Reynaldo Montufar Ochoa

Expediente 709/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
709/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Reynaldo Montufar Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. Por otro lado, agréguese el escrito signado por el quejoso, a través del cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito de demanda. Atento a lo anterior, devuélvanse los referidos documentos previa razón de recibo que obre en autos por conducto de persona autorizada para tal efecto; en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos, dentro del término de noventa días, con apercibimiento de que de no hacerlo serán destruidos.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ***************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 709/2022-V-B. DESECHAMIENTO En ese orden, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por lo que del estudio íntegro al escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad social del Estado y Municipios; y Comité de pensiones del Instituto de Seguridad social del Estado y Municipios. Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México. Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México. De las que reclama: La omisión de dar respuesta a la solicitud formulada el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a la cual se le asignó el folio 471.456.562-43100. En ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a los artículos 61, fracción XIII de la Ley de Amparo y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El numeral reproducido en primer término prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es decir, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En el caso, el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el trámite administrativo realizado por la parte quejosa ante en el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Para evidenciarlo, conviene destacar lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal del País, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se inconforma exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violación al artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ahora, es importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la que sostuvo medularmente que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, en el caso se advierte que la petición que reclama la quejosa se encuentra regulada en el artículo 73 de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que establece: "ARTICULO 73.- El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente Si en el término señalado no se ha otorgado la pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión probable que se determine, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva Cuando el Instituto hubiese realizado un pago indebido a causa de alguna omisión o error, la persona que recibió el pago indebido deberá devolverlo o podrá convenir la forma de restituirlo. Cuando el pago indebido sea ocasionado por información proporcionada por la institución pública, el Instituto se resarcirá con cargo al presupuesto de la misma El órgano competente del Poder Legislativo, o en su caso de la institución pública proporcionará al Instituto y a los servidores públicos la información que requieran para llevar a cabo los trámites para el otorgamiento de las pensiones correspondientes." Por otra parte, el artículo 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, establece: "ARTICULO 75. [.] El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que interesa, que la autoridad responsable cuenta con un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto a la petición hecha por la parte quejosa. En el presente asunto, como se advierte del acuse de "SOLICITUD DE PENSIÓN", recibido en la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); se advierte que realizó una petición por escrito el veinticinco de marzo de dos mil veintidós; del cual se evidencia que a la fecha de la presentación de la demanda (nueve de mayo de dos mil veintidós), habían transcurrido veinticuatro días hábiles, para el efecto de que la responsable dé respuesta a la petición efectuada por la parte quejosa. Cabe señalar que el computo anterior fue calculado sin tomar en cuenta los días inhábiles respecto del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al cual pertenecen las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con el calendario oficial de días hábiles e inhábiles del año en curso, a saber: veintiséis y veintisiete de marzo; dos, tres, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de abril; así como, uno, siete y ocho de mayo, todos de la anualidad en curso. De lo anterior se aprecia que no se ha trasgredido lo dispuesto en los artículos 8° y 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diversos 73 y 75, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio y del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, respectivamente. En ese contexto, se considera que el acto reclamado en este momento, no afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo del quejoso; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Tiene aplicación, por las razones que sustentan la tesis I.1o.A.E.64 A (10a.), publicada en la página 2003, Libro 19, Tomo III, en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Materia Constitucional, con número de registro 2009510, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. ... DOMICILIO Por otro lado, toda vez que señala como domicilio procesal el usuario Consuejl03 y solicita el acceso al expediente electrónico a través de éste, dígase que tomando en consideración que el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, dispone: "Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal." Así como que el diverso numeral 9 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece: "Artículo 9. En los órganos jurisdiccionales a cargo del CJF, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del PJF, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General y atendiendo a la normalidad aplicable a cada materia." En ese tenor, con fundamento en los preceptos transcritos se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como por autorizado al promovente para la consulta del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que quedará bajo su más estricta responsabilidad dicha consulta. Por ello, instrúyase a la Analista Jurídico SISE para que proceda a dar de alta a dicho usuario************ a efecto de que acceda al expediente electrónico; así también se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este tribunal, para que actualicen la consulta del expediente electrónico a partir del auto de radicación dictado en el presente asunto, a fin de que el referido usuario, pueda imponerse de todas las constancias que existen en el expediente en que se actúa; para lo cual, incluso se solicite el apoyo necesario al servicio informático que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal, para que a la brevedad quede debidamente visible para consulta el expediente electrónico del juicio de amparo 709/2022. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En ese orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como medios de comunicación alternos "no procesales", loa números telefónicos y correos electrónicos proporcionados. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que la entrega de dichas copias, deberá quedar debidamente asentada en autos, para su constancia legal. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el cinco de junio de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 7/2022. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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