Reynaldo Martínez Aguirre
Expediente 872/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Reynaldo Martínez Aguirre
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo (seis de octubre de dos mil veintidós) ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otra autoridad. Asimismo, agréguese el diverso escrito suscrito por el aludido peticionario con el cual exhibe dos copias del escrito constitucional. Regístrese con el número 872/2022-II, en el libro de gobierno respectivo. Realícese la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte el quejoso combate: - Del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa: - La Sesión Extraordinaria (así como su acta) celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós. - El Acuerdo tomado por su Pleno en dicha sesión publicado el tres de octubre de dos mil veintidós, en el número extraordinario trescientos noventa y dos (392), tomo cinco (V), de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. De la diversa autoridad responsable, como consecuencia del Acuerdo anterior: - Los actos tendientes a limitar su acceso a la justicia en el expediente 100/2022-IV del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en Veracruz. - La orden inminente y traslado del Juzgados Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en Veracruz, al municipio de Puente Nacional, Veracruz. - La omisión de poner a disposición de las partes litigantes las herramientas tecnológicas necesarias para realizar en línea o digital de los juicios que se encuentran radicados ante las propias responsables, conculcando su derecho humano al trabajo y acceso a la justicia. - La negativa de acceder y expedir justicia. En virtud que el acuerdo de doce de septiembre pasado combatido, no prevé la posibilidad de impulsar los juicios que se encuentren en trámite, a través de vías electrónicas o digitales. Restringiendo el ejercicio de su profesión. - La negativa de acceder y expedir justicia. En virtud que el acuerdo de doce de septiembre pasado combatido, no prevé reasignación de los expedientes que se encuentran en trámite a otros juzgados en funciones, en Veracruz, Veracruz. Congruente con ello, el suscrito advierte en forma notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 107, fracción I, éste en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Conforme los preceptos legales invocados, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y contra normas generales que requieran un acto posterior al inicio de su vigencia. Es parte en el juicio de amparo el quejoso. Tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo. Y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Así, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Lo que se entiende, para efectos del amparo, en la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la Ley. O bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera, debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. Ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo) o en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Los actos reclamados ya quedaron precisados. En la especie, el promovente aduce ser actor en el expediente 100/2022 del cronológico del Juzgado Sexto de Primera Instancia, de Veracruz, en Veracruz. Por su parte, el "Acuerdo que autoriza el cambio de domicilio de órganos jurisdiccionales a la Ciudad Judicial de Cardel, Ver" solo determinó el cambio de domicilio de dicho juzgado con sede en la zona conurbada de Veracruz, a la Ciudad Judicial Cardel, Veracruz, sito en Carretera Federal Nautla-Cardel, en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, código postal 91653. Lo que se aprecia del Acuerdo combatido y constituye un hecho notorio dada su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el tres de octubre de dos mil veintidós, número extraordinario trescientos noventa y dos (392). De ahí que el reclamo no le causa un agravio personal y directo. Es así porque el impetrante con la emisión del Acuerdo citado y su consecuente ejecución, no resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica. Su existencia no vulnera alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. Como pueden ser la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad o la posesión, acceso a la justicia. Lo anterior, dado que necesariamente quien solicite la protección de la Justicia Federal debe probar que la dolencia constitucional conculca alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico. Y la decisión administrativa de organización interna tomada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, no está sujeta a prueba. Es evidente su realización. Pero esas medidas no pueden estar sujetas al interés individual de las personas. Ni siquiera bajo el concepto de interés legítimo. Aún y cuando se alegue ser parte en algún proceso -como es el caso-. El interés en que un órgano jurisdiccional se sitúe en un determinado sitio o no sea reubicado, es propio de políticas públicas que no deben sujetarse a la voluntad de los particulares. Además, respecto de sus manifestaciones consistentes en que el Acuerdo