Reynaldo Flores Pérez
Expediente 1363/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1363/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/05/2022
Partes del expediente
- Reynaldo Flores Pérez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que en la resolución dictada el doce de mayo del año en curso, en el conflicto competencial 41/2021, de su índice, se resolvió que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en esta ciudad, es legalmente competente para conocer del presente asunto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa las documentales que, en su caso, haya exhibido en copia certificada o simple en el presente juicio; por tanto, mediante notificación por lista que se le realice, infórmesele que las mismas se dejan a su disposición en el local de este Juzgado, por el término de tres días, a efecto de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo, serán destruidas junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial decretado en el presente asunto, registrándolo con el número de C.C.A. 41/2021; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio con folio SEADS/1091/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza de Distrito Celina Angélica Quintero Rico, como Titular de este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informa para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual informa que no aceptó la competencia planteada para conocer del juicio de amparo 1363/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, por los motivos que expone, y al efecto devuelve los autos originales del juicio de amparo de mérito; al respecto, acúsese recibo vía electrónica. Ahora bien, del análisis integral de actuaciones se aprecia que en proveído de veintidós de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, la cual es de materia mercantil al derivar de la observancia de las cláusulas y condiciones pactadas en el contrato de Productos y Servicios Bancarios que tiene celebrado el quejoso con Grupo Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (México). Posteriormente, la demanda de amparo fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y mediante proveído de veintinueve de octubre pasado, determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano de control constitucional, bajo los argumentos siguientes: La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación detalla la competencia por materia de los Juzgados de Distrito en sus artículo 52 y 54; preceptos legales de los que se obtiene que para fijar dicha competencia, debe tomarse como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Así, para efectos de determinar la competencia por materia debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa, pues estos no constituyen un criterio que determine a quien compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas. La afectación a las cuentas bancarias del impetrante, no obedeció a la orden de alguna autoridad de carácter civil, sino a las facultades que otorga la ley a la institución bancaria para iniciar ese tipo de investigaciones ante la sospecha de que se trata de operaciones ilícitas, por lo que no implica que se esté en presencia de actos de naturaleza civil, sino a las facultades internas atribuidas a dicha institución bancaria, quien tiene como antecedente el establecimiento de medidas y procedimientos, a fin de prevenir y detectar actos u operaciones que pudieran favorecerá la comisión de delitos que involucren recursos de procedencia ilícita, por lo que se considera que los actos que se llevan a cabo en ese contexto son de naturaleza formal y materialmente administrativa. Motivo por el cual devolvió a este juzgado las actuaciones del juicio de amparo que nos ocupa. Pues bien, al margen de que este órgano de control constitucional comparta o no la respetable opinión del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se insiste en considerar que carece de competencia legal (por razón de la materia) para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por los mismos motivos expuestos en el aludido acuerdo de veintidós de octubre del año en curso. En efecto, como se estableció en el proveído de referencia, si en el caso que nos ocupa, la restricción y el retiro de dinero de las cuentas ********************, aperturadas en la institución bancaria ***************, no deriva de un congelamiento, inmovilización o aseguramiento administrativo, ordenado por una autoridad de esa naturaleza, debe estimarse que emana de la observancia de las cláusulas y condiciones pactadas al momento de celebrar el contrato de Productos y Servicios Bancarios del que derivan dichas cuentas bancarias, por lo que se concluye que el estudio del presente asunto corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Así las cosas, toda vez que este órgano jurisdiccional, insiste en declinar la competencia en su favor, con base en los motivos y argumentos precisados en el acuerdo de veintidós de octubre del año en curso y reiterados en este acuerdo, por tanto, remítanse los presente autos, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a efecto de que se sirva resolver el conflicto de competencia aquí suscitado. Lo anterior, hágase del conocimiento al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a efecto de que, de estimarlo procedente, realice las manifestaciones que considere pertinentes ante la Superioridad que conozca del conflicto competencial de mérito. Sin que haya lugar a ordenar formar cuaderno de antecedentes, toda vez que con anterioridad se acordó lo conducente respecto del mismo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ***************, por propio derecho; contra actos del Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, y otra institución financiera. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1363/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Analizada la demanda en su integridad, así como el escrito aclaratorio, este órgano jurisdiccional considera que legalmente carece de competencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por razón de la materia para conocer de la misma. Para demostrar esa conclusión es importante precisar que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: . De lo anterior se puede advertir que los actos que aquí combate la parte promovente del amparo, no versan sobre tema alguno respecto de los cuales tiene competencia este órgano jurisdiccional, pues tomando en consideración la naturaleza material que les reviste, no pueden ser considerados de contenido inherente al derecho administrativo genérico. En la demanda de amparo, en específico, del capítulo de antecedentes, el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que es titular de las cuentas bancarias Cuenta ************, Dinero ************** y Superior nómina **************. Lo que permite concluir que el quejoso tiene una relación contractual con la Institución Bancaria ****************, con motivo de la celebración de un Contrato de Productos y Servicios Bancarios con dicha institución financiera. Posteriormente manifiesta que el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el ahora promovente del amparo se presentó en la sucursal ***************** a fin de realizar diversas operaciones financieras relacionadas con las cuentas bancarias señaladas en líneas anteriores, sin poder llevarlas a cabo. Ello, en atención a que le fue informado de manera verbal por parte del personal de la institución citada, que sus correspondientes cuentas bancarias se encontraban bloqueadas con motivo de una orden que les hizo llegar **************. Por otra parte, obra en autos el escrito del Gerente Ejecutivo Control y Prevención de Fraudes del *************, mediante el cual, de conformidad con el Convenio de Colaboración para la Protección de