Reynaldo Rubén López Vences

Expediente 944/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
944/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • Reynaldo Rubén López Vences

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintidós de julio de dos mil diecinueve (fojas 18 a 22), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Reynaldo Rubén López Vences, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos la comparecencia signada por el quejoso ***, mediante la cual satisface el requerimiento formulado mediante proveído de dieciocho de los cursantes; en ese sentido téngase por ratificada la demanda de amparo para los efectos legales conducente y por cumplido el requerimiento aludido. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama La integración de la carpeta de investigación **; Y NIC **** y como consecuencia la alerta migratoria; y el posible citatorio girado en contra del quejoso. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Hecha tal precisión, el suscrito estima que respecto del citado acto reclamado se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual se encuentra previsto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, como se expondrá de forma siguiente En efecto, los artículos 6 y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.." Asimismo el artículo 21 Constitucional, dispone "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." El precepto constitucional transcrito con antelación, hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la investigación del delito; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio en el que descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, dentro de la fase del procedimiento penal, denominada investigación del delito no judicializada (noticia criminal), los elementos del delito y la probable intervención o participación del imputado. Así pues, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de la investigación del delito, el Representante Social debe acreditar determinados hechos para demostrar los elementos del hecho delictuoso que se imputa al indiciado que, concatenados entre sí, den como resultado una presunción iuris tantum que demuestre los elementos del ilícito en cuestión y su probable intervención o participación. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditar la actualización de algún delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación y persecución de los delitos" debiendo para ello, necesariamente "buscar y presentar los datos de pruebas que acrediten la probable participación o intervención en el hecho delictuoso del imputado". Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito, destruyendo las pruebas aportadas por el Representante Social, lo cual, no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de probar la actualización de los mismos. El Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia han sostenido el criterio reiterado de que por regla general la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, como se advierte de las tesis aisladas LXVIII y CXXXV/2004, consultables en las páginas 1113 y 351, del tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con números de registro 179988 y 180028 respectivamente, que son del tenor literal siguiente "AVERIGUACIÓN PREVIA SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la revisibilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la carpeta de investigación del delito debe ser determinada, en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, en el caso a estudio, el perjuicio que la parte quejosa estima le causa el hecho de que las responsables realicen las diligencias de preparación e integración de la indagatoria de origen, es susceptible de ser contrarrestado mediante la determinación del juez de librar o no la orden de captura que eventualmente le fuere solicitada. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no infringen perjuicio alguno a la parte quejosa, ya que éste en todo caso dicho perjuicio se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confiere al Ministerio Público. Sirve de sustento a lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte2, enero a junio de 1990, página 689, con número de registro 226462, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa del delito, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Al efecto conviene citar el referido artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, que establece "Artículo 107. El amparo indirecto procede VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño;" Aunado a lo anterior, en el caso los actos reclamados consistentes en la integración de la carpeta de investigación *** y NIC *** y como consecuencia la alerta migratoria; y el posible citatorio girado en contra del quejoso, no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en la fracción VII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece los actos que son procedentes reclamar en amparo indirecto y que sean atribuidos al Ministerio Público, pues ante la negativa que aduce el quejoso es objeto para tener acceso a la carpeta de investigación, debe decirse que en cuanto el citado comparezca ante la autoridad correspondiente, tendrá acceso a la misma. De igual manera la alerta migratoria, adoptada por la autoridad responsable, no se restringe la libertad de tránsito que prevé el artículo 11 constitucional, conforme al cual toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, ya que este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa. Asimismo, el citatorio que refiere el quejoso es un acto futuro de realización incierta. En consecuencia, es improcedente la demanda de amparo, en relación con tales actuaciones atribuidas al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia de Hechos de Tránsito y Hospitales y otras autoridades, al actualizarse, la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción VII, ambos de la Ley de Amparo y, además, con apoyo en el artículo 21 de la Constitución Federal. Por tanto, con apoyo en los citados preceptos legales y el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, promovida por ***, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia de Hechos de Tránsito y Hospitales y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Notifíquese, y vía electrónica al promovente.

  3. Principal

    MESA III RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ** contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia de Hechos de Tránsito y Hospitales y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 944/2019-III. PREVENCIÓN. Ahora, previo a realizar pronunciamiento alguno respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de que se trata, cabe destacar que como se advierte de la certificación de cuenta, se encuentra radicado el juicio de amparo 926/2019-VI, promovido por **, contra los actos que se citaron como "la integración y negativa de tener acceso a la carpeta de investigación NUCTOL/TOL/HTH/107/179994/1906 y NIC TOL/HTH/03/MPI/443/01162/19/06; la alerta migratoria en contra del quejoso; el citatorio en contra del quejoso y la omisión de entregar copias certificadas de la carpeta de investigación.", atribuidos al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia de Hechos de Tránsito y Hospitales y otras autoridades, en el cual mediante proveído de doce y dieciséis del mes y año en curso, se previno al promovente a efecto de que diera cumplimiento a los requerimiento ahí formulados, encontrándose a la fecha en la que se actúa, trascurriendo el término para tal efecto. Así, en el expediente en el que se actúa, ** presenta demanda de amparo citando como acto reclamado "la integración y negativa de tener acceso a la carpeta de investigación NUCTOL/TOL/HTH/107/179994/1906 y NIC TOL/HTH/03/MPI/443/01162/19/06; la alerta migratoria en contra del quejoso; y el citatorio girado en contra del quejoso", atribuidos al Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Agencia de Hechos de Tránsito y Hospitales y otras autoridades, por lo que evidentemente se tratan de los mismos actos controvertidos. En esas condiciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, procede requerir a la quejosa para que, dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto realice lo siguiente ÚNICO. Toda vez que en el calce de la demanda de amparo del juicio 926/2019-VI y de la que da origen al presente asunto, la firma difieren considerablemente, aunado a que la que aparece en el presente juicio se presenta en forma independiente de la demanda; a efecto de dar cumplimiento al principio de parte agraviada que rige el juicio de amparo y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión al quejoso, a efecto de que este órgano jurisdiccional tenga certeza de que el promovente fue quien suscribió el escrito de cuenta; con fundamento en el artículo 297, fracción II, de la legislación civil federal invocada, se requiere a la parte quejosa **, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca en el local de este juzgado y ratifique el contenido del escrito de mérito y la firma que lo calza; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. En ese tenor, agréguese copia simple del juicio de amparo 926/2019, para los efectos legales conducentes. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, es decir vía electrónica. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y de forma restringida a las diversas personas que menciona, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. Además, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), toda vez que se encontró registro del usuario "afloresm". HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese, vía electrónica al promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano