Reynaldo Soto Madrigal

Expediente 355/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
355/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Reynaldo Soto Madrigal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución del seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de mayo de dos mil veintiuno. Autoridad responsable remite documentales. Agréguese el oficio del Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, por el que en cumplimiento al proveído del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, remite copias certificadas del juicio oral sumarísimo de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento 78/2020. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional, una vez analizadas las constancias recibidas en este fecha, advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, consistente en el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio oral sumarísimo de terminación de contrato de arrendamiento 78/2020, en el que se impide la ejecución de la sentencia dictada en el juicio en mención, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con la citada causa de improcedencia, puede decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaerían. En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista; por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso. En consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica del quejoso. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ... En este orden de ideas, la actualización de la referida causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica del quejoso, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Ahora, con el propósito de corroborar la actualización de la causa de improcedencia, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado: Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, la parte quejosa promovió juicio oral sumarísimo de terminación de contrato de arrendamiento en contra de Apolo Ángel Domínguez Motolinia, el cual fue radicado en la misma fecha bajo el número 78/2020 del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla. Seguido el cauce legal, el Juez responsable dictó resolución el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en la que, entre otras cosas, declaró terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, por haberse cumplido el plazo fijado para el mismo; asimismo, condenó a la parte demandada a desocupar el inmueble arrendado, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería al lanzamiento con el uso de la fuerza pública, al pago de las pensiones rentísticas, intereses moratorios, así como a las costas originadas por la tramitación del juicio. Mediante acuerdo del once de septiembre de dos mil veinte, la sentencia mencionada en el punto que antecede causó ejecutoria. Por acuerdo del once de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al demandado Apolo Ángel Domínguez Motolinia, proporcionando un correo electrónico a fin de se le practicaran las notificaciones por esa vía; asimismo, señaló un diverso domicilio físico para el mismo fin. Así las cosas, mediante promoción electrónica presentada por la parte quejosa el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, y recibida por la autoridad responsable el veintitrés de febrero siguiente, la parte actora solicitó que se ordenara la diligencia de requerimiento y entrega del inmueble materia de la litis en el domicilio que señaló la parte demandada mediante acuerdo de once de febrero del año en curso. En atención a la anterior petición, la autoridad responsable, emitió el proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, el cual constituye el acto reclamado, y que es del contenido literal siguiente: En ese contexto, mediante diligencia de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el demandado Apolo Ángel Domínguez Motolinia, compareció al Juzgado responsable a notificarse del auto de uno de diciembre de dos mil veinte, en el que se le requirió para que en el plazo de tres días entregara de manera voluntaria el inmueble materia de la litis, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, tal como lo revela la imagen siguiente: Aunado a lo anterior, la autoridad responsable, por auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno proveyó lo siguiente: En el caso, la parte quejosa reclama el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio oral sumarísimo de terminación de contrato de arrendamiento 78/2020 del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el que no se acordó favorable su petición respecto del requerimiento de entrega del inmueble a la parte demandada. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio oral sumarísimo, así como de los antecedentes relatados en párrafos que anteceden, se desprende que si bien la autoridad responsable no dejó insubsistente el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, lo cierto es que el cuatro de marzo del año en curso, la parte demandada acudió al juzgado responsable a notificarse del proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, en el que se le ordenó que en el plazo de tres días, desocupara el bien inmueble materia de la litis, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. En ese sentido, aun cuando subsiste el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno, se advierte que el cuatro de marzo de la presente anualidad, se tuvo por notificado al demandado del diverso proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, en el que se le requirió la entrega del inmueble. Máxime a lo anterior, se advierte que posteriormente, el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada mediante acuerdo del uno de diciembre de dos mil veinte, notificado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, y ordenó el lanzamiento del inmueble con auxilio de la fuerza pública, autorizando el rompimiento de chapas para llevar a cabo la ejecución. Lo anterior debido a que como ya se precisó, la autoridad responsable ordenó la ejecución de la sentencia dictada en los autos del juicio oral sumarísimo de origen, por lo que, a pesar de que subsiste el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno , lo cierto es que ha dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado, ya que la propia autoridad responsable, con la notificación del demandado del cuatro de marzo pasado y con el proveído de diecinueve siguiente, se advierte que continuó con el procedimiento de ejecución, por lo que se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las quince horas con diez minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de abril de dos mil veintiuno. ? Manifestaciones del quejoso. El quejoso ***, en atención a la vista otorgada en autos, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento. ? Análisis de cumplimiento de la sentencia. Ahora, vista la certificación de cuenta, el estado actual que guardan los presentes autos, que el quejoso desahogó la vista otorgada con el cumplimiento a la ejecutoria y tomando en consideración que la parte tercera interesada no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito; por lo que, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. ? Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia emitida el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. ? Ejecutoria. Sin embargo, mediante ejecutoria emitida el cuatro de junio de dos mil veinte, en el recurso de revisión 412/2019 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se resolvió lo siguiente: PRIMERO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, respecto de los autos del juicio de amparo 644/2019-VII. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Alducín Hernández, respecto de los actos reclamados al Director General y Subdirector de Transporte, ambos del Centro S.C.T. Puebla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consistente en el enrolamiento del tercero interesado Federico Cano Fernández para prestar el servicio auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos en el tramo de carretera federal 119 Apizaco-Tecojotal del Kilómetro 35+000 al Kilómetro 109+000, límites Puebla-Hidalgo (74 km); autopista 130 D del Kilómetro 124+000 al Kilómetro 150+000 límite de Hidalgo-Puebla, dirección de Tuxpan (26 km) total 100 km autorizado en el permiso *** de veinte de agosto de dos mil dieciocho. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Miguel Ángel Alducín Hernández contra la expedición del permiso para prestar el servicio auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos *** de veinte de agosto de dos mil dieciocho a favor del tercero interesado Federico Cano Fernández, emitido por el Director del Centro Metropolitano del Autotransporte dependiente de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. El efecto del amparo es el siguiente: En las relatadas condiciones, debe concederse el amparo solicitado para el efecto de que el Director del Centro Metropolitano del Autotransporte dependiente de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deje insubsistente el permiso para prestar el servicio auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos *** de veinte de agosto de dos mil dieciocho a favor del tercero interesado Federico Cano Fernández; y, en su lugar, emita otro nuevo en el que funde debidamente su competencia material para la expedición de dicho permiso y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda, lo cual podrá ser en el mismo sentido que el anterior o en otro diverso, pero purgando, desde luego, el vicio formal que lo afecta y que quedó previamente puntualizado. ? Requerimiento. En consecuencia, mediante proveído de siete de octubre de dos mil veinte, se requirió al Director del Centro Metropolitano del Autotransporte de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas. ? Acciones de cumplimiento. El Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remitió copia certificada de las constancias siguientes: A. Acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, del que se advierte que dejó sin efectos el permiso ***de veinte de agosto de dos mil dieciocho y, en su lugar, ordenó expedir uno nuevo justificando su competencia. B. Nuevo permiso***, de once de diciembre de dos mil veinte, que autoriza al tercero interesado Federico Cano Fernández a operar el servicio de auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos. C. La constancia de alta de las unidades autorizadas al tercero interesado Federico Cano Fernández, para prestar el citado servicio. D. Las tarjetas de circulación de cada unidad. ? Valoración. Expuesto lo anterior, es oportuno realizar algunas precisiones en relación con el cumplimiento de la sentencia, sus excesos y sus defectos. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia quede enteramente cumplida. Ahora, el artículo 192, párrafo primero , de la Ley de Amparo señala que las ejecutorias del juicio de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Por otra parte, el artículo 196, párrafo tercero , de la Ley de Amparo señala que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. En ese orden, las autoridades deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo, sin incurrir en excesos o defectos, lo que debe calificar, de oficio, el juzgador de amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ...? Efectos cumplidos. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que realizó lo siguiente: A. Mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, dejó sin efectos el permiso ***de veinte de agosto de dos mil dieciocho. B. En su lugar, con libertad de jurisdicción, emitió el nuevo permiso *** de once de diciembre de dos mil veinte, fundando su competencia para emitir dicho permiso, entre otros, en el artículo primero, fracción I, del Acuerdo Delegatorio de Facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil nueve; y, autorizando su expedición a Federico Cano Fernández. C. Emitió la constancia de once de diciembre de dos mil veinte, relativa al alta de las unidades autorizadas al tercero interesado Federico Cano Fernández, para operar el servicio de auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos, derivado del permiso ***; así como las tarjeta de circulación de los vehículos. En ese sentido, este juzgador considera que el Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dio cumplimiento a los efectos para los cuales se concedió el amparo, siguiendo los parámetros fijados en la ejecutoria. Sirve de fundamento, la tesis aislada: SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. ...? Respuesta a las manifestaciones de la parte quejosa. A continuación, se procede a dar contestación a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. ... La parte quejosa en su escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, registrado con el número de promoción 847, y en el escrito de cuenta manifestó, en esencia, lo siguiente: a) Que de las constancias remitidas por el Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se advierte que haya dejado sin efectos el permiso 0919CAFF22022018230811000 de veinte de agosto de dos mil dieciocho, otorgado al tercero interesado Federico Cano Fernández. b) Que la autoridad responsable omitió informar al Director General del Centro S.C.T., Puebla, de la aludida Secretaría, para que a su vez dejara sin