Reynaldo Peña Elvira
Expediente 285/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Reynaldo Peña Elvira
- Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese la comunicación señalada en la cuenta al expediente en que se actúa mediante la cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, acusa recibo del recurso de revisión interpuesto por ********************-autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo-; asimismo, hace del conocimiento que dicho medio de impugnación quedó bajo el registro de amparo en revisión ******************** y se desechó por presentarse de manera extemporánea; en consecuencia, téngasele informando lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar en el presente juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual ***-autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo- realiza diversas manifestaciones respecto al proveído de veinticinco de mayo del año en curso, entre las que se encuentran las siguientes: i) La sentencia de amparo le fue notificada el 6 de mayo de 2021 (como se advierte del acuse que anexa), por lo que el plazo de diez días que establece la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión transcurrió del diez al veintiuno de mayo del año en curso y no al veinticuatro de mayo como se dijo en el auto en comento. ii) Que el referido medio de impugnación fue presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, como se advierte del acuse que anexa al escrito (acuse que generó electrónicamente el sistema). En ese sentido, téngase por hechas las manifestaciones que realiza la parte quejosa y una vez se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítase el escrito de cuenta junto con las demás constancias al tribunal de alzada para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que el plazo de diez días con el que contaba la parte quejosa para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto, transcurrió del siete al veinte de mayo del año en curso y el escrito señalado en la cuenta fue presentado el veinticuatro de mayo siguiente, como consta del acuse de recepción generado por el sistema. Señalado lo anterior, agréguese el escrito firmado electrónicamente por Alejandro Velasco García -autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo- por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original y copia del escrito de agravios, un disco versátil digital (DVD) certificado y el juicio principal al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias más relevantes que evidencian el desarrollo de este asunto, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3º de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
"S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 285/2021 III-B, promovido por Reynaldo Peña Elvira, en contra de actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, para emitir la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la cual se le vinculó a proceso, dentro de la carpeta judicial 869/2020, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. I. ANTECEDENTES De las documentales que se allegaron al expediente de amparo, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, se tramita la causa penal 869/2020, en contra de Reynaldo Peña Elvira, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Rubí Karina Ordaz Parada. En audiencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, ante el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó se vinculara a proceso al aquí quejoso. La defensa del imputado solicitó que en esa propia audiencia se resolviera su situación jurídica. Por lo que, una vez desahogada ésta, se determinó vincular a proceso a Reynaldo Peña Elvira, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Rubí Karina Ordaz Parada. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Reynaldo Peña Elvira, por propio derecho, presentó un escrito el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto que más adelante se precisarán. El quejoso señaló como derecho fundamental violado el contenido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de mérito se turnó a este Juzgado en la misma fecha de su presentación y en acuerdo de veintitrés de marzo pasado, se registró con el número 285/2021 y se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó emplazar a los terceros interesados; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se emplazó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género. El dieciséis de abril del año en curso, se emplazó a la tercero interesada Rubí Karina Ordaz Parada, quien tuvo por apersonada el veinte siguiente. La audiencia constitucional tuvo verificativo el treinta de abril de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, lo siguiente: La determinación emitida en audiencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la causa penal 869/2020, mediante el cual lo vinculó proceso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto en el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Rubí Karina Ordaz Parada. