Reynaldo Marquez Hernandez
Expediente 1333/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 49 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1333/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Reynaldo Marquez Hernandez
- Jefe de Admon Postal, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 49.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADOVisto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1333/2018, MESA V-B. NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO: REYNALDO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, hace constar que siendo las nueve horas del trece de agosto del año en curso, se notifica al quejoso Reynaldo Márquez Hernández, por medio de lista el contenido de la resolución dictada en este expediente el doce de agosto del año en curso, pronunciada en el Juicio de Amparo número 1333/2018, del índice de este Juzgado, cuyo punto resolutivo dice: ".ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Reynaldo Márquez Hernández, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades señaladas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese personalmente.", para que surta los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, a) inciso e), k), 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. Lic. Omar Pérez Cruz. Actuario Judicial
- Principal
RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1333/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante diligencia de notificación personal de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, obtenida del diverso juicio de amparo 279/2018, recibida el doce del mes y año citados, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, Reynaldo Márquez Hernández, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades precisados en dicho escrito. SEGUNDO. Por auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se registró con el número de expediente 1333/2018, se decretó la suspensión de plano, y se admitió la demanda, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitaron los informes de plano y justificados a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, Reynaldo Márquez Hernández, promovió la ampliación de demanda (fojas 31 a 39); en auto de diecinueve de diciembre del citado año, se admitió la ampliación peticionada, se solicitó informe con justificación a las nuevas autoridades responsables su informe con justificación (foja 40); finalmente, en veinte de febrero de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia correspondiente en la que se sobreseyó ante la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades señaladas como responsables (fojas 53 a 55), la cual causó estado en auto de quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 58 y 59). CUARTO. Inconforme el quejoso, en notificación realizada el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, interpuso recurso de revisión (foja 61); asimismo, en auto de veintiocho de agosto del mencionado año, se aperturó incidente de nulidad de notificaciones por deficiencias en la notificación de la sentencia definitiva (fojas 79 y 71). En resolución de once de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró fundado el mencionado incidente (fojas 81 a 86). En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró que causó estado el incidente en mención (foja 92). En diligencia de tres de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto (foja 92); por lo que en resolución emitida en el amparo en revisión 413/2019, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en sesión de veinte de febrero de dos mil veinte, revocó la sentencia recurrida, y ordenó reponer el procedimiento. QUINTO. En auto de cinco de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria y se proveyó en relación a lo indicado por la Superioridad, motivo de la reposición del procedimiento, se requirió al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Tapachula, de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, para que remitiera la información obtenida relativa a la indagación de malos tratos, tortura física y moral, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 133 a 136). En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Subdelegado de Procedimientos Penales "B", de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, informó que con fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, se dio inicio la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/0002036/2018 (foja 144); en auto de treinta de julio de dos mil veinte, se tuvieron como autoridades responsables al Titular del Área de Seguridad y Custodia, Titular del Área de Servicios Médicos y Titular del Área Técnica del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Por acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por designado al Defensor Público Federal, para que gestionara lo conveniente para la defensa del quejoso (foja 171); en proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por no ofrecida la prueba de videograbaciones; finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de marzo de dos mil dieciséis. Esto, al reclamarse actos de ejecución de autoridades con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y de su ampliación se obtiene que las autoridades responsables y actos reclamados son los siguientes: 1. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. 2. Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. 3. Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. 4. Titular del Área de Seguridad y Custodia, del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. 5. Titular del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. 6. Titular del Área Técnica del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Actos reclamados: - La incomunicación. - Tortura física, moral y psicológica. -Segregación y asilamiento TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: 1. Director del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. 2. Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. 3. Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. 4. Titular del Área de Seguridad y Custodia, del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. 5. Titular del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. 