegiado de que se trata, este Juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto. DESECHAMIENTO DE DEMANDA A continuación, se procede a analizar en su integridad la demanda que nos ocupa, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad del promovente; lo que se efectúa en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima que en el presente asunto lo conducente es desechar de plano la demanda promovida por RH Servicios Administrativos Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Armando de la Garza García, contra actos de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, respecto de los actos reclamados. Lo anterior, al considerar actualizada de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dichos numerales literalmente señalan: "Artículo 61.El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, la cual es mejor conocida en el ámbito procesal como litispendencia, es adecuado explicar lo que se entiende por dicha figura; así las cosas, litispendencia deriva de la conjugación de dos vocablos latinos que son litigium y pendeo, es decir, etimológicamente significa: "la existencia de un pleito pendiente de resolver". Resulta conveniente realizar una breve explicación en relación con los efectos y la teleología que persiguió el legislador con la instauración de dicha causal prevista en la Ley de Amparo. La figura de la litispendencia refiere que un litigio está en vida, es decir, está pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio; esta figura ha sido estudiada desde dos puntos de vista como excepción y como presupuesto procesal y tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda la más importante de estas finalidades es evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Cabe aclarar que la figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: Primero: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio. Segundo: Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo. Cuando se configura esta cuestión en un proceso produce la extinción del mismo, subsistiendo el primero que fue promovido; sin embargo, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen varios extremos, mejor conocidos como identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios. Esta triple identidad de los elementos dentro del juicio de amparo con esas características, son el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la primera parte de la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esta igualdad de elementos debe darse entre los dos juicios de amparo promovidos, pues tanto la ley de la materia como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, consultable en la página trescientos doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo tres, enero de mil novecientos noventa y seis, que es del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Podría pensarse que la identidad del acto reclamado hace inútil la referencia a la identidad de autoridad, pues -tratándose del mismo acto- corresponde a la misma autoridad; si no fuera así ya no sería el mismo acto reclamado sino diverso, por ser atribuible a una autoridad distinta. Sin embargo, la ley en aras de claridad, señala también como requisito, la identidad de la responsable a fin de no generar confusiones de tal forma que pudiera interpretarse que hay identidad de acto, cuando se trata de actos de igual naturaleza, lo que desvirtuaría el juicio de amparo. Es necesario, reiterar, que se trate del mismo acto misma autoridad y mismo quejoso, en ambos juicios de amparo, subsistiendo el más antiguo y en el segundo no debe admitirse el escrito inicial de demanda o bien admitida la misma procede sobreseer el juicio. De todo lo expresado con antelación se desprende que para que se actualice la hipótesis en comento se requiere que: a) La ley o el acto que se reclama debe ser materia de otro juicio de amparo. b) El primer juicio debe estar pendiente de resolver en primera o única instancia o en revisión, y en caso de ya tener sentencia definitiva, ésta debe estar pendiente de causar ejecutoria. c) Se debe dar la triple identidad de elementos: quejoso, autoridades responsables y acto reclamado. En ese sentido, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal del Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, la existencia del Juicio de Amparo 1094/2021, del índice de este juzgado. En ese sentido, es pertinente hacer una comparación entre los actos que esencialmente fueron reclamados en la demanda que dio origen al juicio que nos ocupa 1382/2021; y los correspondientes al diverso controvertido constitucional 1094/2021, lo que se sintetiza en el siguiente cuadro a efecto de mayor ilustración: Juicio de amparo 1382/2021 Juicio de amparo 1094/2021 Se reclama el ilegal emplazamiento a Juicio supuestamente practicado por el C. Actuario Adscrito de la Junta Especial Número Ocho De La Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dentro de los expedientes acumulados número 00021/E08/2019 y 00029/E08/2019 promovidos por GABRIEL RAFAEL BANDA PEREZ en representación de los menores GABRIEL y DAMIAN de apellidos BANDA MALDONADO y JOSE DE JESUS RAMIREZ VAZQUEZ en representación de los menores SANTIAGO ABISAI y XIMENA ambos de apellidos RAMIREZ MALDONADO en contra de la Quejosa así como se reclaman las consecuencias jurídicas con motivo del ilegal emplazamiento y la nulidad de las diligencias de fechas 18 y 19 de Febrero del 2021 practicadas en forma ilegal por el C. Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Ocho De La Local De conciliación Y Arbitraje En Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como el laudo dictado dentro de los expedientes acumulados 00021/E08/2019 y 00029/E08/2019. Se reclama el ilegal emplazamiento a Juicio supuestamente practicado por el C. Actuario Adscrito de la Junta Especial Número Ocho De La Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dentro de los expedientes acumulados número 00021/E08/2019 y 00029/E08/2019 promovidos por GABRIEL RAFAEL BANDA PEREZ en representación de los menores GABRIEL y DAMIAN de apellidos BANDA MALDONADO y JOSE DE JESUS RAMIREZ VAZQUEZ en representación de los menores SANTIAGO ABISAI y XIMENA ambos de apellidos RAMIREZ MALDONADO en contra de la Quejosa así como se reclaman las consecuencias jurídicas con motivo del ilegal emplazamiento y la nulidad de las diligencias de fechas 18 y 19 de Febrero del 2021 practicadas en forma ilegal por el C. Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Ocho De La Local De conciliación Y Arbitraje En Ciudad Victoria, Tamaulipas. Como se puede observar, los actos reclamados son sustancialmente los mismos, y en ambos, la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, su Presidente y Actuario adscrito, son señalados como autoridades responsables. De lo que se advierte que se cumple con los extremos precisados en los incisos a) y c) necesarios para la actualización de la causa de improcedencia en comento, ya que en la especie ambos juicios fueron promovidos por el mismo quejoso, en contra de la misma autoridad y el mismo acto reclamado, circunstancia que se corrobora del contenido del escrito de demanda que dio origen al presente juicio y al diverso que se ha hecho referencia. Por otra parte, se cumple también con el requisito especificado con el inciso b), pues de acuerdo a las constancias referidas, en el juicio de amparo 1094/2021 se encuentra pendiente de dictar sentencia; por tanto, no es dable admitir un segundo juicio en donde se reclama un acto que guarda equivalencia en hecho y derecho con el expediente que ya se tramita, pues la constitucionalidad de éste sólo puede reclamarse en una ocasión. Tiene aplicación al caso, la tesis que aparece publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XV, enero de 1995, página 260, que es del tenor literal siguiente: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio". En mérito de lo expuesto, al resultar manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X, en relación con el diverso numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo respecto de los actos reclamados precisados en los incisos A) y B). Sin que represente obstáculo para arribar a la anterior conclusión que como se precisa en el inciso C), la parte quejosa señala como acto destacado, el laudo dictado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 21/E08/2019 y su acumulado 29/E08/2019. Lo anterior, pues se colige que en el juicio de amparo 1094/2021, además de reclamarse el emplazamiento a dicho controvertido laboral, también se reclaman sus consecuencia jurídicas, de lo cual se colige que se engloba el laudo y su ejecución, pues es a raíz del requerimiento de su cumplimiento, que la parte quejosa se manifiesta sabedora de tal expediente laboral y su acumulado; por tanto, en relación a dicho acto (laudo), en su caso se realizara el pronunciamiento relativo, al dictar la sentencia correspondiente en el citado expediente tramitado en este Juzgado en forma previa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, conforme lo dispone su artículo 2º., se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados con parta tales efectos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, segundo párrafo, última parte, a Gabriel Murillo Morales y José Eduardo Barrón Castillo, por así haberse solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Atento a la Circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por la que se informó que el citado Pleno en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, determinó que no existe impedimento para que se permita imponerse de acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras fotográficas y lectores ópticos. Razón por la cual, las partes, así como sus autorizados, pueden imponerse de los autos mediante el uso de aparatos electrónicos (cámaras, grabadoras o lectores ópticos), para ello, previamente deberá verificarse si las constancias a reproducir no contienen información considerada como reservada o confidencial. Cabe mencionar que al reproducir las documentales que se soliciten a través de los mencionados medios electrónicos deberá levantarse la constancia respectiva. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Amparo, así como el diverso Décimo Primero Transitorio del ordenamiento legal en cita, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo establecido en los 1º, 2º, 3º, y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los artículos 6º y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicará dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa.

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