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, lo que se corrobora con el disco versátil digital relativo a la causa penal 869/2020 que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. LEGITIMACIÓN Reynaldo Peña Elvira, por propio derecho, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que la determinación adoptada en la audiencia que controvierten en esta instancia judicial, fue emitida en su contra, lo que a su decir es violatorios de derechos fundamentales. VII. OPORTUNIDAD La determinación emitida por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la que vinculó a proceso al aquí quejoso, dentro de la carpeta judicial 869/2020, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Rubí Karina Ordaz Parada, se notificó en la propia audiencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el uno de marzo del año en curso. De ahí que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el dos y feneció el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Al plazo citado, se descuentan los días veintisiete y veintiocho de febrero del año en curso, así como el seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de marzo, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. También, del referido plazo se descuenta el quince de marzo del año que transcurre, en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Así, al presentarse la demanda el veintidós de marzo de dos mil veintiuno-como se aprecia de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca-, se considera que es oportuna. VIII. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. Apoya la reflexión anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, página: 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". X. ESTUDIO DEL ASUNTO La parte quejosa, en esencia, hace valer los siguientes conceptos de violación: Que el auto de vinculación a proceso que combate en esta vía, carece de fundamentación y motivación. Refiere que se vulnera en su perjuicio el contenido del artículo 19 Constitucional, ya que de los datos de prueba incorporados por la Representación Social, no se advierte que éstos permitan concluir que existen indicios razonables que permitan suponer que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual y que exista la probabilidad que lo cometió. Que indebidamente, el Juez de Control responsable confirió valor probatorio a la declaración de la víctima Rubí Karina Ordaz Parada, a pesar de las incongruencias puntualizadas por su defensor particular y a que transcurrieron casi seis meses entre la denuncia de veintisiete de marzo de dos mil veinte y la ampliación de ésta, realizada el dieciocho de septiembre siguiente. Manifiesta que el Juez responsable no dio contestación a la exposición de su defensa, por lo que se violentó en su perjuicio el principio de contradicción. Indica que la autoridad responsable no estableció con precisión todos los elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos que integran el ilícito de abuso sexual, que le hayan permitido calificar si los hechos que el Ministerio Público le imputó son o no constitutivos de delito. Que por lo que respecta al dato de prueba consistente en el dictamen psicológico de veintisiete de marzo de dos mil veinte, refiere no sirve para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, porque no se advierte que la alteración que presentó la víctima sea consecuencia de los hechos denunciados. Los motivos de disenso expuestos por el promovente del amparo son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como quedará evidenciado en párrafos siguientes. En principio, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Ahora bien, de la reproducción del disco versátil certificado que remitió la autoridad responsable, relativo a la causa penal 869/2020, se advierte lo siguiente: Audiencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno En el minuto 00:14:30, el Juez de Control le hace del conocimiento al imputado los derechos que tiene en el proceso penal que se le instruye (primer video). En el minuto 00:04:30 (segundo video), el Agente del Ministerio Público formuló imputación. En el minuto 00:11:50, el Juez responsable requirió al imputado para que manifestara si era su deseo declarar, manifestando Reynaldo Peña Elvira que deseaba guardar silencio. En el minuto 00:12:35, la Representación Social solicitó la vinculación a proceso. En el minuto 00:59:32, el Juez de Control cuestionó al imputado y a su defensa si harían uso del término constitucional para resolver su situación jurídica. En el minuto 01:00:47, el imputado y su defensa pidieron que se resolviera en la propia audiencia su situación jurídica. Una vez cerrado el debate, el Juez responsable procedió a resolver la situación jurídica del imputado, dictándole auto de vinculación a proceso al aquí quejoso, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Rubí Karina Ordaz Parada. De los acontecimientos antes expuestos, se debe puntualizar que se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se le trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor particular, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que se llevó a cabo la audiencia y su derecho a una impartición de justicia pronta. