Reynaldo Valdes Alvarado
Expediente 137/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reynaldo Valdes Alvarado
- Jefe de Grupo Encargado O Encargado de la Policia Ministerial Investigadora Destacamentada, Maravatio, Michoacan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
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.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA., DEL AUTO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa así como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, más no así el original del incidente de suspensión el cual es susceptible de DEPURACIÓN en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce, dado que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa y se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, como del estado que guardan los autos se aprecia que en proveído de veintidós de febrero del año en curso, dictado dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, se tuvo a la parte quejosa, por exhibiendo billete de depósito número-, valioso por la cantidad de $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), a fin de que surtiera efecto la suspensión provisional otorgada en diverso auto de quince de febrero del mismo año, en consecuencia, requiérase a la parte quejosa -, a fin de que dentro del término de tres días comparezca ante este Tribunal Federal a solicitar la garantía de referencia, en razón de que jurídicamente resulta innecesario que obren en autos y a disposición de este Juzgado, apercibido que de no hacerlo, se hará efectivo a favor del Erario Federal.";...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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Como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa así como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, más no así el original del incidente de suspensión el cual es susceptible de DEPURACIÓN en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce, dado que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa y se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, como del estado que guardan los autos se aprecia que en proveído de veintidós de febrero del año en curso, dictado dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, se tuvo a la parte quejosa, por exhibiendo billete de depósito número-, valioso por la cantidad de $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), a fin de que surtiera efecto la suspensión provisional otorgada en diverso auto de quince de febrero del mismo año, en consecuencia, requiérase a la parte quejosa -, a fin de que dentro del término de tres días comparezca ante este Tribunal Federal a solicitar la garantía de referencia, en razón de que jurídicamente resulta innecesario que obren en autos y a disposición de este Juzgado, apercibido que de no hacerlo, se hará efectivo a favor del Erario Federal.
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Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede y del estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el numeral 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas y facultadas recurrieran la resolución de trece de abril de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio constitucional, sin que lo hayan hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86, de la Ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, ello en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a ello, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, que reza: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
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Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el sobre cerrado que contiene el oficio número 4508, dirigido al Coordinador Regional de la Policía Michoacán y Protección Civil de Zitácuaro, Michoacán, mismo que devuelve el Administrador Postal en Correos con la anotación al reverso "INFORMAN EN EL DOMICILIO CITADO NO EXISTE LA AUTORIDAD SEÑALADA"; por tanto, en obvio de mayores dilaciones, devuélvase dicho oficio a la misma dependencia, virtud a que en autos obra acuse de recibo de diverso oficio dirigido a esa autoridad (foja 50), así como su informe justificado correspondiente. Notifíquese.
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