en comento afecta el acceso y expedición de justicia, no causa perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa. Resulta un acto futuro de realización incierta. Lo aprobado por dicho Acuerdo únicamente incide en el cambio de domicilio del juzgado en el que aduce el impetrante es parte actora [incluso anexó copia de un escrito dirigido a dicho órgano del orden común donde se aprecia de manera indiciaria ese carácter]. No obstante, el asunto radicado ante el aludido órgano jurisdiccional continuará con su trámite de manera normal. Por lo que se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Lo cual se precisa en virtud que el planteamiento del quejoso se basa en suponer no tendrá un eficaz acceso a la justicia por el cambio de domicilio del juzgado en cuestión. Igualmente, se estima no se demuestra el interés legítimo del quejoso, el cual ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse -en caso de concederse el amparo- en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera de derechos en sentido amplio. Esto es, el interés con el que promueve la demanda de amparo no está diferenciado con el de alguna otra persona. Pues el quejoso no resiente una afectación en su esfera jurídica que implique una posible concesión del amparo le generará un beneficio inmediato. Su planteamiento conlleva la posibilidad de que ocurran ciertos hechos. Limita su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado. Sustenta un interés igual al de los demás integrantes de la sociedad. Sin características especiales de la situación que guarda frente al orden jurídico y lo coloque en un punto diferenciado (cualificado, actual, real y jurídicamente relevante) de la situación general. De ahí que el interés que ostenta el peticionario es simple o jurídicamente irrelevante. Porque en caso de una eventual concesión de amparo, sus efectos no podrían traducirse en un beneficio inmediato para el interesado. Y, por ende, no supone afectación alguna a su esfera jurídica en algún sentido. Sostenerlo de otra manera llevaría al eventual supuesto de que la ubicación de los juzgados o tribunales estaría sujeta al arbitrio o control de los quejosos, pudiendo éstos plantear tantas hipótesis como intereses tuvieran. Y además el amparo no podría implicar restituir en lo individual ni colectivo a un grupo cuya pretensión fuera situar en determinada residencia a un juzgado y luego a otro que quisiera radicara en diverso lugar. Por tanto, se estima que al peticionario de amparo le asiste únicamente un interés simple. No así el legítimo o el jurídico. En razón que el cambio de domicilio del Juzgado con sede en Veracruz, Veracruz a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, no le causa un agravio personal y directo. Tampoco afecta a su esfera jurídica en modo alguno. Lo reclamado no le impide continuar de manera normal con el asunto donde tiene intervención. Contrario a lo que aduce, se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia en el juzgado correspondiente y continuará con la secuela procesal del litigio radicado en ese órgano jurisdiccional. Sin que sea dable exigir a través del amparo a manera de una omisión la falta de elementos tecnológicos para acceder a la justicia en línea en esos órganos jurisdiccionales o dentro del Poder Judicial Estatal en general. Tal tópico también atañe a gestiones de administración internas del propio órgano del estado. No estando en presencia de un mandato constitucional de actuar en un determinado sentido -como el caso de las omisiones legislativas- que esté siendo incumplido. Mucho menos que eso suceda específicamente en la esfera jurídica del promovente de amparo. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, página 690, Décima Época, registro 2012364, siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Esta determinación se corrobora tomando en consideración que la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, entendida como el derecho público subjetivo de todo gobernado para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes a los tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, no se transgrede con la emisión y ejecución del Acuerdo reclamado. Como se ha explicado, el asunto donde tiene intervención el aquí quejoso [como parte actora] continuará con su trámite de manera normal. Máxime que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el órgano legislativo puede establecer válidamente las condiciones para el acceso a los tribunales, siempre y cuando gocen de fundamento en la ley. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional. La cual resulta indudable. Cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. En consecuencia, con apoyo en el arábigo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por Reynaldo Martínez Aguirre, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Finalmente, se estima necesario señalar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la queja 354/2022 de su índice en sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. En la cual el planteamiento derivó de un juicio de amparo promovido por una persona en su calidad de parte dentro de un procedimiento jurisdiccional, donde el acto reclamado consistió en diverso Acuerdo que determina el cambio de domicilio del juzgado de primera instancia que conocía de dicho sumario. DOMICILIO. Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito constitucional, de conformidad con el numeral 27 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se tiene con tal carácter, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Diego Roldán Cruz y Alejandro Aguilera Álvarez. Cuentan con cédula profesional capturada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otra autoridad. Asimismo, agréguese el diverso escrito suscrito por el aludido peticionario con el cual exhibe dos copias del escrito constitucional. Regístrese con el número 872/2022-II, en el libro de gobierno respectivo. Realícese la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte el quejoso combate: Del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa: La Sesión Extraordinaria así como su acta celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós. El Acuerdo tomado por su Pleno en dicha sesión publicado el tres de octubre de dos mil veintidós, en el número extraordinario trescientos noventa y dos (392), tomo cinco V, de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. De la diversa autoridad responsable, como consecuencia del Acuerdo anterior: Los actos tendientes a limitar su acceso a la justicia en el expediente 100/2022-IV del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en Veracruz. La orden inminente y traslado del Juzgados Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en Veracruz, al municipio de Puente Nacional, Veracruz. La omisión de poner a disposición de las partes litigantes las herramientas tecnológicas necesarias para realizar en línea o digital de los juicios que se encuentran radicados ante las propias responsables, conculcando su derecho humano al trabajo y acceso a la justicia. La negativa de acceder y expedir justicia. En virtud que el acuerdo de doce de septiembre pasado combatido, no prevé la posibilidad de impulsar los juicios que se encuentren en trámite, a través de vías electrónicas o digitales. Restringiendo el ejercicio de su profesión. La negativa de acceder y expedir justicia. En virtud que el acuerdo de doce de septiembre pasado combatido, no prevé reasignación de los expedientes que se encuentran en trámite a otros juzgados en funciones, en Veracruz, Veracruz. Congruente con ello, el suscrito advierte en forma notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 107, fracción I, éste en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]" Conforme los preceptos legales invocados, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y contra normas generales que requieran un acto posterior al inicio de su vigencia. Es parte en el juicio de amparo el quejoso. Tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo. Y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Así, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Lo que se entiende, para efectos del amparo, en la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la Ley. O bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera, debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. Ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo) o en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés jurídico o legítimo en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Los actos reclamados ya quedaron precisados. En la especie, el promovente aduce ser actor en el expediente 100/2022 del cronológico del Juzgado Sexto de Primera Instancia, de Veracruz, en Veracruz. Por su parte, el "Acuerdo que autoriza el cambio de domicilio de órganos jurisdiccionales a la Ciudad Judicial de Cardel, Ver" solo determinó el cambio de domicilio de dicho juzgado con sede en la zona conurbada de Veracruz, a la Ciudad Judicial Cardel, Veracruz, sito en Carretera Federal Nautla-Cardel, en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, código postal 91653. Lo que se aprecia del Acuerdo combatido y constituye un hecho notorio dada su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el tres de octubre de dos mil veintidós, número extraordinario trescientos noventa y dos (392). De ahí que el reclamo no le causa un agravio personal y directo. Es así porque el impetrante con la emisión del Acuerdo citado y su consecuente ejecución, no resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica. Su existencia no vulnera alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. Como pueden ser la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad o la posesión, acceso a la justicia. Lo anterior, dado que necesariamente quien solicite la protección de la Justicia Federal debe probar que la dolencia constitucional conculca alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico. Y la decisión administrativa de organización interna tomada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, no está sujeta a prueba. Es evidente su realización. Pero esas medidas no pueden estar sujetas