Reynaldo Enrique Martinez Tovar
Expediente 685/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Reynaldo Enrique Martinez Tovar
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en atención a su contenido, se rinde el informe solicitado y se da contestación a las preguntas formuladas de la siguiente manera: "..." Finalmente vuelvan los autos al archivo.
- Principal
ESTÉSE A LO ACRODADO EN AUTO DE VEINTITRÉS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO, SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE HAYAN TRANCURRIDO CINCO AÑOS; NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. SE REQUIERE A QUEJOSA PARA QUE EN 90 DÍAS RECOJA DOCUMENTO(S) SUSCEPTIBLE(S) DE DEVOLUCIÓN, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO, SE DESTRUIRÁN CON EL EXPEDIENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Reynaldo Enrique Martínez Tovar, contra actos del Contralor Interno Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí y de otra autoridad; fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el número 685/2019-VI. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda, escrito aclaratorio y sus anexos en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda y anexos, se advierte que los actos reclamados lo constituyen: 1. Del Contralor Interno Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el oficio CM/CJ/1169/2019 de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. 2. Del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el oficio TM/727/2019 de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. A través de dichas comunicaciones oficiales se dio respuesta a las promociones presentadas por el aquí quejoso, dentro del proceso administrativo seguido en su contra de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí (así expresado por éste en su demanda de amparo), informándole que no era procedente declarar la caducidad de éste en los términos que proponía. Por las razones expuestas a continuación, se considera que con relación a los actos reclamados, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Al respecto, la expresión "procedimiento en forma de juicio" ha sido definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquél (i) "... en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia", sin embargo también ha señalado que dicha expresión "debe interpretarse de manera amplia", inclusive comprendiendo a (ii) todos los procedimientos en que la autoridad prepara su resolución definitiva, ".pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla.". Ilustra lo anterior, la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 196, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión 'procedimiento en forma de juicio', comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando no se esté en el caso de que lo reclamado sea una resolución definitiva [a la que se contrae el inciso a) del citado precepto y fracción] y, por el contrario, se reclamen actos, omisiones o resoluciones, provenientes de un procedimiento administrativo que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquéllos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo del particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del procedimiento; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El quejoso en el punto 3 del capítulo de antecedentes de su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, informó que el siete de diciembre de dos mil dieciocho, se le notificaron dos oficios emitidos por el Contralor Interno y Tesorero, ambos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de los cuales se le notificó que le fue instaurado de oficio el procedimiento contemplado por el artículo 71 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí. En la especie, se está ante un procedimiento administrativo, tal como lo establecen los artículos 70 y 71 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, ya que estos disponen que el servidor público o administración pública entrante, en un término no mayor de treinta días hábiles contados a partir del acto protocolario de entrega-recepción, deberá verificar y validar físicamente el contenido del acta administrativa de entrega-recepción y sus anexos, y una vez transcurrido dicho plazo, emitirá un acta circunstanciada que señale los hechos u omisiones que derivaron de la entrega-recepción a cargo del servidor público entrante con el apoyo del órgano interno de control. En caso de que se adviertan irregularidades respecto de bienes, recursos, documentación e información recibida, dentro del término de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha del acto protocolario de entrega-recepción, deberá informar por escrito al órgano interno de control, quien requerirá al servidor público (que entregó los bienes, recursos, documentación e información) las aclaraciones, presentación de bienes, y en general los elementos que considere necesarios para el esclarecimiento de la inconformidad, las que deberá presentar ante el servidor público entrante. Lo anterior deberá hacérsele del conocimiento del servidor público saliente, por escrito y notificado en el último domicilio que conozca la autoridad solicitante de éste, a lo cual deberá comparecer el requerido personalmente o por escrito a efecto de que manifieste lo que corresponda, dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la notificación. De no comparecer o no informar por escrito el requerido dentro del último plazo referido, el servidor público entrante deberá notificar tal omisión a la autoridad que emitió la solicitud de aclaraciones, para que proceda de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales que al caso particular resulten aplicables para sancionar al requerido. Una vez agotado el procedimiento antes reseñado, de persistir las irregularidades encontradas por los servidores públicos entrantes, deberán hacerlas del conocimiento de la autoridad competente para los efectos de lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas. De lo narrado se concluye que para el desahogo del procedimiento de verificación y validación física del contenido del acta administrativa de entrega-recepción y sus anexos, se requiere la participación del servidor público saliente, a quien se le hará del conocimiento (notificar) las irregularidades detectadas, para que dentro del plazo de quince días, personalmente o por escrito realice las aclaraciones que correspondan, y hecho lo anterior se resolverá si persisten o no las irregularidades encontradas por los servidores públicos entrantes, y en caso de continuar existiendo éstas, se deberá hacer del conocimiento de la autoridad competente para los efectos de lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo que constituye la determinación con la que culmina dicha fase del procedimiento. De ahí que si éste se lleva a cabo con la audiencia del servidor público saliente, a efecto de que realice las aclaraciones correspondientes respecto de las irregularidades advertidas por el personal entrante, y tal revisión se concluye con la resolución que determina si existen o no éstas, es factible sostener que se trata de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en los términos en que la Suprema Corte de Justicia ha Interpretado el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora bien, del libelo constitucional y sus anexos se advierte que en la especie el quejoso reclama las determinaciones contenidas en los oficios CM/CJ/1169/2019 y TM/727/2019, de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, a través de los cuales se le informó que no era procedente declarar