Reynaldo Cantú Delgado

Expediente 216/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
216/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Reynaldo Cantú Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a uno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el diez de junio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó y se concedió la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a uno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el diez de junio del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó y se concedió la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos para dictar sentencia... TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables al 3. Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato (Sala II), por sí y en representación de 1. Licenciada María Andrea García Zavaleta (Sala I), 2. Licenciada Janet Pérez Caro (Sala III) y 4. Licenciado Marcelo Alfredo Campos Scougall (Sala IV), todos Jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Congragación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, Fiscales 5. Primera, 6. Segunda, 7. Tercera, 8. Cuarta, por sí y como 9. Encargada de la Fiscalía Quinta y 10. Sexta, todas Especializadas de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Córdoba, Veracruz; 12. Comisionario de la Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba- Veracruz, 13. Comandante actualmente Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial de Córdoba, Veracruz, 14. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Comandancia Regional de la Policía Ministerial Encargado de la Comandancia Regional Zona Centro - Córdoba, Veracruz, y 15. Delegado de la Policía Estatal Región XXI, conurbación Córdoba-Fortín, con sede en esta ciudad; así lo precisaron al rendir sus respectivos informes justificados. El quejoso, Reynaldo Cantú Delgado, no aportó medio de convicción que desvirtuara tales negativas; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por inexistencia de los actos reclamados. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia: Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***********, por propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos que ahí se exponen

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a diez de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en atención a la certificación secretarial con que se da cuenta, en la cual se hace constar que ha fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en acuerdo de ocho de abril del año en curso, para que desahogara la vista respecto de la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, 11. Fiscal Séptima Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno del Distrito Judicial XIV de Córdoba, Veracruz, sin que realizara manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV de la Ley de Amparo y 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se tiene por inexistente a dicha autoridad.

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