6. Titular del Área Técnica del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Al rendir informe con justificación negaron categóricamente los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dichas negativas con prueba fehaciente alguna (fojas 21, 43, 44, 45, 172, 173, 174, 175, 176). Ahora bien, cabe destacar que si bien, la negativa de las responsables de mérito, por sí sola, no es determinante para tener por acreditada la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que su certeza puede ser demostrada por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o incluso apreciada directamente de las constancias de autos; en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia de los actos reclamados en comento. En efecto, de los informes rendidos por las autoridades responsable Director General, Director de Seguridad, y Directora Técnica, todos del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, se advierte que negaron categóricamente que se haya incomunicado, torturado física y psicológicamente al quejoso y que se le haya segregado y aislado, toda vez que se encuentra prohibido por el artículo 9 fracción X, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 9 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, y a los principios de protección de todas las personas privadas de su libertad. Sin que la parte quejosa, haya desvirtuado lo manifestado por las citadas autoridades penitenciarias, ya que si bien, ofreció como prueba las cintas de videograbación relativas al día treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, respecto al módulo donde se encontraba en el momento de la comisión de los hechos referidos en la demanda; sin embargo, la Directora General del citado centro penitenciario, informó la imposibilidad material y jurídica para remitir las grabaciones solicitadas (foja 319); sin que el defensor de la quejosa haya desahogado la vista de tres días que se le otorgó en auto de cuatro de mayo del año en curso; por lo que en el diverso acuerdo de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento con que se le conminó y se tuvo por no ofrecida la prueba citada. Además, obra el informe del Director del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, en el que adjuntó la nota médica de diez de octubre de dos mil dieciocho, de Reynaldo Márquez Hernández, de la que se advierte que el ahora quejoso, refirió ante el médico penitenciario que tiene una lesión desde hace nueve meses, que le provoca dolor y no mejora; por lo que se le diagnosticó con secuelas de esguince grado tres y asma bronquial, por lo que se le dio el tratamiento correspondiente (fojas 151 y 152). Además ante el fedatario judicial al ser notificado de la suspensión de plano emitida en el presente juicio, el quejoso manifestó encontrarse bien, y se le apreció cicatrices en las muñecas de las manos, señalando el impetrante que ello fue debido a las esposas de metal que le pusieron cuando estuvo aislado; circunstancias estas últimas que no se demostraron en el sumario. Probanzas que se valoran en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de dicho ordenamiento legal. En ese tenor, aun cuando la simple negativa de las autoridades responsables no produce la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que la sola manifestación de la inexistencia de los actos reclamados no desvirtuada por el peticionario de amparo, sí constituye elemento suficiente para declarar la improcedencia del juicio constitucional. En efecto, la demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad de los actos, por el contrario, si las autoridades niegan los mismos, la carga de la prueba que recae en el quejoso versará sobre la existencia de los actos reclamados, esto es, desacreditar la negativa vertida por las autoridades y enseguida, la inconstitucionalidad del mismo; por ende, si el quejoso es omiso en desacreditar la negativa de las autoridades, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ilustra al caso, la tesis número VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que expone: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. De ahí que sea evidente la inexistencia de los actos reclamados, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto a los actos y autoridades responsables mencionadas con antelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 305, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Sexta Época, Materia Común, Registro 1002350, del Apéndice 1917Septiembre 2011, de rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. No obstante lo antes destacado, este órgano jurisdiccional en proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho, dio vista al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Tapachula, de la entonces Procuraduría General dela República, para que en el ejercicio de sus facultades de persecución de los delitos, ordene al Ministerio Público de la Federación que corresponda, investigue los hechos denunciados por el impetrante, y con ello, dicha autoridad dio inicio a la carpeta de investigación FED/CHIS/TAP/0002036/2018. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Reynaldo Márquez Hernández, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades señaladas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe; el hasta el día de hoy doce de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las diez horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil veintiuno, Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1333/2018, promovido por Reynaldo Márquez Hernández, por su propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. De inicio, la Secretaría hace constar que obran agregados a los autos: 1.- Escrito inicial de demanda. 2.- Constancias de emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación y de las autoridades responsables. 3.- Informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Y da cuenta con el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Enseguida, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos a que haya lugar. Y en relación al oficio con que se da cuenta, se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el Secretario hace constar que únicamente las ofreció la autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social número Quince, en Villa Comaltitlán, Chiapas, al momento de rendir su respectivo informe justificado. A lo que el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en este acto se tienen por relacionadas y admitidas las pruebas de referencia y por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrado este período. Acto continuo, en el período de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes las ofreció, por lo que se les tiene por precluido tal derecho, con lo anterior se cierra este período. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se ordena turnar los autos para dictar la sentencia correspondiente. 1333/20181333/2018 MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo. (EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA) José Alfredo Arévalo Treviño SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS.
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