Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas

Expediente 969/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
969/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
06/07/2018

Partes del expediente

  • Reynaldo Cuauhtémoc Hernández Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    "...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental..."

  2. Principal

    Agréguese a los autos como simple antecedente el exhorto 86/2018 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que devuelve diligenciada la comunicación oficial 816/2018, del índice de este juzgado, en virtud de que mediante comparecencia de quince de junio del año que transcurre, se le dio por notificado al quejoso del auto de trece del mes y año en curso (motivo por el cual fue enviado el exhorto de que se trata). No se acusa recibo al homólogo, pues de las constancias enviadas se desprende que no lo requiere, pues únicamente esperará la evidencia criptográfica de devolución electrónica.

  3. Principal

    "...Agréguese el oficio del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del exhorto 816/2018, orden 849/2018, del índice de este juzgado, e informa que lo radicó con el número 86/2018-VI y procedió a su diligenciación..."

  4. Principal

    . Agréguese el escrito por el que...., desahoga los requerimientos formulados en proveído de trece de junio de dos mil dieciocho. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La convocatoria, asamblea y acuerdo al que llegó el Consejo de Administración de Liconsa Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto a la remoción su nombramiento; sin otorgarle garantía de audiencia. Con motivo de las prevenciones formuladas, se advierte que las facultades y obligaciones inherentes al nombramiento de Prosecretario de LICONSA S.A de C.V. son; Tener bajo cuidado los libros de sesiones de Consejo de administración, de Asamblea de accionistas, registro de accionistas, y registro de variaciones de capital social. Conservar las actas de Sesión de Consejo y de Asamblea de accionistas y demás documentación relativa. Extender copias o extractos de las Actas de Sesión de Consejo y Asamblea de Accionistas. Firmar las actas de sesión de Consejo y asamblea de accionistas. Solicitar toda la documentación necesaria para Ilevar a cabo las sesiones de consejo y las asambleas de accionistas, incluyendo estados financieros o informes de la Dirección General. Elaborar toda la documentación necesaria para la celebración de sesiones de consejo y las Asambleas de accionistas. Realizar todos los trámites necesarios para la protocolizar ante Notario Público las actas de sesiones de consejo de administración y de las asambleas de accionistas que correspondan, asi como las relativas a su inscripción en el registro público de comercio. Manifestando que tanto en el Órgano de Gobierno, ni en la entidad, tiene cargo o comisión alguno. Además que con motivo del Nombramiento de Prosecretario del Consejo de Administración no recibía ningún emolumento, o remuneración en virtud de las funciones desempeñadas. DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, el suscrito estima que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con el diverso precepto 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. En primer término, es conveniente precisar que el artículo 107, fracción I, Constitucional establece: "Artículo 107. . I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". Esto significa que la promoción del amparo debe cumplir con el requisito general de procedencia consistente en la afectación al interés jurídico del quejoso respecto del acto reclamado, principio que también es consagrado en el artículo 5, de la Ley de Amparo, al disponer: "Artículo 5º, fracción I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es necesario que el acto o la ley reclamados, en su caso, cause una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa o de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, es el interés jurídico a que se refiere la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que no puede ser otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior es así, porque la procedencia de la acción constitucional requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación causada por el acto reclamado de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directa o indirectamente sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. Con base en lo anterior, se desprende que el criterio general al que debe atenderse, para promover juicio constitucional, es la afectación real y actual a su esfera jurídica, respecto de los derechos subjetivos sobre los que alude es titular; es decir, que el acto reclamado vulnere de manera directa o indirecta su esfera jurídica de derechos. En tales condiciones, en el caso se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la convocatoria, asamblea y en ella, la remoción de su nombramiento; acuerdo al que llegó el Consejo de Administración de Liconsa Sociedad Anónima de Capital Variable; sin haberse otorgado el derecho de audiencia; más sin embargo, como él mismo lo refiere, no recibía ningún emolumento, o remuneración en virtud de las funciones desempeñadas, no desempeñaba cargo o comisión alguna dentro del órgano de Gobierno o la entidad y de sus facultades y obligaciones, no se desprende alguna que violente su derechos personales. De ahí que, si de conformidad con los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es requisito que el acto reclamado cause un perjuicio real y actual a la esfera jurídica del quejoso, respecto de un derecho subjetivo del que aduce es titular o que acredite tener un interés legítimo; y, en la especie