Reynaldo Jimenez Gonzalez
Expediente 396/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Reynaldo Jimenez Gonzalez
Actuaciones
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente. Por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en los artículos 18, 20 y 36 del citado Acuerdo General, se precisa que el presente juicio de amparo no contiene documentos originales; asimismo, toda vez que la demanda origen de este expediente se desechó, con fundamento en el artículo 21 inciso d) del multicitado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 396/2023. DE LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA Reynaldo Jiménez González, por propio derecho -sin señalar que carácter tiene en el juicio de origen-. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS 1.- Juez Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, Oaxaca. Orden a la autoridad ejecutora dictada en auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio de nulidad 379/2021, para que se abstenga de realizar cualquier anotación o acto traslativo de dominio respecto de los registros relacionados con el terreno ubicado en el paraje denominado "Asunción", Río Tablas, perteneciente al Barrio de San Pedro, Tlaxiaco. 2.- Registrador del Instituto de la Función Registral con residencia en la ciudad de Tlaxiaco. La anotación preventiva que refiere el quejoso realizó la autoridad registral para efecto de imposibilitarlo para disponer del bien inmueble que indica es de su propiedad, realizada el tres de junio de dos mil veintidós. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículo 14 Constitucional. DESECHAMIENTO En el caso, atendiendo a lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la promovente en los antecedentes de su escrito y de los anexos que exhibe - acuse de recibo de su escrito presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, ante la autoridad ejecutora-, se advierte que la presentación de la demanda resulta EXTEMPORÁNEA, lo que ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, RELATIVA A QUE EL JUICIO DE AMPARO NO SE PROMOVIÓ DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS, POR LO QUE SE TRATA DE ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE, en relación con los diversos numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De lo anterior, se advierte que la referida improcedencia deriva del consentimiento tácito para promover la acción constitucional; es decir, cuando la presentación de la demanda se realiza fuera del plazo que la ley establece. Así, en el asunto, el acto reclamado se ubica dentro de la regla genérica de quince días, pues no se refiere a alguna de las excepciones establecidas en las fracciones del citado artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, los actos reclamados, no se relacionan con una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no es una sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, del acuse de recibo del escrito que presentó el quejoso ante Registrador del Instituto de la Función Registral con residencia en la ciudad de Tlaxiaco -el cual adjunta a su escrito de demanda-, mediante el cual interpone recurso de inconformidad -acto que no reclama el quejoso en esta instancia constitucional- contra la anotación registral realizada por la citada autoridad el tres de junio de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial (señalada como ordenadora en el presente juicio), se advierte que tuvo conocimiento de los actos que reclama en esta instancia constitucional desde el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, pues así lo afirma en el citado ocurso. De ahí que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo contra la orden de inscripción registral dictada por la autoridad judicial, transcurrió del diecinueve de enero al nueve de febrero de dos mil veintitrés, descontándose los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, cuatro, cinco y seis de febrero del presente año, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que si la fecha de presentación de la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, fue el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, su presentación resulta extemporánea. En consecuencia, al resultar extemporánea la demanda de amparo contra la orden reclamada a la autoridad judicial, resulta evidente que también lo es el acto de ejecución que reclama a la autoridad registral. Ello, porque si bien interpuso recurso de inconformidad contra el acto de ejecución, el cual fue resuelto por la autoridad registral mediante oficio IFRT/18/2022 de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el sentido de que no es posible revocar la anotación de tres de junio de dos mil veintidós, ya que obra anexa a la misma un mandato judicial; lo cierto es que el aludido oficio no es un acto reclamado en esta instancia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa en el que proporciona en el proemio de su demanda; de igual forma, se toma conocimiento de su domicilio particular para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene como su autorizado a la persona que indica, en términos de la última parte, del segundo párrafo, del citado artículo 12, con relación al segundo párrafo del artículo 24 del ordenamiento legal invocado, en atención a la certificación secretarial de cuenta. Y únicamente para imponerse de los autos a las restantes personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. NÚMERO TELEFONICO Y CORREO ELECTRÓNICO Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando el número telefónico y correo electrónico que menciona únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Atención vía telefónica. Y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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