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que las audiencias se desahogaron con apego a los principios de publicidad, al ser pública; de inmediatez, ya que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios; el de contradicción, debido a que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente; de continuidad y concentración, en razón de que los actos desarrollados en las audiencias se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Sin que pase inadvertido que derivado de la situación que impera en el país, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, las audiencias se lleven a cabo a través del método alternativo de videoconferencia, pues con ello no se infringen dichos principios. Igualmente, se considera que se atendieron las exigencias que requiere el contenido del artículo 19 Constitucional, así como lo dispuesto por los ordinales 311 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque según consta de la copia certificada del disco versátil digital de la audiencia celebrada en la causa penal de origen el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Fiscal formuló imputación por el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Rubí Karina Ordaz Parada y se precisaron las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución. Posteriormente, se emitió auto de vinculación a proceso en su contra (en la misma audiencia), por su probable intervención de los hechos imputados, al estimarse que existieron datos que evidenciaron que se han cometido esos hechos y existe la probabilidad de que Reynaldo Peña Elvira, los perpetró. Los datos de prueba destacados en el auto de vinculación fueron los siguientes: Del Fiscal Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género: Denuncia de Rubí Karina Ordaz Parada, de veintisiete de marzo de dos mil veinte. Dictamen médico de veintisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por la perito Mari Cruz Ortega Poblano. Dictamen psicológico de veintisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por la perito Reyna Paola Aguilar Torres. Acta de inspección ocular de doce de mayo de dos mil veinte, levantada por el Agente Estatal de Investigaciones Erick Cruz Martínez. Declaración de Omar Hurtado Juárez, realizada ante un Agente Estatal de Investigaciones. Ampliación de denuncia por comparecencia de Rubí Karina Ordaz Parada. Sin que la defensa del imputado ni la asesora jurídica de la víctima incorporaran algún otro dato de prueba. El Juez de Control estableció sustancialmente que los hechos que se acreditan con los datos de prueba previamente enlistados, son los siguientes: "1. La víctima Rubí Karina Ordaz Parada, tenía su domicilio en la calle Los Nogales, número 20, el Mogote, Cuilapam de Guerrero, Oaxaca y el imputado Reynaldo Peña era su vecino y compadre. 2. El veintisiete de marzo de dos mil veinte, aproximadamente entre las cuatro y cinco horas, cuando la víctima se encontraba en el domicilio referido del imputado, el imputado la empujó hacia un cuarto, cerró la puerta, la llevó a la cama, la víctima cayó boca abajo, luego el imputado le quitó el mayón y la volteó, quedando la víctima frente a él, el imputado le agarró los pies y le quitó la ropa interior, entonces el imputado intentó subirse encima a la víctima pero ella lo pateó, el imputado le besó el cuello y la víctima trataba de quitárselo de encima, pero éste le tocó con una de sus manos sus pechos y la vagina, así mismo le mordió el cuello, sin hacerle nada más, ya que la víctima logró sujetarle las manos, en ese momento intentaron abrir la puerta, por lo que el imputado se levantó y la víctima aprovechó para salir del cuarto. 3. Con esa conducta Reynaldo Peña le ocasionó a la víctima Rubí Karina Ordaz Parada una afectación psicológica, consistente en una reacción de estrés agudo, así también una equimosis en maxilar inferior del lado derecho y una sugilación en cara lateral derecha del cuello." El Juez responsable continuó verificando si los hechos antes relatados se subsumen a lo que la norma penal dispone en el artículo 241 del Código Penal en el Estado de Oaxaca, que prevé el delito de abuso sexual, tomando en consideración los datos de prueba vertidos por las partes. El invocado precepto a la letra dispone: "Artículo 241. Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual, que no sea la cópula, o la obligue a observar cualquier acto sexual aun a través de medios electrónicos. Al responsable de tal hecho, se le impondrá de tres a seis años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor de la unidad de medida y actualización." Para tener por comprobado que los hechos encuadran en la norma penal, la responsable tomó en consideración los datos de prueba ofrecidos por la Representación Social, los cuales fueron valorados de conformidad con lo dispuesto por los ordinales 259, 263, 265 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, el suscrito considera que fueron correctamente ponderados los datos de prueba incorporados por la Representación Social, como a continuación se expondrá. En relación con la denuncia de Rubí Karina Ordaz Parada, el Juez de Control responsable indicó que en ésta se hacen constar hechos cometidos a su persona, de forma detallada, precisa y clara, en la que se vertieron datos objetivos y relativos a la agresión sufrida, así como la hora, fecha y lugar en los que sucedieron; motivo por el cual le concedió valor probatorio. En relación con el dictamen médico de veintisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por la perito Mari Cruz Ortega Poblano, el Juez de origen estableció que dicha experta tiene los conocimientos necesarios para emitirlo, que estableció los materiales necesarios para su elaboración y la forma en la que lo desahogó para poder llegar a una conclusión. Al mencionado dato de prueba, le concedió valor probatorio, pues lo consideró idóneo para establecer el estado físico que presentaba la víctima Rubí Karina, por lo que le generó convicción. Por su parte, respecto del dictamen psicológico de veintisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por la psicóloga Reyna Paola Aguilar Torres, quedó asentado que fue emitido por una persona experta en la materia, con cédula profesional que cubre los requisitos para emitir un dictamen. Asimismo, que es idóneo para establecer el estado emocional que presentaba la víctima (estrés agudo), por lo que el Juez responsable le concedió valor probatorio. En relación a la inspección ocular, la autoridad responsable indicó que resultó idónea para establecer que sí existe el domicilio ubicado en calle Nogales, sin número, El Mogote, en Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, lugar donde pudieron haberse llevado a cabo los hechos que motivaron la denuncia de la víctima; aunado a que fue realizada por una persona competente para ello, en el ejercicio del deber y que obtuvo placas fotográficas para evidenciar lo que observó. Por tanto, el Juez responsable le concedió valor probatorio, al referir que es un acto de investigación en el que se describió lo que se percibió a través de los sentidos. Consecuentemente, se estima correcto que la responsable tomara en consideración dicha inspección, pues se trata de un acto de investigación a cargo de una persona facultada para ello, la cual describe datos objetivos que se pueden perciben a través de los sentidos de la vista, el tacto y el oído. Máxime, que para la práctica de dicha inspección no se necesitan conocimientos especializados, basta utilizar el sentido de la vista para detallar las características de ese lugar. En sustento a lo anterior, se cita la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, visible en la página 36, Volumen 56, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE PRUEBAS. INSPECCION. La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, en su artículo 1o., fracción I, reglamenta las facultades que sobre el particular le concede la Constitución para allegarse medios que acrediten la responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar prueba es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público, porque de no ser así se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de un ilícito y la responsabilidad del inculpado. Dentro de tal potestad se halla la prueba de inspección, la cual es de las más convincentes, porque satisface el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o hecho que debe apreciarse. La que puede recaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar diligencias para descubrir alguna cosa, así como efectuar diligencias, esto es, averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar su actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario incapacitaría a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual no prosperaría y traería consigo zozobra social al no castigarse las conductas delictivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido allegarse los elementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera limitada daría como resultado una infructuosa investigación penal." Por cuanto hace a la declaración de Omar Hurtado Juárez, quien es esposo de la víctima Rubí Karina Ordaz Parada, el Juez responsable indicó que da cuenta de lo que apreció y vivenció el veintisiete de marzo de dos mil veinte, por lo que resulta creíble su testimonio al no advertirse que declaró por inducciones. Razón por la cual le concedió valor probatorio al estimarlo creíble, pertinente y útil. En relación con la ampliación de denuncia por comparecencia de la víctima, de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable le concedió valor probatorio pues en éste dato de prueba Rubí Karina detalló más los hechos ocurridos el veintisiete de marzo de dos mil veinte. Por lo que consideró que se trata de una narración complementaria de su declaración primigenia y le concedió valor probatorio. Del análisis conjunto de los datos de prueba relacionados, el Juez de Control estableció que son lícitos, idóneos y pertinentes; que la denuncia de la víctima y su ampliación, concatenadas con la declaración de Omar Hurtado Juárez y el acta de inspección, sirven para establecer lugar, fecha y hora, donde acontecieron los hechos, así como sus intervinientes. Por su parte, los dictámenes médico y psicológico, sirvieron para establecer el estado físico y emocional que presentaba la víctima Rubí Karina Ordaz Parada, el veintisiete de marzo de dos mil veinte, por lo que se consideraron datos idóneos para justificar las lesiones que presentó en el cuerpo y la afectación a su estado psíquico. En atención a las manifestaciones de la defensa del imputado, en el sentido que debía restarse valor probatorio a la ampliación de denuncia de la víctima, atendiendo a que ésta se hizo casi seis meses después de la primera y que se advierten incongruencias entre una y otra, el Juez responsable acertadamente le indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se trata de delitos sexuales, se debe considerar que son un tipo de agresión que, en general se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor, por lo que no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamenta sobre el hecho. Siguiendo esa línea argumentativa, el Juez responsable también indicó que se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, por lo que se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo. Apoya lo expuesto la tesis CLXXXIV/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 460, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015634, que a la letra dice: "VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos." Aunado a lo expuesto, el Juez de la causa indicó que la declaración inicial de la víctima y su ampliación, reúnen las reglas de la lógica, pues están dotadas de coherencia interna y externa, lo que se concatenó con la declaración de su esposo Omar Hurtado Juárez, aunado a que con los diversos datos de prueba consistentes en los dictámenes médico y psicológico, se aprecia que la víctima tuvo alteraciones en su estado físico y emocional. Con base en lo anterior, el suscrito coincide con el resolutor de origen en cuanto a que con los datos de prueba aportados por la Representación Social, se puede establecer que se acreditan los hechos anteriormente relatados, como se expondrá a continuación. La autoridad responsable precisó que los requisitos para que se configure el delito de abuso sexual son los siguientes: Que una persona ejecute un acto sexual en otro, distinto a la cópula. Que se realice sin el consentimiento de la víctima. Que exista un ánimo lascivo. Por lo que respecta al primer inciso, en el que una persona ejecute un acto sexual en otro, distinto a la cópula, el Juez de origen lo tuvo por justificado y acreditado con la denuncia de Rubí Karina Ordaz Parada, la ampliación de ésta, con la inspección ocular realizada por un Agente Estatal de Investigaciones y con la declaración del testigo Omar Hurtado Juárez. De dichos datos de prueba, el Juez de origen obtuvo que el veintisiete de marzo de dos mil veinte, entre las cuatro y cinco horas, Rubí Karina Ordaz Parada se encontraba en el domicilio ubicado en calle Nogales sin número, Paraje El Mogote, San Lucas, Cuilapam de Guerrero, Oaxaca, donde vive el imputado Reynaldo Peña Elvira. Mientras se encontraban en el domicilio del imputado, estaban ingiriendo bebidas embriagantes; la víctima refirió que estaba en el comedor cuando el imputado la llamó, ella salió al patio, del que está cerca una recámara y Reynaldo le dijo que le gustaba y que quería algo con ella, quien le respondió que no, que eran compadres. Acto seguido, el imputado la empujó a la recámara que estaba cerca del patio, le empujó a la cama quedando boca abajo, le quitó el mayón y el calzón, luego la volteó hacía él y le quitó la blusa y el brassier, trató de encimarse a Rubí Karina, forcejeaba con ella y trataba de abrirle las piernas; en ese momento entró Leticia (esposa del imputado), quien le dijo que se calmara, pero éste le hizo señas y ella se salió. La víctima refirió que pateó al imputado para que la dejara y se percató que estaba desnudo, la esposa de Reynaldo volvió a entrar a decirle que Rubí Karina no quería lo que estaba pasando, por lo que éste la empujó, ella cayó al suelo y luego se salió de la habitación. Que el imputado besó a la víctima en el cuello, mientras intentaba librarse de él, éste le señaló un arma larda y le dijo que si gritaba eso le esperaba a Omar. Cuando la víctima escuchó que alguien quería abrir la puerta de la recámara, gritó "¡Omar ayúdame!", por lo que el imputado se puso un short y salió por una de las puertas del cuarto, refiere que escuchó a su esposo decir "Compadre, esas cosas no se hacen", se paró y salió de la habitación, abrazó a su esposo, se puso su ropa y salió del domicilio. Por su parte, en la ampliación de la denuncia, la víctima refirió que a las seis de la tarde del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se encontraba en el domicilio del imputado, que no recuerda la hora en la que su esposo fue a dejar a sus hijos a su casa; que en eso, ella se quedó con su comadre Leticia, cuando entró su