ello no acontece, es lógico concluir que su remoción como PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LICONSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no le irroga afectación a su esfera jurídica, ni hay interés legítimo que proteger. Sirve por analogía la jurisprudencia I.1o.T.J/59, de octubre de dos mil ocho, consultable a página 2180, del Semanario Judicial de la Federación, Cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA. FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO. Cuando en el laudo impugnado no existe condena alguna en contra del promovente del juicio de garantías, es claro que no se afecta su interés jurídico, por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo". En razón de lo anterior, la quejosa carece de legitimación para comparecer en amparo, pues como ya se dijo no le perjudica, pues como él mismo lo manifestó no recibía ningún emolumento, o remuneración en virtud de las funciones desempeñadas, no desempeñaba cargo o comisión alguna dentro del órgano de Gobierno o la entidad y de sus facultades y obligaciones, no se desprende alguna que violente su derechos personales. Sustenta lo anterior, por analogía de razón la Jurisprudencia (Civil), Novena Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: V.2o. J/24, Tomo IV, Agosto de 1996, página 414, que a la letra dice: "DEPOSITARIO JUDICIAL, LA REMOCIÓN DEL CARGO Y EL REQUERIMIENTO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS, NO AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). El cargo de depositario judicial, no provoca, al menos en la codificación adjetiva local, la adquisición de derechos jurídicamente tutelados que, lacerados por un acto de autoridad, faculten a su titular, a incoar una acción de amparo, pues de la lectura de los artículos 435 y 436 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora, se advierte que su función se reduce a la de un mero auxiliar de la administración de justicia y que, salvo la de percibir el pago de un arancel, la normatividad vigente, no le confiere atribución alguna sino obligaciones. Bajo esas premisas, no puede decirse, que la remoción del encargo y el requerimiento por la entrega de los bienes embargados, decretados por la responsable, en el acto reclamado, produjera en la esfera jurídica del aquí recurrente y quejoso, una lesión o perjuicio y que por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, la falta de ese interés jurídico, que se genera al ser afectado por un acto de autoridad, hace improcedente, al tenor de la fracción V del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al juicio de amparo promovido por el quejoso. Por otro lado, en relación a que señala como autoridad responsable al Consejo de Administración de Liconsa Sociedad Anónima de Capital Variable, deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente, ya que este juzgado de Distrito, estima que en el caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De esos dispositivos legales se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en el juicio. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así como en la diversa jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En ese sentido, se estima que la convocatoria, asamblea y acuerdo al que llegó el Consejo de Administración de Liconsa Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto a la remoción del nombramiento, del quejoso, es un acto de particulares; no así un acto de autoridad. Sin que sea obstáculo que la Ley de Amparo reconozca que pueden ser autoridad responsable los particulares, pues eso es posible cuando su proceder derive de lo establecido en la Ley; sin embargo, en el caso no acontece. Apoya lo anterior la tesis de la Octava Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1991, materia Administrativa, Página: 226, del rubro y texto siguiente: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZAN DENTRO DE SU RÉGIMEN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD. Las personas morales denominadas Juntas de Agua y Drenaje, son organismos públicos descentralizados que fueron creados por el Congreso del Estado de Tamaulipas con el propósito específico de que sean ellas quienes en forma exclusiva administren los servicios de agua potable y drenaje en los distintos municipios que esta entidad federativa y acorde con el principio de autonomía de que están investidos, han sido considerados como personas morales distintas de éste, de suerte que sus órganos componentes, en el caso, Consejo de Administración y Presidencia del Consejo no son dependencias estatales y, por ende, los actos que realizan dentro de su régimen no son actos de autoridad que deban ser enjuiciados a través del juicio de garantías. La anterior apreciación cobra mayor certeza si se toma en cuenta que los integrantes de un organismo descentralizado cuando son colocados frente a la propia persona moral o frente a sus demás miembros no originan de ninguna forma una relación de gobernante a gobernado pues ésta sólo se da en al actividad externa de esos organismos frente a los particulares. Por ende, si los actos impugnados en esta vía afectan exclusivamente las relaciones internas de los miembros del Consejo de Administración, es claro que no pueden catalogarse como actos provenientes de autoridad que deban ser examinados a través del juicio constitucional, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, del mismo ordenamiento". En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el quejoso en la comparecencia que antecede, se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su comparecencia de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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