Reynaldo Rodríguez Iñigo
Expediente 490/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/05/2021
Partes del expediente
- Reynaldo Rodríguez Iñigo
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Notifíquese personalmente;
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN EL DOMICILIO DE LA TERCERO INTERESADA ALEJANDRA CORREA TERÁN, Y SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE:"Ensenada, Baja California, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Reynaldo Rodríguez Iñigo, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia Familiar, con residencia en esta ciudad, en los términos y para los efectos siguientes: ? " [.] Deje insubsistente la interlocutoria de cinco de noviembre de dos mil veinte, emitida en el juicio ordinario civil sobre divorcio sin expresión de causa 1103/2019. ? Con plenitud de jurisdicción dicte otra, en la cual, resuelva el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto de nueve de marzo de dos mil veinte, pero de manera congruente con los agravios en planteados en el mismo, en términos del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. [.]" Mediante oficio recibido en este juzgado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia Familiar, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó con las constancias relativas, que dentro del juicio ordinario civil sobre divorcio sin expresión de causa 1103/2019, el veintiséis de febrero de dos mil veinte, la actora Alejandra Correa Terán y el demandado Reynaldo Rodríguez Iñigo, presentaron convenio que celebraron, registrado con folio 2929, el que se acordó y ratificaron en la audiencia de conciliación de esa misma fecha, pero que se encontraba pendiente de sancionar, en tanto que no se habían desahogado las vistas concedidas, respecto de dicho pacto de voluntades, al agente del Ministerio Público del Fuero Común y Representantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; empero, al encontrarse transcurriendo el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las parte estuvieran en aptitud de recurrir la sentencia dictada en este sumario, en acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, éste Juzgado de Distrito se reservó pronunciarse en relación al comunicado y anexos de referencia. Posteriormente, al no haber sido recurrida la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, por auto de catorce de abril de dos mil veinte, causó ejecutoria; por lo que, se levantó la reserva señalada en el párrafo que antecede y se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, en relación a la información y constancias remitidas por la autoridad responsable. Sin embargo, mediante auto de veintiéis de abril de dos mil veintiuno, se advirtió que no se encontraba cumplida la sentencia de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió nuevamente a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia Familiar, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de dicho auto, cumpliera con el fallo protector concedido a la parte quejosa, debiendo remitir copia certificada de las constancias con las que acreditara dicha circunstancia para el debido cumplimiento; o en su caso, de estar imposibilitado para realizar el cumplimiento referido, con motivo de haber sancionado el convenio celebrado por las partes en el juicio natural, también debería informarlo dentro de dicho plazo y remitir las constancias certificadas que así lo justifiquen. En atención a lo anterior, mediante oficio registrado con folio 5463, la autoridad responsable juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, informó y acreditó su imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector, con motivo de haber sancionado el convenio celebrado por las partes Alejandra Correa Teran y Reynaldo Rodriguez Iñigo, en el juicio ordinario civil sobre divorcio sin expresión de causa 1103/2019, de su índice; lo anterior, mediante sentencia definitiva de veintisiete de abril de dos mil veintiuno; para lo cual remitió copia certificada de las constancias relativas para acreditarlo. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fue objetada ni redargüida de falsedad. Por ende, mediante auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que lo hayan realizado, como se advierte de la certificación de cuenta. En ese contexto, si bien se concedió la protección constitucional en el presente asunto, sin embargo, en el juicio de origen, se tuvo a la actora Alejandra Correa Terán y al demandado Reynaldo Rodríguez Iñigo, celebrando convenio el veintiséis de febrero de dos mil veinte, el que se acordó y ratificaron en la audiencia de conciliación de esa misma fecha; mismo que fue sancionado por la autoridad responsable mediante sentencia definitiva de veintisiete de abril de dos mil veintiuno; por tanto, es evidente que existe una imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, al haber desaparecido su objetivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 2/2008, con registro 170502, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 431, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Así como la diversa1a./J. 90/2007, con registro 172140, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en página 140, tomo XXV, junio de dos mil siete, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En las relatadas condiciones, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo, en virtud de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículo décimo octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos décimo octavo y décimo noveno del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurará el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, así como las demás actuaciones que este juzgador considere; y se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Finalmente, se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Notifíquese personalmente; para lo cual se instruye a la actuaria de este Juzgado de Distrito, para que realice las diligencias en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad de su salud y de las demás personas que se encuentren en el lugar en que se practicaran las notificaciones, de conformidad con el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Ricardo Morones Dávalos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe."
- Principal
Notifíquese personalmente
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL DIEZ DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN EL DOMICILIO DE LA TERCERO INTERESADA ALEJANDRA CORREA TERÁN, Y SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: "...Ensenada, Baja California, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la autoridad responsable juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto y para acreditarlo remite copia certificada de las constancias relativas. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias relativas y transcurrido dicho plazo con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado por parte de la autoridad responsable. Notifíquese personalmente; utilizando de manera preferente los medios electrónicos al alcance de la actuaria y de la persona a la que se encuentra dirigida, en la inteligencia que, en caso que no se cuente con dichos medios, debe realizarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad de su salud y de las demás personas que se encuentren en el lugar en que se practicaran las notificaciones. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Magally Figueroa Toral, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe..." Por último, se deja a su disposición en la secretaría de este juzgado, copia del oficio 1522/2021-IV y 2346/2021-P, así como los anexos que acompañan, relativos al cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa, mediante los cuales la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, informó sobre el convenio celebrado por las partes Alejandra Correa Terán y Reynaldo Rodríguez Íñigo, en el expediente natural número 1103/2019, de su índice. Doy Fe
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