compadre Reynaldo, quien le dijo que le gustaba y que lo que pasara sería su culpa porque ella lo estaba provocando. Con lo antes relacionado, el Juez de Control precisó que existe un señalamiento directo de que Reynaldo Peña Elvira fue quien realizó tocamientos en el cuerpo de Rubí Karina Ordaz Parada, en sus senos y su vagina, que se encimó en ella y trató de abrirle las piernas. Lo que evidenció que se realizó una conducta distinta a la cópula. En lo que atañe a que la ejecución del acto sexual distinto a la cópula se realice sin el consentimiento de la víctima, la autoridad responsable lo tuvo por acreditado con la propia denuncia de Rubí Karina Ordaz Parada, quien fue clara al indicar que no prestó su consentimiento para los hechos ocurridos, incluso mencionó que su compadre la veía inapropiadamente pero que nunca había intentado nada. Por lo que hace al requisito consistente en que exista el ánimo lascivo, se acreditó con la denuncia de la víctima, en la que refirió que el imputado le dijo que tenía tiempo que le gustaba; asimismo, porque éste desnudó a Rubí Karina, se le encimó y trató de abrirle las piernas, tocando sus senos y su vagina, por lo que refirió el Juez de origen que dichos actos se hicieron con el ánimo de satisfacer deseos sexuales, En lo que atañe a la probabilidad de que Reynaldo Peña Elvira, cometió el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, se encuentra demostrada hasta este momento con los mismos datos de prueba incorporados por el Fiscal Federal, los cuales ya fueron reseñados en párrafos anteriores, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, ya que si bien es cierto que los elementos del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo perpetuó son conceptos diferentes, también lo es que puede suceder que un medio de prueba sirva para comprobar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado, puede revelar la actualización del primero y, por otro, acreditar la existencia de aquélla probabilidad; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia violación de derechos fundamentales. En efecto, tal como lo precisó la responsable, dicha probabilidad se evidencia con el señalamiento directo y categórico realizado por la víctima Rubí Karina Ordaz Parada, quien fue clara al referir que Reynaldo Peña Elvira es su compadre y fue quien el veintisiete de marzo de dos mil veinte, le realizó actos sexuales distintos a la cópula sin su consentimiento; lo que se adminiculó con los dictámenes médico y psicológico, de los que se obtuvo que la víctima presentaba equimosis en maxilar inferior del lado derecho y una sugilación en cara lateral derecho, así como estrés agudo. Concatenado con la declaración de Omar Hurtado Juárez, quien corroboró que él y su esposa Rubí Karina Ordaz Parada estaban en la casa de su compadre Reynaldo Peña Elvira conviviendo y que después de llevar a sus hijos a su casa, regresó a casa de su compadre y vio a su esposa llorando desnuda en la cama. Por lo que hace a la forma de intervención, el Juez responsable indicó que el imputado actuó como autor material, en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, porque realizó la conducta por sí mismo. También estableció que su actuar lo realizó de forma dolosa, porque tenía pleno conocimiento que la conducta se encontraba sancionada por la ley como un delito, ya que está prohibido realizar tocamientos, roces o frotes en el cuerpo de otra persona sin su consentimiento y aun teniendo conocimiento de ello, decidió concretizar dicha conducta, por lo que se satisface la fracción I del numeral 8, del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Así, los datos de prueba aportados por la Representación Social son suficientes, congruentes, pertinentes e idóneos, no solo para tener la cobertura de establecer los hechos, la subsunción de éstos en la norma penal, acreditar los elementos del tipo penal, sino también la probable participación del imputado en su comisión. Bajo ese contexto se considera que en oposición a lo aseverado por la parte quejosa, el Juez de Control responsable ponderó tanto los argumentos expuestos en la audiencia como los datos de prueba aportados por el Fiscal y precisamente con apoyo en éstos fue que válidamente concluyó que hasta este momento se encuentra demostrado que Reynaldo Peña Elvira probablemente participó en la comisión del hecho delictivo multicitado. Máxime que para el dictado del auto de vinculación la Juez de Control no requiere la existencia de pruebas con valor probatorio pleno, sino sólo es necesario analizar si se aportaron datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Esto es, basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Igualmente, resulta aplicable la tesis XV.