Reynau Solórzano Coutiño
Expediente 68/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/02/2017
Partes del expediente
- Reynau Solórzano Coutiño
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 2673/2017 del índice de este juzgado e informa que, admitió a trámite la demanda de amparo que promovió **********, de lo anterior este órgano jurisdiccional queda enterado. Ahora bien, mediante proveído de tres de febrero de dos mil diecisiete, causó estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra de dicho auto, ordenándose remitir el original del juicio de amparo, al Tribunal oficiante para que asumiera la competencia, y resolviera lo pertinente en relación con el laudo reclamado, formándose así el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del desechamiento, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el cuaderno de antecedentes una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se resolvió lo conducente sobre el acto reclamado y por el que el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente, se ordenó remitir el presente asunto a dicho tribunal, para que asuma la competencia y resuelva lo pertinente en relación con el laudo reclamado. En virtud de lo anterior y en cumplimiento a lo ordenado en dicho proveído, remítase el presente asunto junto con su anexo que acompañaron, consistente en el original del expediente laboral ... del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, al Tribunal Colegiado en Materia del trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por lo que, fórmese cuaderno de antecedentes, y solicitese el acuse respectivo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Visto el oficio y anexos, enviados por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el acuerdo de dos de enero del dos mil diecisiete, dictado dentro del amparo directo 1428/2016, de su índice; original y dos copias de la demanda de amparo promovida por Reynau Solórzano Coutiño, por propio derecho; oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, mediante los cuales rinde informe justificado, y remite el escrito signado por la tercero interesada Yolanda Castro Gordillo, constancias de emplazamiento a la tercero interesada; original del expediente laboral J/O/587/2009 (un tomo). Acúsese recibo. COMPETENCIA Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 68/2017-3-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el que se declaró legalmente incompetente el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, que se hace consistir en el ilegal emplazamiento del aquí quejoso en el expediente laboral J/O/587/2009, del índice de la autoridad responsable. En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Los artículos mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. . Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; ." El primer precepto transcrito estatuye la improcedencia del juicio constitucional, contra actos diversos a las veintidós primeras fracciones de dicho numeral. El segundo imperativo, prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos que se susciten dentro de un procedimiento de primera instancia o fuera del mismo, cuyas determinaciones afecten a personas ajenas a dicha controversia jurisdiccional. Del análisis integral del expediente laboral J/O/587/2009, del índice de la autoridad responsable, se advierte que el ahora quejoso por escrito presentado ante la oficialía de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el dieciocho de septiembre de dos mil trece, promovió nulidad de actuaciones en contra de la notificación de uno de marzo de dos mil trece, realizada por el actuario adscrito a dicha Junta, mismo incidente que fue admitido por auto de veintitrés de septiembre de dos mil trece, y por resolución de cuatro de agosto de dos mil catorce, se declaró improcedente el mismo. De lo expuesto con anterioridad, debe concluirse que el amparista perdió su carácter de persona extraña por equiparación. En efecto, atendiendo al concepto de persona extraña referida en la fracción VI del artículo 107, de la Ley de Amparo, para efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura, debemos decir que en sentido estricto, un tercero extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos del procedimiento, pero que sufre un perjuicio dentro de él o ejecución de la sentencia que en el juicio se emita, sin haber tenido la oportunidad de ser oído y vencido en virtud de desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, la persona extraña a juicio por equiparación, es quien forma parte de la controversia (demandado) pero que no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque no fue emplazado o lo fue de manera ilegal, es decir, distinta a las formalidades que la ley de la materia preceptúa. En ese tenor, debe concluirse que no procede el amparo indirecto pretendido por el quejoso, en contra del acto destacado con anterioridad, toda vez que no puede tener el carácter de persona extraña a juicio por equiparación, pues, de las constancias del juicio laboral J/O/587/2009, del índice de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se advierte que compareció a dicho juicio en su carácter de demandado, e inclusive promovió incidente nulidad de actuaciones en contra de la notificación de uno de marzo de dos mil trece, realizada por el actuario adscrito a dicha Junta. De lo que resulta evidente que por lo menos desde el dieciocho de septiembre de dos mil trece, es sabedor del juicio en el cual existe afectación directa en sus intereses; de ahí que lo anterior resulte ser razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña, pues no puede estimarse el desconocimiento de la tramitación de dicho juicio; y por ende, tampoco de todo lo actuado con posterioridad, máxime que, el quejoso conoció con exactitud la existencia y los datos de identificación del juicio al que alude no fue oído ni vencido. Por ende, el quejoso ya no tiene el carácter de persona extraña por equiparación, pues en su momento, pudo haber comparecido por propio derecho al juicio de origen, como también pudo defenderse dentro del procedimiento. En ese sentido sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del máximo tribunal jurisdiccional del país, consultable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1 a página 681, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).- Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia.". De ahí que, se diga que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, pues como se destacó en párrafos precedentes, al quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño al juicio de origen. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. REMISIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. En virtud de que este órgano de control constitucional resolvió lo conducente sobre el acto reclamado por el que el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, se declaró legalmente incompetente, una vez que cause estado el presente acuerdo, se ordena remitir el presente asunto a dicho tribunal, para que asuma la competencia y resuelva lo pertinente en relación con el laudo reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 70/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, cuyo rubro y texto dice: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." DOMICILIOS Y AUTORIZADOS se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones en el ubicado *** Asimismo, se tienen como autorizados con facultades restringidas, en términos de los artículos 12, último párrafo y 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo a *** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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