al interés individual de las personas. Ni siquiera bajo el concepto de interés legítimo. Aún y cuando se alegue ser parte en algún proceso -como es el caso-. El interés en que un órgano jurisdiccional se sitúe en un determinado sitio o no sea reubicado, es propio de políticas públicas que no deben sujetarse a la voluntad de los particulares. Además, respecto de sus manifestaciones consistentes en que el Acuerdo en comento afecta el acceso y expedición de justicia, no causa perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa. Resulta un acto futuro de realización incierta. Lo aprobado por dicho Acuerdo únicamente incide en el cambio de domicilio del juzgado en el que aduce el impetrante es parte actora incluso anexó copia de un escrito dirigido a dicho órgano del orden común donde se aprecia de manera indiciaria ese carácter. No obstante, el asunto radicado ante el aludido órgano jurisdiccional continuará con su trámite de manera normal. Por lo que se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Lo cual se precisa en virtud que el planteamiento del quejoso se basa en suponer no tendrá un eficaz acceso a la justicia por el cambio de domicilio del juzgado en cuestión. Igualmente, se estima no se demuestra el interés legítimo del quejoso, el cual ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera de derechos en sentido amplio. Esto es, el interés con el que promueve la demanda de amparo no está diferenciado con el de alguna otra persona. Pues el quejoso no resiente una afectación en su esfera jurídica que implique una posible concesión del amparo le generará un beneficio inmediato. Su planteamiento conlleva la posibilidad de que ocurran ciertos hechos. Limita su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado. Sustenta un interés igual al de los demás integrantes de la sociedad. Sin características especiales de la situación que guarda frente al orden jurídico y lo coloque en un punto diferenciado cualificado, actual, real y jurídicamente relevante de la situación general. De ahí que el interés que ostenta el peticionario es simple o jurídicamente irrelevante. Porque en caso de una eventual concesión de amparo, sus efectos no podrían traducirse en un beneficio inmediato para el interesado. Y, por ende, no supone afectación alguna a su esfera jurídica en algún sentido. Sostenerlo de otra manera llevaría al eventual supuesto de que la ubicación de los juzgados o tribunales estaría sujeta al arbitrio o control de los quejosos, pudiendo éstos plantear tantas hipótesis como intereses tuvieran. Y además el amparo no podría implicar restituir en lo individual ni colectivo a un grupo cuya pretensión fuera situar en determinada residencia a un juzgado y luego a otro que quisiera radicara en diverso lugar. Por tanto, se estima que al peticionario de amparo le asiste únicamente un interés simple. No así el legítimo o el jurídico. En razón que el cambio de domicilio del Juzgado con sede en Veracruz, Veracruz a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, no le causa un agravio personal y directo. Tampoco afecta a su esfera jurídica en modo alguno. Lo reclamado no le impide continuar de manera normal con el asunto donde tiene intervención. Contrario a lo que aduce, se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia en el juzgado correspondiente y continuará con la secuela procesal del litigio radicado en ese órgano jurisdiccional. Sin que sea dable exigir a través del amparo a manera de una omisión la falta de elementos tecnológicos para acceder a la justicia en línea en esos órganos jurisdiccionales o dentro del Poder Judicial Estatal en general. Tal tópico también atañe a gestiones de administración internas del propio órgano del estado. No estando en presencia de un mandato constitucional de actuar en un determinado sentido -como el caso de las omisiones legislativas- que esté siendo incumplido. Mucho menos que eso suceda específicamente en la esfera jurídica del promovente de amparo. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional. La cual resulta indudable. Cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. En consecuencia, con apoyo en el arábigo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por Reynaldo Martínez Aguirre, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Finalmente, se estima necesario señalar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la queja 354/2022 de su índice en sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. En la cual el planteamiento derivó de un juicio de amparo promovido por una persona en su calidad de parte dentro de un procedimiento jurisdiccional, donde el acto reclamado consistió en diverso Acuerdo que determina el cambio de domicilio del juzgado de primera instancia que conocía de dicho sumario. DOMICILIO. Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito constitucional, de conformidad con el numeral 27 de la Ley de Amparo... USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte... JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones...".
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