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, localizable en la página 2167, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." En ese tenor, el suscrito concluye que el Juez de Control al emitir el auto de vinculación a proceso, cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir la determinación en estudio se encuentra fundada y motivada, ya que de las videograbaciones de la audiencia de vinculación a proceso se aprecia que precisó los fundamentos legales aplicables al caso concreto, así como los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían datos de prueba que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en perjuicio de Rubí Karina Ordaz Parada. De ahí que no pueda estimarse que existió vulneración en su perjuicio de los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de debido proceso tutelados por la Carta Magna. Se cita por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), consultable en la página 125, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." En razón de lo apuntado, es que devienen infundados los conceptos de violación encaminados a evidenciar que el auto de vinculación a proceso reclamado carece de fundamentación y motivación, pues como se explicó en las líneas que anteceden, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, sí se colmaron las exigencias previstas por los artículos 16 y 19 Constitucionales, así como la establecida en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el dictado del auto de vinculación reclamado. Ello, porque contrario a lo que refiere el quejoso, el Juez responsable sí precisó los motivos y fundamentos por los cuales determinó que los hechos expuestos por la Representación Social encuadran a lo que la norma penal dispone en el numeral 241 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, relativo al delito de abuso sexual, como se indicó en las líneas que anteceden. Entonces, sí existen datos de prueba con los que se advierte la existencia de un hecho que la ley señala como delito (abuso sexual) y la probabilidad de que Reynaldo Peña Elvira participó en su comisión, pues incluso la autoridad responsable estimó de manera libre y lógica los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, como lo prevé el artículo 265 del invocado código e indicó qué era lo que se obtenía de cada uno y los hechos que corroboraban. También resultan infundados los conceptos de violación en los que la parte quejosa asevera que el Juez de Control indebidamente confirió valor probatorio a la declaración de la víctima Rubí Karina Ordaz Parada, a pesar de las incongruencias apuntadas por su defensor particular y a que pasaron casi seis meses entre la denuncia y su ampliación. Ello en razón de que, como bien le señaló el Juzgador de origen, el Más Alto Tribunal del País ha establecido que cuando se trata de delitos sexuales, se debe considerar que son un tipo de agresión que, en general se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor, por lo que no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamenta sobre el hecho. Asimismo, que atendiendo a la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo. Empero, el Juez de Control responsable enfatizó que la declaración de la víctima fue idónea y pertinente para establecer que Reynaldo Peña Elvira, vecino y compadre de Rubí Karina Ordaz Parada, entre las cuatro y cinco de la mañana del veintisiete de marzo de dos mil veinte, empujó a la nombrada a una cama, le quitó el mayó y el calzón, la volteó hacía él para quitarle la blusa y el brassier, mientras trataba de abrirle las piernas, tocándole los senos y la vagina. Tampoco asiste la razón al quejoso cuando refiere que el Juez responsable no dio contestación a la exposición que hizo su defensa en ese sentido (restarle valor probatorio a la denuncia de la víctima por las incongruencias destacadas), porque de disco versátil digital que se acompañó al informe justificado, se aprecia que sí se contestó esa manifestación, lo que se evidenció en las líneas que anteceden. En un diverso motivo de disenso, el promovente del amparo expone que el dictamen psicológico de veintisiete de marzo de dos mil veinte, no sirve para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, porque no se advierte que la alteración que presentó la víctima sea consecuencia de los hechos denunciados. El reseñado concepto de violación es infundado. Se dice lo anterior, ya que el Juez responsable valoró en su conjunto los datos de prueba aportados por la Representación Social, explicando lo que obtenía de cada uno de ellos, por lo que no resulta acertada la apreciación del quejoso en el sentido que dicho dictamen por sí solo, sustenta el auto de vinculación a proceso reclamado. Además, que atendiendo a lo narrado por la propia víctima en su declaración y por la perito en psicología en el dictamen emitido, sí resulta creíble que el trastorno emocional que presentó Rubí Karina Ordaz Parada deriva de hecho que se le atribuye al imputado, pues la experticia mencionada se practicó horas después de la denuncia. XI. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Reynaldo Peña Elvira. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Reynaldo Peña Elvira, en contra del acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, por los motivos expuestos en el apartado X de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
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