la caducidad de dicho procedimiento en los términos que proponía. Por lo que, en el contexto legal previamente descrito, resulta inconcuso que las determinaciones contenidas en las comunicaciones oficiales referidas, constituyen actuaciones emitidas dentro del procedimiento administrativo de verificación y validación física del contenido del acta administrativa de entrega-recepción y sus anexos, previsto en los artículos 70 y 71 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. De lo anteriormente expuesto resulta manifiesto e indudable que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias de los actos reclamados, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que los actos combatidos dictados del procedimiento administrativo referido, no afectan de modo directo, actual e inmediato alguno de sus derechos sustantivos, como son la vida, sus propiedades o posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, pues dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento administrativo de verificación y validación física del contenido del acta administrativa de entrega-recepción y sus anexos, en el que el quejoso es parte. En efecto, si a través de las determinaciones reclamadas las autoridades responsables determinaron que no era procedente la caducidad propuesta por el aquí quejoso, es inconcuso que ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales, pues únicamente genera que se continúe el procedimiento administrativo hasta el dictado de la resolución que resuelva la litis. Ante lo cual, la posible afectación que pudiera ocasionarse (con la posible violación procesal referida) puede ser subsanada si obtiene resolución favorable a sus intereses y, en caso contrario, esto es, que fuera desfavorable, podrá impugnar la resolución definitiva ante la instancia correspondiente, e incluso a través del juicio de amparo que se promueva en su contra, en el que podrá hacer valer como violaciones procesales aquellas que hayan trascendido al resultado del fallo, dejando sin defensa al quejoso. En tanto que la irreparabilidad de los actos procesales no depende de la dedicación del tiempo y molestias, por la tramitación o defensa dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que de ser así, ninguna persona moral oficial podría instar los procedimientos respectivos, para lo cual están facultados en su instauración, integración y resolución, pues entonces se le causarían daños de imposible reparación al sujeto en contra del cual se integra éste por el solo hecho de ser llamado a deducir sus derechos. Razón por la cual, en este momento procesal puede establecerse que no afecta en forma inmediata los derechos sustantivos del promovente de amparo. Adquiere aplicación la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 29, Abril de 2016, página 15, que ordena: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Y por igualdad de razón jurídica sustancial, la jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Es analógicamente aplicable al caso, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 220, del tomo IX, febrero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, la cual adopta este órgano federal en términos de la fracción III, del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA EL AUTO ADMISORIO DE UNA DEMANDA. El auto que admite la demanda no está comprendido en lo dispuesto por la fracción III del artículo 107 constitucional; por tanto, al no ser un acto del procedimiento que deje sin defensa al quejoso ni teniendo el carácter de irreparable, el juicio de garantías que contra el referido auto se promueva, es improcedente." No es inadvertido para este órgano jurisdiccional el criterio jurisprudencial 2a./J. 68/2002, emitido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, intitulado "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EN JUICIOS ORDINARIOS. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA A DECRETARLA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO", ya que éste se encuentra superado por la diversa jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), transcrita en párrafos que precede. Máxime que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece, el criterio 2a./J. 68/2002 (el cual se creó bajo la vigencia de la ley de la materia abrogada), no es de aplicación obligatoria para el suscrito, ya que éste se opone a un diverso criterio jurisprudencia emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual interpreta la ley vigente. En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo al respecto. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, así como a las personas que menciona el quejoso, a reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.T.15 K (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Décima Época, página 1560, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en la demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Silvia Torres Sánchez y Jorge Guadalupe Díaz Mena, quienes cuentan con sus cédulas profesionales 2776508 y 9002300 respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Francisco Javier Torres Sánchez, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro contexto, ténganse hechas las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que se opone a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En atención a ello, dígasele que en virtud de que conforme a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia que se dicte en el presente asunto se pondrá a disposición del público en versión pública, en la que se suprimirá, en su caso, la información considerada legalmente reservada o confidencial, de conformidad con el marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información del Consejo de la Judicatura Federal, pudiendo quedar exceptuada la supresión de los datos anteriores si resultaran indispensables para comprender lo determinado en el documento, y previa ponderación entre el interés público que derive de comprender el documento y el derecho a la protección de los datos personales y/o el derecho a la privacidad. Sin que haya lugar a suprimir en los acuerdos que se dicten dentro del presente procedimiento constitucional, ni en la sentencia que en su oportunidad se pronuncie, los datos personales de las partes, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el citado numeral artículo 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el citado artículo 73, podrán suprimirse los datos personales cuando se manifieste su oposición de manera expresa, únicamente al hacerse público el contenido de dichos acuerdos y sentencias, no así al momento de emitirse. Asimismo, al tenor de lo dispuesto en la fracción I del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se requiere el consentimiento del titular cuando la información se encuentre en fuentes de acceso público y, en términos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista debe señalarse el nombre del quejoso, pues sólo de esa manera las partes podrán tener conocimiento de la determinación respectiva, de donde se sigue que en la versión impresa o electrónica, se deben conservar éstos datos, sin menoscabo de suprimir los demás datos considerados legalmente reservados o confidenciales, en la medida que tal supresión no impida conocer el criterio contenido en la resolución judicial. Finalmente, en relación con las pruebas y constancias que obren en el expediente judicial o por separado, se dará acceso a las mismas observando en todo caso lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al promovente."
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