los Clientes Emisores del SEPI, solicitó a *************, su intervención para restringir la disponibilidad de fondos y en su caso, su posterior retorno de las transferencias SEPI que en él señala, por fraude confirmado. Partiendo de estas premisas y como se planteó anteriormente, es incuestionable que los actos reclamados no se tratan de una restricción, bloqueo, cancelación, suspensión o revocación a cuentas bancarias de orden administrativo, ya que éste no deriva de una orden girada por autoridades de esa naturaleza, sino que la restricción de las cuentas referidas encuentra su origen en una cuestión de naturaleza mercantil, al derivar de la observancia de las cláusulas y condiciones pactadas en el contrato de Productos y Servicios Bancarios que tiene celebrado el quejoso con la Institución Bancaria señalada como responsable, según lo permite el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual prevé: "52. Las instituciones de crédito podrán permitir el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticación para pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y establecerán en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente: I. Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte; II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y III. Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate. Cuando así lo acuerden con su clientela, las instituciones podrán suspender o cancelar el trámite de operaciones que aquélla pretenda realizar mediante el uso de equipos o medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida. Lo anterior también resultará aplicable cuando las instituciones detecten algún error en la instrucción respectiva. Asimismo, las instituciones podrán acordar con su clientela que, cuando ésta haya recibido recursos mediante alguno de los equipos o medios señalados en el párrafo anterior y aquéllas cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por quince días hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y las consultas que sean necesarias con otras instituciones de crédito relacionadas con la operación de que se trate. La institución de crédito podrá prorrogar el plazo antes referido hasta por diez días hábiles más, siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando las instituciones así lo hayan acordado con su clientela, en los casos en que, por motivo de las investigaciones antes referidas, tengan evidencia de que la cuenta respectiva fue abierta con información o documentación falsa, o bien, que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, podrán, bajo su responsabilidad, cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes. Las instituciones que por error hayan abonado recursos en alguna de las cuentas que lleven a su clientela, podrán cargar el importe respectivo a la cuenta de que se trate con el propósito de corregir el error, siempre que así lo hayan pactado con ella. En los casos señalados en los cuatro párrafos anteriores, las instituciones deberán notificar al cliente respectivo la realización de cualquiera de las acciones que hayan llevado a cabo de conformidad con lo previsto en los mismos. El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo de este artículo se sujetarán a las reglas de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin perjuicio de las facultades con que cuenta el Banco de México para regular las operaciones que efectúen las instituciones de crédito relacionadas con los sistemas de pagos y las de transferencias de fondos en términos de su ley. Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta Ley, con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos en contra de su clientela o de la propia institución. El intercambio de información a que se refiere el párrafo anterior no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 142 de esta Ley". En efecto, conforme a dicho precepto las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y establecerán en los contratos respectivos las bases para determinar las operaciones y servicios cuya prestación se pacte; los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso; y los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate. De igual manera, cuando así lo acuerden con su clientela, dichas instituciones podrán suspender o cancelar el trámite de operaciones que aquélla pretenda realizar, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que las transacciones realizadas, así como los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida o cuando detecten algún error en la instrucción respectiva. Asimismo, dichas instituciones podrán acordar con su clientela que, cuando ésta haya realizado operaciones o recibido recursos y aquéllos cuenten con elementos suficientes para presumir que tales operaciones han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y las consultas que sean necesarias con otras instituciones relacionadas con la operación de que se trate, pudiendo prorrogar el plazo, siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva. Además, en los casos en que, por motivo de las investigaciones antes referidas, tengan evidencia de que la cuenta respectiva fue abierta con información o documentación falsa, o bien, que los medios de identificación pactados para la realización de la operación de que se trate fueron utilizados en forma indebida, cuando así lo hayan acordado con su clientela, las instituciones de crédito podrán, bajo su responsabilidad, cargar el importe respectivo con el propósito de que se abone en la cuenta de la que procedieron los recursos correspondientes. Bajo esa óptica, si en el caso que nos ocupa, la restricción y/o bloqueo de las cuentas bancarias: Cuenta **************** y Superior **************, aperturadas en la institución bancaria *******************, no deriva de un congelamiento, inmovilización o aseguramiento administrativo, ordenado por una autoridad de esa naturaleza, debe estimarse que emana de la observancia de las cláusulas y condiciones pactadas al momento de celebrar el contrato de Productos y Servicios Bancarios respectivo, por lo que se concluye que el estudio del presente asunto corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Sirviendo de soporte a lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que sostiene que la competencia de los órganos jurisdiccionales de amparo especializados por materia, se determina atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad responsable. Así se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS". Lo anterior obedece a que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, lo cual tiene como ventaja que los juzgadores adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y lo encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate. Por ende, en el caso concreto, no sólo resulta necesario, sino también conveniente que un Juez de Distrito especializado en materia civil sea quien resuelva el presente asunto, pues la naturaleza intrínseca de dichos actos es de naturaleza mercantil. En consecuencia, conforme a los artículos ya citados, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara incompetente por razón de la materia. Por lo tanto, remítase el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a quien se solicita se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes, el cual deberá estar conformado por las constancias mínimas indispensables. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez al que se le declina competencia. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Acceso a expediente electrónico y notificaciones por dicho medio. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario "****************" que corresponde a *************. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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