Reynaldo Aramburo Gutiérrez

Expediente 337/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
337/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Reynaldo Aramburo Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, dos de enero de dos mil veintitrés. Del estado que guarda este expediente y la certificación de cuenta se visualiza que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído del seis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado; archívese como asunto concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, toda vez que de la certificación inicial se visualiza que la parte quejosa sí exhibió documentos, se le requiere para que dentro del plazo de noventa días, legalmente computado, comparezca ante este juzgado federal a recuperarlos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, en su oportunidad serán destruidos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, seis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51, con sede en esta ciudad; realícense las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 337/2022-II. Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la sentencia del veintisiete de octubre de dos mil veintidós dictada en el juicio agrario ********************, en la que la autoridad responsable oficiosamente declaró carecer de competencia por razón de la materia para resolver dicho asunto. Pese a su denominación, esa determinación no constituye una sentencia definitiva dado que no resuelve el fondo de la litis principal; tampoco es una resolución que le ponga fin al juicio, pues no se concreta a determinar la incompetencia y a ordenar el archivo del asunto, dejando a salvo los derechos de la parte actora en el juicio primigenio, sino que establece que deben remitirse los autos a la autoridad a favor de la cual se finca la competencia. Luego, no se está ante un acto susceptible de ser reclamado a través del juicio de amparo directo, como pudiera pensarse, ni cobra aplicación la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Agosto de 2016, página 1211, registro digital 2012320, de rubro: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES." Corolario de lo anterior, la resolución reclamada constituye un acto intraprocesal respecto del cual el juicio de amparo indirecto es improcedente. En efecto, en el caso se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la ley de la materia, pues es necesario efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya invocado el segundo de los arábigos de referencia; asimismo, que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en salas es obligatoria para los plenos de circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, y la emitida por los Plenos de Circuito es obligatoria para los órganos en mención, que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Ahora, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Luego, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, como en el caso acontece, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En ese contexto, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Por tanto, si la resolución combatida solamente dirime una cuestión de competencia por declinatoria, y no resuelve de manera definitiva la cuestión competencial, no le afecta personal y directa a la esfera de derechos del promovente. Lo anterior, toda vez que la sentencia del veintisiete de octubre de dos mil veintidós dictada en el expediente ********************, en la que la autoridad responsable oficiosamente declaró carecer de competencia no puso fin al juicio, tan es así que no ordenó el archivo del asunto; por ello, se trata de una resolución intraprocesal que no causa perjuicio hasta que la autoridad receptora manifieste que si acepta la competencia declinada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2009721, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto 2015, tomo I, visible a página 5, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRILDE 2013)". Por lo anterior, resulta clara la causa de improcedencia aludida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso por encontrarse dentro de la residencia de este órgano de control y por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Luz María Serrano Alejandro, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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