efectos el enrolamiento del tercero interesado para prestar el servicio auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos. c) Que la autoridad responsable omitió remitir a este juzgado las altas de los vehículos autorizados al tercero interesado para prestar el servicio auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos, en el tramo carretero que tiene autorizado. d) Que el Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no canceló el permiso 0919CAFF22022018230811000 de veinte de agosto de dos mil dieciocho, otorgado al tercero interesado Federico Cano Fernández, con la finalidad de que éste iniciara nuevamente el trámite de solicitud de permiso para la prestación del servicio de auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos. e) Y que la autoridad responsable se excedió en el cumplimiento de la sentencia, ya que en la constancia de alta de las unidades autorizadas al tercero interesado asentó que la ruta autorizada es la ubicada en: "CARRETERA FEDERAL 119 APIZACO-TEJOCOTAL DEL KM 35+000 AL KM 109+000 LÍMITES PUEBLA-HIDALGO (74 KM) *** AUTOPISTA 132D DEL KM 124+000 AL KM 150+000 LÍMITE DE HIDALGO-PUEBLA, DIRECCIÓN A TUXPAN (26 KM) TOTAL 100 KM". A pesar de que en la constancia de alta de vehículos derivada del permiso *** de veinte de agosto de dos mil dieciocho, se autorizó la ruda: "CARRETERA FEDERAL 119 APIZACO-TEJOCOTAL DEL KM 35+000 AL KM 109+000 LÍMITES PUEBLA-HIDALGO (74 KM) *** AUTOPISTA 130D DEL KM 124+000 AL KM 150+000 LÍMITE DE HIDALGO-PUEBLA, DIRECCIÓN A TUXPAN (26 KM) TOTAL 100 KM". Contestación al inciso a). Respecto a la manifestación precisada en el inciso a), se determina que no le asiste la razón al quejoso, toda vez que el Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, dejó sin efectos el permiso 0919CAFF22022018230811000 de veinte de agosto de dos mil dieciocho, lo que acreditó con la copia certificada de dicho acuerdo. Contestación al inciso b) Ahora, respecto a lo que alega el quejoso en el inciso b), conviene recordar que en el punto resolutivo primero de la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve por este juzgador, y confirmada en ese punto por el Tribunal de Alzada al resolver el recurso de revisión 412/2019; se determinó sobreseer por inexistencia del acto que se atribuyó a las autoridades responsables Director General y Subdirector de Transporte, ambos del Centro S.C.T. Puebla, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consistente en el enrolamiento de Federico Cano Fernández para prestar el servicio auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos en el tramo de ***autorizado en el permiso ***En consecuencia, resultan infundadas las manifestaciones del quejoso en el sentido de que el Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debió informar al Director General del Centro S.C.T., Puebla, la insubsistencia del permiso ***, para que a su vez dejara sin efectos el enrolamiento del tercero interesado, toda vez que al momento en que se dictó sentencia no existía constancia de que se hubiese autorizado el enrolamiento solicitado por el tercero interesado. Contestación al inciso c) Asimismo, el quejoso manifiesta que la autoridad responsable omitió remitir a este juzgado la alta de los vehículos autorizados al tercero interesado para prestar el servicio auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos; sin embargo, dicha constancia de alta de vehículos expedida el once de diciembre de dos mil veintiuno, ya obra agregada en autos. Contestación al inciso d) Por otra parte, respecto a la manifestación precisada en este inciso, se determina que no le asiste la razón al quejoso, toda vez que en la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de Alzada se concedió el amparo para el único efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos el permiso para prestar el servicio auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos 0919CAFF22022018230811000 de veinte de agosto de dos mil dieciocho a favor del tercero interesado Federico Cano Fernández, y, en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitiera otro nuevo en el que fundara debidamente su competencia material. En ese sentido, contrario a lo manifestado por el quejoso, dentro de los efectos de la concesión del amparo no se determinó que la autoridad responsable debía reponer o cancelar el procedimiento administrativo que culminó con la expedición del permiso; ni que el tercero interesado Federico Cano Fernández debiera iniciar un nuevo trámite para gestionar y obtener el permiso para prestar el servicio auxiliar de arrastre y salvamento de vehículos. Por ende, se estima que el Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber dejado sin efectos el permiso 0919CAFF22022018230811000 de veinte de agosto de dos mil dieciocho y, en su lugar, haber expedido el nuevo permiso de once de diciembre de dos mil veinte, en el que fundó su competencia material. Contestación al inciso e) Finalmente, respecto a lo que alega el quejoso en el inciso e), en el sentido de que la autoridad se excedió en el cumplimiento de la sentencia de amparo al modificar la ruta que originalmente se había autorizado al tercero interesado, se estima que tal situación constituye un tema de fondo, del cual este juzgador está impedido para analizar en esta etapa de ejecución, ya que ello implicaría juzgar sobre la legalidad del nuevo permiso, lo cual debe ser combatido en un nuevo medio de impugnación, pues el amparo sólo se concedió por una violación formal relativa a que la autoridad justificare su competencia. En ese orden de ideas, el quejoso está en aptitud de promover el medio de defensa que estime conveniente para combatir su legalidad. En consecuencia, resultan infundadas las manifestaciones del quejoso. ? Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: ... Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por lista a la parte tercera interesada. Autoridad responsable Correos Director del Centro Metropolitano de Autotransporte de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes kgomezso@sct.gob.mx veronica.rodriguez@sct.gob.mx

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el proveído por el cual se le requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que rindiera su respectivo informe justificado, se le notificó el treinta de marzo de la presente anualidad, por lo que resulta inconcuso que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a dicha autoridad a fin de que lo envíe. En tal sentido, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO; lo que se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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